¿Le pasa algo a la Universidad española? (Pau Marí-Klose, Juan Ramón Barrada)

La pregunta es retórica. Obviamente, a la Universidad española le pasan cosas, y muchas merecen atención. La Universidad española adolece de múltiples problemas. Se ha hecho habitual señalar que los más importantes derivan de sus estructuras de gobernanza, que conducen al clientelismo y la endogamia. No seremos nosotros, que alguna vez hemos padecido en carne propia las consecuencias de esas prácticas, quienes quitemos razón a los que lo argumentan.

Pero en el mapa de problemas del sistema universitario español hay muchos otros sobre los que posar la mirada. Hay analistas que apuntan a la falta de recursos para investigar, o para enseñar (grupos-aula demasiado grandes para ofrecer atención personalizada, ausencia de profesores asistentes). Otros observadores destacan la falta de incentivos. La Universidad no atrae talento, claman en algunas banderías. O lo expulsa. O lo quema, asfixiado por la carga de trabajo burocrático. Están los que destacan los graves problemas de dualización laboral de las plantillas, fragmentadas entre profesores estables y bien pagados y otros con carreras laborales precarias. También están los que creen que el problema es la desconexión entre las enseñanzas que los estudiantes reciben en la universidad y las demandas del mercado de trabajo.

Elijan el relato que quieran, o varios y combínenlos. Elíjanlos todos si quieren, recorten las puntas, salpimenten con anécdotas. Seguro que la radiografía resultante merecerá ser atendida. La Universidad está aquejada de muchos problemas, y son muchas las posibilidades de poner el foco selectivamente en los que más nos perturben o encajen en nuestras premisas ideológicas.

Al ser tantos y tan diversos son en buena medida insolubles de una tacada con reformas, por muy buena intención que tengan los reformadores. Las instituciones siguen inercias, se mueven dentro de la senda, y no se dejan cambiar radicalmente de un día para otro. Los grandes proyectos de transformación son generalmente inviables o provocan efectos colaterales no previstos. Sigamos avanzando incrementalmente.

Pero si hay un problema que a nuestro juicio es secundario es que no tengamos universidades entre las 200 mejores del mundo según el Academic Ranking of World Universities, habitualmente conocido como ranking de Shanghai. No tenerlas significa no incorporar ninguna al selecto club del 2% de mejores universidades en un ranking mundial de aproximadamente 12.000 universidades. Lo consiguió la Universidad de Barcelona en varias ediciones (2014-2016). Ahora la tenemos situada entre el puesto 200 y 500, junto a diez universidades españolas más. No tenerla esta vez entre las 200 primeras no habla peor de nuestro sistema universitario. Simplemente constata, una vez más, que la excelencia mundial quizás no es la mayor virtud del sistema, lo que no resta valor a otros méritos importantes.

Lo que parece escandalizar sobremanera a algunos es perfectamente explicable. No figuramos en posiciones más selectas en casi ningún ranking sobre asuntos sociales o relativos a la administración pública. Seguramente les vendrán a la cabeza los buenos rendimientos de nuestro sistema sanitario, ampliamente reconocidos. Pues bien, tenemos razones para pensar que es muy bueno, pero según un ranking del CSIC que utiliza metodología parecida al ranking de Shanghai tenemos solo dos hospitales entre los 200 mejores del mundo, situados en el puesto 169 y 194. Algo mejor que las universidades, pero en el fondo las diferencias parecen bastante pequeñas.

Es importante señalar algunas limitaciones de este ranking que nos pueden ayudar a templar los ánimos sobre la posición de las universidades españolas. Primero de todo, el ranking evalúa resultados de investigación. La dimensión docente, objetivo central de las universidades, queda fuera. En otras palabras, este ranking apenas ofrece información sobre dónde estudiar una carrera. Segundo, el ranking se centra en especializaciones de ciencia y apenas atiende a los resultados investigadores de campos como las humanidades. La mayor parte de las universidades españolas son generalistas, esto es, ofrecen docencia y tienen profesorado que apenas puede aportar en los indicadores contemplados. Tercero, el ranking se construye con indicadores de ‘excelencia extrema’, como artículos en Science o Nature y premios Nobel. Llevado al mundo de los deportes, sería como hacer campeón de liga de baloncesto al equipo que más canastas desde más de diez metros ha sido capaz de encestar.

El ranking de Shanghai está copado por universidades anglosajonas. Muchas de ellas son universidades privadas, que cuentan con un volumen desorbitado de recursos en comparación con los que manejan las universidades españolas. Como recordaba hace unos años en un artículo de referencia obligada el ex rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, el ranking lo encabezan universidades de élite norteamericanas (Harvard, Princeton, MIT), que tienen presupuestos de aproximadamente 150.000 euros por estudiante y año. Le siguen las universidades europeas que más invierten, Oxford y Cambridge (50.000), y un elenco de otras universidades que destinan muchos más recursos que la universidad española, cuyo presupuesto se sitúa en torno a 6.500 euros como promedio por estudiante y año. En los últimos años, con la crisis y las políticas de austeridad, los recursos han tendido a disminuir, y por regla general las universidades mantienen dignamente su posición en el ranking.

Los abultados presupuestos de que disponen las universidades anglosajonas y algunas de otros países les permiten realizar grandes inversiones en investigación (lo que se traduce en publicaciones que contabilizan como puntuaciones en componentes centrales del ranking), fichar a los mejores docentes e investigadores y atraer a estudiantes de todo el mundo que están en condiciones de sufragar sus costosas matrículas (o encuentran patrocinadores que lo hagan). Recordemos que, sin ir más lejos, tenemos instituciones financieras españolas que sufragan la educación de estudiantes españoles en esas universidades a través de becas de excelencia, contribuyendo con ello a ofrecer oportunidades formativas a esos estudiantes brillantes, pero también a inyectar recursos en esos centros educativos que refuerzan sus ventajas comparativas. Nada que objetar, pero es así. Las universidades de élite se benefician claramente del llamado efecto Mateo: el que más tiene más recibe, y al más pobre se le priva de los pocos recursos que tenía.

Nuestro modelo de desarrollo universitario es la materialización de una política de descentralización del país en la que se consagró lo que llamamos despectiva (y probablemente de manera injusta) "café para todos". Las dinámicas a las que conduce este proceso tienen desventajas. Todas las CCAA, e incluso todas las provincias y ciudades medias con alguna ínfula de grandeza, han aspirado a que sus jóvenes dispusieran una universidad o campus "a mano", con multiplicidad de titulaciones, lo que seguramente ha dispersado recursos, ha provocado un posible exceso de oferta y dificultades para responder a estándares de excelencia en todos los lados.

Pero también hay que reconocer que prácticamente todas las CCAA se han esforzado en ofrecer enseñanza más que aceptable en alguna de sus instituciones universitarias. Esto se traduce en una distribución bastante homogénea de buenas universidades por el territorio, lo que garantiza el acceso de segmentos amplios de la juventud al sistema, con efectos seguramente positivos sobre la equidad.

Los análisis cuantitativos no truncados en la cúspide –es decir, que no se limitan a comentar posiciones en el ranking de 200 mejores universidades– revelan rápidamente que el sistema universitario español sale bien parado cuando ampliamos la foto. Como señala el profesor Julio del Corral, España cuenta con 11 universidades en el Top-500 y con 26 universidades (todas públicas) en el Top-800. Es decir, una buena porción de nuestras universidades se encuentran en la fracción del 7% con puntuaciones más altas.

España se sitúa en novena posición en cuanto a número de universidades incluidas en el Top-800, cifra similar a países como Francia, Canadá, Corea del Sur y Australia, todos ellos con renta per cápita superior a la española. Desde este punto de vista, la eficiencia del sistema se sitúa entre las más elevadas del mundo. Es algo que constatan también otros trabajos. España es un país con una amplia oferta de buenas universidades, algo de lo que no pueden presumir precisamente algunos de los países que se cuelan en el Top-200 de Shanghai.

Por otra parte, las informaciones que se ofrecen habitualmente sobre el ranking descuidan que tenemos universidades excelentes en todos los campos de especialización. La Universidad de Granada se sitúa en la posición 45 en ingeniería, tecnología y ciencias de la computación. La Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia se encuentran entre las 200 primeras en Ciencias biológicas y agricultura. La Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid entran entre las 200 mejores en Ciencias médicas y farmacia. La Universidad Pompeu Fabra aparece entre las 100 mejores en Ciencias Sociales. Es decir, la agregación en un ranking sintético invisibiliza la excelencia del sistema, que existe y ofrece a nuestros estudiantes más brillantes posibilidades de formarse en grados y posgrados de centros de primer nivel investigador.

Los rankings –éste y otros– son instrumentos de conocimiento útiles. Pueden ayudar a identificar defectos y alumbrar tendencias, y de este modo orientar nuestras prioridades políticas. Pero suelen también contaminar el debate público de juicios precipitados sobre una realidad que generalmente tiene muchos pliegues. Haríamos flaco favor a nuestras políticas públicas si las diseñáramos a golpe de las "evidencias" que muestra un ranking, olvidando todo aquello que oculta.

(El Diario)

Cómo el Banco Santander se lucra con la quiebra de Puerto Rico

Esta semana miles de personas de Puerto Rico, Estados Unidos e incluso Brasil han celebrado el Día Internacional contra los Bancos con manifestaciones frente a las sedes del banco Santander y del Popular (ninguna relación con la entidad española) para protestar contra las supuestas maniobras de estas entidades financieras para lucrarse de la frágil situación económica que atraviesa Puerto Rico.

Los convocantes acusan a dos ejecutivos del Santander de ser responsables de que la colonia estadounidense alcanzara niveles de deuda insostenibles en beneficio de la entidad española, al mismo tiempo que implementaban un duro programa de austeridad cargado de privatizaciones, recortes sociales y privilegios fiscales para inversores con perfil especulador y grandes fortunas. ¿Qué ha pasado exactamente?

Una investigación de las organizaciones estadounidenses Comité para Bancos Mejores, Hedge Clippers y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico revela que el Banco Santander es una pieza clave para entender por qué la economía de la isla se encuentra sumida en uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. La crisis financiera de 2008 asestó un duro golpe a esta colonia estadounidense —“Estado libre asociado”, según la nomenclatura oficial—, que por entonces ya sufría los estragos propios de una economía periférica y desindustrializada dependiente de la potencia vecina, con una elevada deuda pública, un gobierno maniatado y una población menguante debido a la precariedad y el elevado desempleo que asolan la isla. Puerto Rico, definida por varios economistas como “la Grecia del Caribe”, ya tiene más población en Estados Unidos (4,7 millones) que en la isla (3,6 millones).

La investigación, titulada Piratas del Caribe, cuenta cómo dos ejecutivos del Santander fueron los encargados de diseñar el programa de austeridad fiscal y la emisión de más deuda pública con elevados tipos de interés en favor del banco español. El nombre más relevante es el de Carlos García, el Rodrigo Rato de Puerto Rico, presidente del Banco Santander Puerto Rico tras haber sido ejecutivo de la entidad Santander Securities en la isla, filial encargada del negocio de los bonos públicos que gestiona este banco, tal y como explica a este medio Saqib Bhatti, uno de los investigadores que participaron en el estudio y que estos días visita Madrid junto con varios activistas puertorriqueños.

En 2009, García fue designado para dirigir el Banco de Fomento Gubernamental (Puerto Rico no tiene banco central), responsable de poner en marcha el programa de austeridad que supuso el despido de más de 30.000 funcionarios puertorriqueños, así como drásticos recortes y privatizaciones en los ámbitos educativo (cerraron el 43% de las escuelas públicas), sanitario y de pensiones que han agravado la crisis humanitaria que vive la isla (el 46,1% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según datos del gobierno). Nada más llegar a la institución, García fichó a su compañero José Ramón González, consejero delegado del Santander Puerto Rico. Desde entonces, miles de ciudadanos dentro y fuera de la isla caribeña han protestado contra el conflicto de intereses de estos dos altos cargos del Santander y su programa de austeridad.

“Bajo la dirección de García y González, Santander Securities se estableció rápidamente como administrador principal de emisiones de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pública”, dice el informe. Al mismo tiempo que implementaba estas medidas de austeridad y creaba nuevas normas de exención fiscal para quienes especulaban con la deuda de la isla (no sin aumentar los impuestos a las rentas medias y bajas), Carlos García firmó la emisión de más deuda pública en forma de ‘bonos tóxicos’ por valor de 71.000 millones de dólares, de los cuales 61.000 millones (85,9% de esa deuda) están en manos del Banco Santander, entidad para la que había trabajado como directivo. Desde que la isla se declaró en bancarrota en 2016, el Santander ha obtenido más de 1.000 millones de dólares en beneficios por el pago de intereses de esa deuda.

Este y otros datos también aparecen en la auditoría realizada por la red VAMOS4PR, que integra a varias organizaciones académicas, sindicales y de la sociedad civil de la isla y de Estados Unidos. “García y un grupo de exejecutivos del Santander implementaron en el Banco de Fomento Gubernamental un programa masivo de emisión de bonos que es la raíz de la crisis de Puerto Rico”, sostiene el informe de Hedge Clippers acerca de la elevada deuda pública de la isla (en torno al 100% del PIB). La Marea ha solicitado las cifras del negocio del Banco Santander en la isla y su posición ante este posible caso de prevaricación, conflicto de intereses, violación de secretos, tráfico de influencias y malversación por parte de sus dos directivos al frente de entes públicos de Puerto Rico. La entidad no ha contestado.

Tras poner en marcha esa emisión de deuda pública con elevados tipos de interés real (más del 300% en algunos casos, según esta auditoría) y en medio de un pernicioso programa de austeridad fiscal, Carlos García y José Ramón González abandonaron el Banco de Fomento Gubernamental de Puerto Rico para volver a sus puestos en el Banco Santander. Pero la historia no termina ahí: en 2016 el gobierno de Estados Unidos designó a García y González para formar parte de la Junta de Control Fiscal que ejerce de troika —integrada también por la Comisión de Control Fiscal y representantes de los partidos Republicano y Demócrata de EEUU— con pleno control sobre las finanzas de la isla para asegurar que las autoridades puertorriqueñas aplican las políticas de austeridad al pie de la letra. El gobernador de Puerto Rico es el único miembro de Comisión que no tiene voz ni voto.

Fuentes del Banco Santander respondieron* a La Marea que “en Puerto Rico fue práctica común en la industria de firmas de corretaje, como Santander, participar en la emisión y comercialización de la deuda de Puerto Rico”. Desde la entidad aseguran que “los productos financieros vendidos a los clientes de Santander cumplieron con todas las leyes, regulaciones y requisitos aplicables, incluyendo los establecidos por el regulador local de valores” y declinaron hacer declaraciones sobre el posible conflicto de intereses por parte de sus ejecutivos Carlos García y José Ramón González.

Al no ser un Estado en pleno derecho de EEUU, Puerto Rico no puede declararse en quiebra para recibir un rescate público (tal y como sucedió con Detroit en 2013) y, por tanto, el gobierno puertorriqueño no tiene poder en las negociaciones con sus acreedores, entre los que destaca el Santander.

Actualmente Puerto Rico dedica casi el 25% de su PIB a pagar los intereses de una deuda pública que es “insostenible”, opina la puertorriqueña Xiomara Paola, del Centro para la Democracia Popular. Puerto Rico pagará 33.500 millones de dólares en intereses por los 37.800 millones de deuda emitida en forma de bonos de Apreciación de Capital (CABs), por citar un ejemplo del carácter especulativo de gran parte de los más de 134.000 millones de deuda pública que adeuda la isla caribeña.

Estados Unidos controla Puerto Rico pero los isleños no pueden participar en la vida política de ese país, a pesar de las intensas movilizaciones que desde hace años protagonizan sus estudiantes y numerosos ciudadanos. El domingo pasado los puertorriqueños votaron en un plebiscito con escasa participación (menos del 25%) para posicionarse mayoritariamente a favor de una completa anexión a Estados Unidos, un resultado que analistas y medios interpretan como una respuesta desesperada al hundimiento del sistema financiero de la isla.

El futuro de la economía puertorriqueña depende en buena medida del Banco Santander, principal acreedor de la isla que además es la entidad financiera con mayor volumen de préstamos subprime en Estados Unidos. Este miércoles hay convocadas nuevas movilizaciones ante las sedes del Santander en San Juan, capital puertorriqueña. La entidad dirigida por Ana Botín no desglosa las cifras de negocio de su filial en Puerto Rico, subsidiaria de su filial estadounidense Santander Holdings. Hasta la fecha ni este banco ni la Junta de Control fiscal han expresado su posición ante el creciente malestar social que generan sus actuaciones en la antigua colonia española.

Esta información coincide con el juicio en la Audiencia Nacional española contra siete directivos del Banco Santander por supuesto blanqueo de capitales en el marco del caso HSBC, que afecta a varias entidades financieras de la lista Falciani.

(José Bautista, La Marea)

El director de la Inteligencia antiterrorista dirigió el boicot informativo a los Mossos

Atentados yihadistas

La descoordinación entre los cuerpos policiales que ha salido a la luz tras los atentados yihadistas en Catalunya tiene su origen en el bloqueo informativo al que Interior sometió a las fuerzas de seguridad durante el mandato de Fernández Díaz. De esa época de 'brigada política' y Operación Cataluña queda un protagonista: José Luis Olivera, actual director del CITCO y antes jefe del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista que bloqueó el acceso de los Mossos a las bases de datos

"Olivera siempre le decía 'sí' al ministro porque así se abría el camino hacia otro ascenso", dice un alto funcionario de Interior

El grado de Olivera en "Criminología" fue calificado de "insuficiente a todas luces" por la Secretaría General de Universidades

No tener vigilado al imán de Ripoll fue un clamoroso fallo de la Inteligencia Antiterrorista que dirige Olivera

Olivera, en la entrevista en la que anunció
el próximo fin del Daesh (Estado Islámico)
Eran los tiempos del ministro Jorge Fernández Díaz y de sus conversaciones grabadas en su despacho oficial de Interior –que Público desveló en exclusiva–, de la conspiración contra políticos y partidos independentistas catalanes –que confirmó hace poco la comisión de investigación del Congreso de los Diputados–, de la consulta popular del 9-N contra la que la brigada política organizó la denominada Operación Cataluña...

Mientras todo eso ocurría, un hombre de la máxima confianza del ministro dirigía el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), y bloqueaba el acceso de los Mossos d'Esquadra a los bancos de datos policiales sobre las tramas yihadistas internacionales de Europol (SIENA o SIRENE) y de la Interpol. Incluso, les negaba la integración en el propio CNCA y hasta boicoteaba las investigaciones de la policía autonómica catalana contra el yihadismo, como las de la Operación Caronte.

"Es un despropósito que se aislase así a una de las fuerzas de seguridad", subraya a Público un comisario con larga experiencia en la lucha contra el terrorismo islamista. "El responsable del CNCA tenía que haberle dicho al ministro que esa estrategia era enormemente contraproducente, porque si un cuerpo policial no puede consultar una base de datos, tampoco va a introducir sus averiguaciones en ella, como respuesta muy humana de rechazo, y se crean compartimentos estancos que sólo conducen a la duplicidad de esfuerzos y a la descoordinación".

Pero el entonces responsable de la coordinación antiterrorista, José Luis Olivera Serrano, "siempre decía 'sí, ministro' porque sabía que así se abría el camino hacia otro ascenso", afirma un alto funcionario del Ministerio del Interior que conoció desde dentro esa etapa y es muy crítico con la estrategia de hacerle el vacío a los Mossos en un campo tan sensible. Fue en aquella etapa cuando Fernández Díaz proclamó, en referencia a la policía autonómica catalana: "La lucha y la política antiterrorista deben ser de Estado, y no se puede dejar en manos de los que no tienen el más mínimo sentido de Estado" (14 de mayo de 2015).

Para esa última fecha, Olivera ya había sido ascendido a la dirección del recién creado CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), producto de la fusión entre el CNCA y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), convirtiéndose así en el auténtico Zar de la lucha contra el yihadismo. Un puesto que ostenta en estos momentos y desde el que hace poco más de dos meses aseveró, en una entrevista a OKdiario: "El Daesh [el autodenominado Estado Islámico que se ha atribuido la matanza de las Ramblas de Barcelona] puede tener, si no los días, a lo mejor los meses contados"

Olivera –quien también afirmó que este verano "se puede estar muy tranquilo [sobre la amenaza terrorista global] dentro de España"– empleaba en esa desafortunada profecía el acrónimo árabe (Daesh) del más conocido como ISIS (siglas en inglés de "Estado Islámico de Irak y Siria"), correspondiente a "Al-dawla al-islâmiyya fi l-'Irâq wa l-shâm". Pero la realidad es que no es en absoluto un especialista en terrorismo islamista, como subraya el comisario antes citado, quien domina el árabe clásico y el árabe dialectal de la región de Siria y Jordania al haberse formado durante meses en la zona con los servicios de inteligencia israelíes.

De hecho, el único título con que cuenta Olivera para dirigir el más alto cargo de lucha contra el terrorismo es el de "graduado en Criminología" que concedía la Universidad Rey Juan Carlos, tras un seminario a distancia on-line de un año de duración y sólo 60 créditos. Un grado que ya no se imparte porque la Secretaría General de Universidades calificó el contenido del mismo de “insuficiente a todas luces” siquiera para obtener un título de diplomado.

Por ello, el inspector de la Policía Nacional Jesús Andrés de Dios presentó un recurso contra su nombramiento como director del CITCO, que finalmente fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional, aduciendo que en las bases de la convocatoria para opositar a ese nuevo cargo de Zar del Antiterrorismo "no se exigía efectivamente ningún título específico o cualidad de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente para su provisión".

Imagen distribuida hace un año por el Estado Islámico
sobre los objetivos del terrorismo yihadista en el que
se incluía la Sagrada Familia de Barcelona
Un altísimo cargo que se inventó el ministro Fernández Díaz hacia el final de su mandato y con el que recompensó a Olivera por su lealtad y su participación –como anterior director de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)– en la brigada política de Interior. Ya antes de la llegada de Rajoy al poder, Olivera había ayudado desde la UDEF a altos dirigentes del PP a zafarse de escándalos como el del espionaje entre sus líderes políticos en la Comunidad de Madrid.

Diversas fuentes policiales y de inteligencia coincidentes aseguran a Público que Olivera fue el ejecutor, tanto desde el CNCA como después al frente del CITCO, de la política de aislamiento de los Mossos de las redes policiales internacionales sobre terrorismo islamista. Estrategia que envenenó las relaciones entre la Generalitat y el Ejecutivo de Rajoy y que fue airadamente protestada desde el Parlament de Catalunya y en el Congreso por el portavoz de Esquerra Republicana Gabriel Rufián.

Tras los atentados de Catalunya ha estallado de nuevo la polémica en torno a ese boicot nacional e internacional a los Mossos –que por fin el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha prometido levantar– a causa del clamoroso fallo de inteligencia que supuso no tener vigilado al imán de Ripoll que era el cabecilla del comando. Un imán extremista que estuvo preso en Castellón y años antes había sido vinculado con el jefe de otra célula islamista... hechos de los que no tenían información los Mossos.

Interior incluso ha contraatacado acusando a los Mossos de haber desestimado una advertencia de las autoridades belgas sobre ese imán. Pero la comunicación de un policía belga con los Mossos era en realidad una petición de información –de la que los agentes catalanes no disponían porque tampoco tenían acceso a la base de datos del CITCO– y tuvo que ser necesariamente a extraoficial y a título personal porque la policía autonómica no está integrada en la Europol.

Otra polémica sobre la falta de acceso de los Mossos a información internacional sensible sobre grupos terroristas se desencadenó tras publicarse que la mismísima Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU les había informado directamente de que habían detectado una amenaza yihadista concreta contra las Ramblas de Barcelona. El propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo desmintió en el programa El Objetivo de Ana Pastor: "Las policías tienen relaciones con otras policías y las agencias de inteligencia tienen relación con otras agencias de inteligencia”, explicó a la periodista. “A una policía como los Mossos d’Esquadra ya nos gustaría tener relación directa con la CIA, pero evidentemente eso no ha ocurrido”.

- Avisos y amenazas internacionales contra Barcelona.

Pocos minutos después, Ana Pastor le preguntaba directamente a Olivera si se había transmitido a los Mossos alguna alerta de atentado, procedente de servicios secretos extranjeros, sobre una amenaza yihadista contra Barcelona, y su respuesta resultó evasiva e inconsistente.

Fuentes cercanas a los servicios secretos españoles han confirmado a Público que tanto la CIA como otras agencias de inteligencia de países aliados habían advertido desde hace meses de que Barcelona era un objetivo prioritario de los grupos yihadistas. Incluso se produjeron amenazas directas en páginas web islamistas, con ilustraciones alegóricas como la que encabeza este artículo, en la que aparece la Sagrada Familia, que se acaba de identificar como el blanco contra el que inicialmente pretendía atacar el comando, un plan frustrado por la explosión accidental de su arsenal en Alcanar (Tarragona, a 200 kilómetros de las Ramblas), que causó la muerte del imán.

Esas alertas de la inteligencia internacional sobre la amenaza yihadista contra Barcelona sí acabaron llegando a conocimiento de los Mossos, pero siempre por vías extraoficiales e informales, ya que el CITCO no les proporcionaba información.

(Carlos Enrique Bayo, Público)

Enagás, la empresa mimada del Estado

Enagás es una desconocida para la mayoría de la ciudadanía a pesar de que cumple un rol vital para el sistema energético español.

Se trata de una de las empresas estatales privatizadas en los años 1990 que ahora figura entre las mayores compañías privadas de España y forma parte del selectivo bursátil Ibex 35. Antes y después de ser vendida, el Estado ha asegurado su rentabilidad y continuidad incluso en los momentos más difíciles, aunque hoy en día el 95% del beneficio que Enagás reparte cada año va a parar a los bolsillos de los accionistas particulares, la mayoría inversores extranjeros.

El Estado español es el mayor accionista de Enagás, con el 5% del capital que está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es un porcentaje pequeño a primera vista pero que asegura al gobierno el control sobre Enagás gracias a unos estatutos particulares que impiden que ningún accionista pueda tener más del 5% del capital y limitan los derechos políticos al 3%. El control que ejerce el gobierno también explica por qué se trata de la empresa con el mayor número de puertas giratorias, en cuyo consejo se sientan varias exministras y altos cargos, principalmente del Partido Popular, aunque también del PSOE.

- Monopolio de redes.

Enagás es una empresa de infraestructura de gas con más de 1.300 personas en plantilla. A diferencia de Gas Natural Fenosa o Endesa, por ejemplo, no produce combustible ni actúa como vendedor al cliente final, sino que se limita a poner a disposición de otras empresas sus redes, almacenes y plantas regasificadoras a cambio de una tarifa.

Enagás posee y gestiona la red troncal de transporte de gas de España (casi 12.000 kilómetros de gasoductos), además de tres almacenes subterráneos de gas, cuatro plantas de regasificación propias, otras cuatro en proceso de construcción o cogestionadas con otras compañías) y participa en la empresa que controla el gasoducto Magreb-Europa (desde Argelia hasta España y Portugal).

La ley reconoce Enagás desde 2000 como operador técnico del sistema, por lo que en teoría la empresa está obligada a “garantizar la continuidad y seguridad del suministro de gas natural” además de “la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte y la distribución”, labores por las que el Ministerio de Industria fija cada año su retribución (las actividades reguladas representaron el 96,5% de los ingresos de Enagás en 2016).

Un antiguo asesor de José Montilla, el exministro de Industria con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, explica a La Marea, bajo anonimato, que esa retribución, teóricamente fijada por una fórmula matemática, en realidad se establece por criterios políticos.

Cuando hay turbulencias en el sector energético, es habitual que el Ejecutivo intervenga a favor de Enagás. Por ejemplo, cuando en 2014 el gobierno preparaba nuevos recortes en el marco de la reforma del sistema gasista, Enagás no sufrió con el hachazo sino que pasó a convertirse en uno de los valores bursátiles preferidos de analistas e inversores. Se esperaban recortes de 200 millones en el transporte de gas, principal negocio de Enagás, pero finalmente se quedaron en 120 millones.

Un ejemplo más reciente es el de la subida del precio de la luz en enero de 2017 debido, en parte, a la falta de gas natural para alimentar las plantas de ciclo combinado. Como en situaciones anteriores, Enagás no respetó su mandato legal al no advertir de la escasez en el suministro, y contó con la complicidad indirecta del Gobierno y la vista gorda de los entes reguladores (en esa ocasión tuvo que intervenir la Unión Europea para forzar al gobierno a dar más independencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para, por ejemplo, determinar los peajes del sistema gasista). Enagás niega cualquier fallo por su parte y explica que en enero “España tuvo que exportar energía eléctrica a Francia, ante los problemas técnicos en sus centrales nucleares”.

Según el presidente de Enagás, Antonio Llardén, la gestión de la empresa no influyó en la subida del precio de la luz de enero. “El sistema funciona” y el gas permitió “resolver la punta de demanda [debido a la ola de frío] en España y ayudar a Francia”, dijo Llardén tras la crisis del precio de la luz de enero.

Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que “lo que está encareciendo la luz es el gas“, y anunció una investigación de la que después no trascendieron más detalles. Justo antes de que se disparara el precio de la luz, el 29 de diciembre, y apenas un mes después de asumir el cargo, Nadal firmó el ingreso de un total de 103,4 millones de euros a Enagás por los “costes provisionales de operación y mantenimiento” de este año.

Al mismo tiempo que el Ejecutivo cumple un rol activo a favor de los negocios de Enagás, incluso cuando van en detrimento de los compromisos de España en la lucha contra el cambio climático, el Ejecutivo hace la vista gorda cuando no respeta normas como la Ley de Igualdad. Por ejemplo, la gasista se comprometió en 2009 a que al menos el 30% de su consejo y dirección estuviera integrada por mujeres, pero ahora afirma que no alcanzará ese objetivo antes de 2020.

En los últimos años Enagás comenzó su proceso de expansión internacional y ya está presente en ocho países. En América Latina posee negocios en México, Chile y Perú, donde acaba de sufrir un serio varapalo. La empresa forma parte del consorcio con la constructora brasileña Odebrecht, que habría pagado sobornos para obtener la licitación de un importante gasoducto; ahora el proyecto está en suspenso y la Justicia peruana investiga ese esquema de sobornos.

La presencia de Enagás en Europa abarca a Suecia (es copropietaria de la operadora del sistema gasista sueco) y a los países por los que transcurrirá el gasoducto transadriático, un macroproyecto que pretende llevar gas desde Azerbaiyán hasta Italia pasando por Grecia y Albania. Enagás forma parte del consorcio que construye ese gasoducto y cuya sede social está en Suiza.

En los últimos años Bruselas ha expedientado a España en varias ocasiones por mantener los monopolios en las interconexiones con Francia y otros países de Enagás y su homóloga en el mercado eléctrico, Red Eléctrica de España (REE). En septiembre de 2016, la Unión Europea dio un ultimátum al Gobierno para poner fin a ese monopolio y permitir que otras empresas también gestionen las interconexiones de gas y electricidad -gasoductos y líneas de alta tensión- con otros países.

A mediados de julio Enagás presentó sus resultados del primer semestre de 2017: la compañía registró un beneficio neto de 269,1 millones de euros, un 25,6% más que en el mismo periodo de 2016, a pesar del lastre económico que supone la anulación de su proyecto en Perú. Antonio Llardén aprovechó la presentación de resultados para subrayar que la última reforma del gobierno “está funcionando en la buena dirección”. A pesar de la crisis económica y del derrumbe del precio del gas desde el verano de 2014, entre 2008 y 2016 el beneficio de Enagás solo redujo su beneficio en una ocasión (-4,1% en 2015).

- Breve historia de la privatización de Enagás.

Enagás nació de un monopolio público que fue privatizado por sendos gobiernos del PSOE y del PP, como tantas otras empresas. Hoy el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), posee una participación del 5% en Enagás, suficiente para mantener su control, pero el restante 95% está en manos de inversores privados, la gran mayoría fondos extranjeros. Esta es la historia de cómo la joya estatal del gas acabó en manos privadas.

Hace ya tres décadas el gobierno socialista de Felipe González inició la privatización de empresas públicas en los grandes sectores estratégicos: telecomunicaciones, banca, transporte y energía. Cuando José María Aznar llegó al poder, tomó el testigo y continuó vendiendo las participaciones del Estado en esas compañías, labor culminada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (Aena). En aquel afán de vender lo público, dos monopolios estatales pasaron a convertirse en monopolios privados: Enagás y Red Eléctrica de España.

La Empresa Nacional del Gas (Enagás) fue creada en 1972 como brazo gasista del Estado para la construcción y mantenimiento de la red de gasoductos. Enagás pertenecía al Instituto Nacional de Industria, su accionista único hasta 1981, cuando pasó a depender del Instituto Nacional de Hidrocarburos (del que nació Repsol). Fue en 1994, con Felipe González en la presidencia y Juan Manuel Eguiagaray en la cartera de Industria, cuando el gobierno decidió vender sin licitación el 91% de Enagás a Gas Natural -hoy Gas Natural Fenosa– por 51.233 millones de las antiguas pesetas (307,9 millones de euros). El valor corresponde a la recomendación que hizo Santander Investment en un informe encargado por el ministro Eguiagaray. El 9% restante de Enagás quedó en manos del SEPI, el holding que controla las acciones del Estado en distintas empresas.

Algunas voces autorizadas del sector pusieron el grito en el cielo al considerar que la venta, sin concurso y negociada a puerta cerrada, se realizó por debajo de su precio real. El valor de Enagás en los libros de contabilidad del Estado era el doble, mientras que su precio estimado en el mercado triplicaba el monto desembolsado por Gas Natural, empresa que en 2010 fichó como consejero al expresidente González.

El gobierno socialista no solo creó un gran monopolio privado del gas al vender Enagás a Gas Natural. También asumió su elevada deuda (más de 20.000 millones de pesetas) y se comprometió a actuar si había problemas causados por la guerra civil en Argelia -para ello, Gas Natural exigió que el gasoducto Magreb-Europa fuera gestionado por una nueva sociedad llamada Sagane, en la que el Estado controlaba el 91%-.

Es decir, el Estado habría perdido 63.000 millones de pesetas en la pritavización de Enagás, un dato que recoge el informe oficial al que tuvo acceso el diario El Mundo en el año 2000. Según ese informe, el valor de Enagás en 1994 era superior a los 93.000 millones de pesetas. Un portavoz de Gas Natural respondió entonces que “ni el PSOE ni el PP nos han regalado nada” y defendió que el valor de Enagás se estableció en función de las espectativas, no a su valor contable.

Las condiciones y riesgos asumidos por el Estado en la venta de Enagás en 1994 no trascendieron hasta 1997. Ese año, con Aznar en el poder, la SEPI vendió su 9% restante a Gas Natural por 14.000 millones de pesetas (84,4 millones de euros), es decir, el triple del valor que abonó la gasista catalana por cada acción de Enagás en 1994. De esa forma concluyó la privatización completa de Enagás, pero la historia sigue.

- El eslabón perdido del caso Filesa.

El Partido Popular acapara hoy en día la mayoría de casos abiertos por presunta financiación ilegal. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el PSOE protagonizaba los mayores escándalos de corrupción por financiación ilegal de campañas electorales. Entre ellos destacó el caso Filesa a finales de los años 1980.

Este caso de financiación ilegal (por entonces no estaba tipificado el delito de financiación irregular) mediante contratos inflados con la administración pública reportó más de 1.000 millones de pesetas que se destinaron a sufragar actos de campaña del PSOE. En 1989, Felipe González fue reelegido presidente por tercera vez, a pesar del enorme desgaste que acusaba.

Esta era la ubicación de las piezas en el tablero del poder cuando los socialistas vendieron Enagás a la catalana Gas Natural en 1994: por un lado, el gobierno de González debía su estabilidad al apoyo de la extinta Convergència i Unió; la Generalitat de Catalunya estaba en manos de Jordi Pujol, que actualmente está siendo procesado por diversos delitos de corrupción, evasión y malversación junto a varios miembros de su familia. Por aquel entonces, Gas Natural ya pertenecía a Repsol (antigua empresa pública), y a La Caixa, siendo esta última la encargada de nombrar a su presidente.

La sintonía y tratos de favor entre Pujol y La Caixa era ampliamente conocidos, pero ahora, además, queda patente en las declaraciones judiciales de varios miembros de su familia. Según el veterano periodista Carlos Segovia, Pujol habría presionado a González para que vendiera Enagás a Gas Natural por menos de su precio real. Tres años después de la privatización de Enagás, el juez del caso Filesa imputó a un abogado de Gas Natural llamado Felipe Cañellas, quien admitió que la gasista catalana había encargado un informe a Filesa valorado en 8,9 millones de pesetas -bajo la denominación de Catalana de Gas, nombre previo a Gas Natural).

La gasista catalana, que distribuía gas al por menor, tomó el control del mastodonde público que poseía y gestionaba todos los gasoductos del país. “Pujol multiplicó entonces sus presiones para que el pez grande Enagás fuera absorbido por el pez chico Gas Natural”, explica el periodista en un artículo del año 2000 publicado por El Mundo.

- Europa contra los monopolios.

En junio del año 2000, con Rodrigo Rato al frente de Economía y Anna Birulés en Industria, el Gobierno convirtió a Enagás en gestor técnico del sistema gasista español y estableció que la retribución por esta labor la determinaría el ministerio, es decir, el Estado garantizaría la rentabilidad de Enagás mediante órdenes ministeriales.

La ley que regula esta competencia también fijó que nadie podría tener directa o indirectamente más del 35% de las acciones de la empresa, de forma que Gas Natural tuvo que poner en marcha la venta de la mayor parte de su participacicón en Enagás, en concreto un 65% (para quedarse justo con el 35% de la sociedad). Esta norma obedecía una directiva europea de 1996 (de obligado cumplimiento) para evitar que una misma empresa controlara toda la cadena energética (generación, transporte, distribución y comercialización).

Cuatro años después de la entrada en vigor de esa medida, Gas Natural redujo su participación al 29,9% de Enagás, pero una nueva vuelta de tuerca por parte de los reguladores la obligó a seguir reduciendo su presencia en Enagás al 5%, con 2007 como fecha límite, para asegurar que nadie tuviera trato de ventaja para acceder a la red de transporte de gas en España. Por aquel entonces presidía Enagás Antonio González-Adalid, un empresario cercano al Opus Dei que desde mayo de este año forma parte del consejo del Banco Popular. Su sucesor hasta la actualidad es Antonio Llardén, que previamente fue directivo en Gas Natural y presidente de la patronal Sedigás.

El monopolio de facto del que gozó Gas Natural gracias a su poder en Enagás fue debilitándose hasta 2009. La extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) puso como condición a Gas Natural salir de Enagás para autorizar que se hiciera con el control de Unión Fenosa (desde entonces se llama Gas Natural Fenosa). Ese año la gasistas catalana vendió su último 5% por 155 millones de euros a Oman Oil.

Los inversores de Enagás saben que el Estado garantiza su rentabilidad y solvencia, por lo que no entran a discutir en la toma de decisiones y mantienen un perfil bajo, incluso en episodios tan polémicos como el del almacén Castor. Actualmente, más del 75% del capital de Enagás está en manos extranjeras, principalmente de fondos de inversión y bancos de Estados Unidos y Reino Unido. Bank of America es el primer accionista privado de Enagás (3,6% de las acciones), seguido por Crédit Agricole (3,02%) y el fondo BlackRock (3%).

(José Bautista, La Marea)