Se trata de una de las empresas estatales privatizadas en los años 1990 que ahora figura entre las mayores compañías privadas de España y forma parte del selectivo bursátil Ibex 35. Antes y después de ser vendida, el Estado ha asegurado su rentabilidad y continuidad incluso en los momentos más difíciles, aunque hoy en día el 95% del beneficio que Enagás reparte cada año va a parar a los bolsillos de los accionistas particulares, la mayoría inversores extranjeros.
El Estado español es el mayor accionista de Enagás, con el 5% del capital que está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es un porcentaje pequeño a primera vista pero que asegura al gobierno el control sobre Enagás gracias a unos estatutos particulares que impiden que ningún accionista pueda tener más del 5% del capital y limitan los derechos políticos al 3%. El control que ejerce el gobierno también explica por qué se trata de la empresa con el mayor número de puertas giratorias, en cuyo consejo se sientan varias exministras y altos cargos, principalmente del Partido Popular, aunque también del PSOE.
- Monopolio de redes.
Enagás es una empresa de infraestructura de gas con más de 1.300 personas en plantilla. A diferencia de Gas Natural Fenosa o Endesa, por ejemplo, no produce combustible ni actúa como vendedor al cliente final, sino que se limita a poner a disposición de otras empresas sus redes, almacenes y plantas regasificadoras a cambio de una tarifa.
Enagás posee y gestiona la red troncal de transporte de gas de España (casi 12.000 kilómetros de gasoductos), además de tres almacenes subterráneos de gas, cuatro plantas de regasificación propias, otras cuatro en proceso de construcción o cogestionadas con otras compañías) y participa en la empresa que controla el gasoducto Magreb-Europa (desde Argelia hasta España y Portugal).
La ley reconoce Enagás desde 2000 como operador técnico del sistema, por lo que en teoría la empresa está obligada a “garantizar la continuidad y seguridad del suministro de gas natural” además de “la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte y la distribución”, labores por las que el Ministerio de Industria fija cada año su retribución (las actividades reguladas representaron el 96,5% de los ingresos de Enagás en 2016).
Un antiguo asesor de José Montilla, el exministro de Industria con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, explica a La Marea, bajo anonimato, que esa retribución, teóricamente fijada por una fórmula matemática, en realidad se establece por criterios políticos.
Cuando hay turbulencias en el sector energético, es habitual que el Ejecutivo intervenga a favor de Enagás. Por ejemplo, cuando en 2014 el gobierno preparaba nuevos recortes en el marco de la reforma del sistema gasista, Enagás no sufrió con el hachazo sino que pasó a convertirse en uno de los valores bursátiles preferidos de analistas e inversores. Se esperaban recortes de 200 millones en el transporte de gas, principal negocio de Enagás, pero finalmente se quedaron en 120 millones.
Un ejemplo más reciente es el de la subida del precio de la luz en enero de 2017 debido, en parte, a la falta de gas natural para alimentar las plantas de ciclo combinado. Como en situaciones anteriores, Enagás no respetó su mandato legal al no advertir de la escasez en el suministro, y contó con la complicidad indirecta del Gobierno y la vista gorda de los entes reguladores (en esa ocasión tuvo que intervenir la Unión Europea para forzar al gobierno a dar más independencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para, por ejemplo, determinar los peajes del sistema gasista). Enagás niega cualquier fallo por su parte y explica que en enero “España tuvo que exportar energía eléctrica a Francia, ante los problemas técnicos en sus centrales nucleares”.
Según el presidente de Enagás, Antonio Llardén, la gestión de la empresa no influyó en la subida del precio de la luz de enero. “El sistema funciona” y el gas permitió “resolver la punta de demanda [debido a la ola de frío] en España y ayudar a Francia”, dijo Llardén tras la crisis del precio de la luz de enero.
Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que “lo que está encareciendo la luz es el gas“, y anunció una investigación de la que después no trascendieron más detalles. Justo antes de que se disparara el precio de la luz, el 29 de diciembre, y apenas un mes después de asumir el cargo, Nadal firmó el ingreso de un total de 103,4 millones de euros a Enagás por los “costes provisionales de operación y mantenimiento” de este año.
Al mismo tiempo que el Ejecutivo cumple un rol activo a favor de los negocios de Enagás, incluso cuando van en detrimento de los compromisos de España en la lucha contra el cambio climático, el Ejecutivo hace la vista gorda cuando no respeta normas como la Ley de Igualdad. Por ejemplo, la gasista se comprometió en 2009 a que al menos el 30% de su consejo y dirección estuviera integrada por mujeres, pero ahora afirma que no alcanzará ese objetivo antes de 2020.
En los últimos años Enagás comenzó su proceso de expansión internacional y ya está presente en ocho países. En América Latina posee negocios en México, Chile y Perú, donde acaba de sufrir un serio varapalo. La empresa forma parte del consorcio con la constructora brasileña Odebrecht, que habría pagado sobornos para obtener la licitación de un importante gasoducto; ahora el proyecto está en suspenso y la Justicia peruana investiga ese esquema de sobornos.
La presencia de Enagás en Europa abarca a Suecia (es copropietaria de la operadora del sistema gasista sueco) y a los países por los que transcurrirá el gasoducto transadriático, un macroproyecto que pretende llevar gas desde Azerbaiyán hasta Italia pasando por Grecia y Albania. Enagás forma parte del consorcio que construye ese gasoducto y cuya sede social está en Suiza.
En los últimos años Bruselas ha expedientado a España en varias ocasiones por mantener los monopolios en las interconexiones con Francia y otros países de Enagás y su homóloga en el mercado eléctrico, Red Eléctrica de España (REE). En septiembre de 2016, la Unión Europea dio un ultimátum al Gobierno para poner fin a ese monopolio y permitir que otras empresas también gestionen las interconexiones de gas y electricidad -gasoductos y líneas de alta tensión- con otros países.
A mediados de julio Enagás presentó sus resultados del primer semestre de 2017: la compañía registró un beneficio neto de 269,1 millones de euros, un 25,6% más que en el mismo periodo de 2016, a pesar del lastre económico que supone la anulación de su proyecto en Perú. Antonio Llardén aprovechó la presentación de resultados para subrayar que la última reforma del gobierno “está funcionando en la buena dirección”. A pesar de la crisis económica y del derrumbe del precio del gas desde el verano de 2014, entre 2008 y 2016 el beneficio de Enagás solo redujo su beneficio en una ocasión (-4,1% en 2015).
- Breve historia de la privatización de Enagás.
Hace ya tres décadas el gobierno socialista de Felipe González inició la privatización de empresas públicas en los grandes sectores estratégicos: telecomunicaciones, banca, transporte y energía. Cuando José María Aznar llegó al poder, tomó el testigo y continuó vendiendo las participaciones del Estado en esas compañías, labor culminada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (Aena). En aquel afán de vender lo público, dos monopolios estatales pasaron a convertirse en monopolios privados: Enagás y Red Eléctrica de España.
La Empresa Nacional del Gas (Enagás) fue creada en 1972 como brazo gasista del Estado para la construcción y mantenimiento de la red de gasoductos. Enagás pertenecía al Instituto Nacional de Industria, su accionista único hasta 1981, cuando pasó a depender del Instituto Nacional de Hidrocarburos (del que nació Repsol). Fue en 1994, con Felipe González en la presidencia y Juan Manuel Eguiagaray en la cartera de Industria, cuando el gobierno decidió vender sin licitación el 91% de Enagás a Gas Natural -hoy Gas Natural Fenosa– por 51.233 millones de las antiguas pesetas (307,9 millones de euros). El valor corresponde a la recomendación que hizo Santander Investment en un informe encargado por el ministro Eguiagaray. El 9% restante de Enagás quedó en manos del SEPI, el holding que controla las acciones del Estado en distintas empresas.
Algunas voces autorizadas del sector pusieron el grito en el cielo al considerar que la venta, sin concurso y negociada a puerta cerrada, se realizó por debajo de su precio real. El valor de Enagás en los libros de contabilidad del Estado era el doble, mientras que su precio estimado en el mercado triplicaba el monto desembolsado por Gas Natural, empresa que en 2010 fichó como consejero al expresidente González.
El gobierno socialista no solo creó un gran monopolio privado del gas al vender Enagás a Gas Natural. También asumió su elevada deuda (más de 20.000 millones de pesetas) y se comprometió a actuar si había problemas causados por la guerra civil en Argelia -para ello, Gas Natural exigió que el gasoducto Magreb-Europa fuera gestionado por una nueva sociedad llamada Sagane, en la que el Estado controlaba el 91%-.
Es decir, el Estado habría perdido 63.000 millones de pesetas en la pritavización de Enagás, un dato que recoge el informe oficial al que tuvo acceso el diario El Mundo en el año 2000. Según ese informe, el valor de Enagás en 1994 era superior a los 93.000 millones de pesetas. Un portavoz de Gas Natural respondió entonces que “ni el PSOE ni el PP nos han regalado nada” y defendió que el valor de Enagás se estableció en función de las espectativas, no a su valor contable.
Las condiciones y riesgos asumidos por el Estado en la venta de Enagás en 1994 no trascendieron hasta 1997. Ese año, con Aznar en el poder, la SEPI vendió su 9% restante a Gas Natural por 14.000 millones de pesetas (84,4 millones de euros), es decir, el triple del valor que abonó la gasista catalana por cada acción de Enagás en 1994. De esa forma concluyó la privatización completa de Enagás, pero la historia sigue.
- El eslabón perdido del caso Filesa.
El Partido Popular acapara hoy en día la mayoría de casos abiertos por presunta financiación ilegal. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el PSOE protagonizaba los mayores escándalos de corrupción por financiación ilegal de campañas electorales. Entre ellos destacó el caso Filesa a finales de los años 1980.
Este caso de financiación ilegal (por entonces no estaba tipificado el delito de financiación irregular) mediante contratos inflados con la administración pública reportó más de 1.000 millones de pesetas que se destinaron a sufragar actos de campaña del PSOE. En 1989, Felipe González fue reelegido presidente por tercera vez, a pesar del enorme desgaste que acusaba.
Esta era la ubicación de las piezas en el tablero del poder cuando los socialistas vendieron Enagás a la catalana Gas Natural en 1994: por un lado, el gobierno de González debía su estabilidad al apoyo de la extinta Convergència i Unió; la Generalitat de Catalunya estaba en manos de Jordi Pujol, que actualmente está siendo procesado por diversos delitos de corrupción, evasión y malversación junto a varios miembros de su familia. Por aquel entonces, Gas Natural ya pertenecía a Repsol (antigua empresa pública), y a La Caixa, siendo esta última la encargada de nombrar a su presidente.
La sintonía y tratos de favor entre Pujol y La Caixa era ampliamente conocidos, pero ahora, además, queda patente en las declaraciones judiciales de varios miembros de su familia. Según el veterano periodista Carlos Segovia, Pujol habría presionado a González para que vendiera Enagás a Gas Natural por menos de su precio real. Tres años después de la privatización de Enagás, el juez del caso Filesa imputó a un abogado de Gas Natural llamado Felipe Cañellas, quien admitió que la gasista catalana había encargado un informe a Filesa valorado en 8,9 millones de pesetas -bajo la denominación de Catalana de Gas, nombre previo a Gas Natural).
La gasista catalana, que distribuía gas al por menor, tomó el control del mastodonde público que poseía y gestionaba todos los gasoductos del país. “Pujol multiplicó entonces sus presiones para que el pez grande Enagás fuera absorbido por el pez chico Gas Natural”, explica el periodista en un artículo del año 2000 publicado por El Mundo.
- Europa contra los monopolios.
En junio del año 2000, con Rodrigo Rato al frente de Economía y Anna Birulés en Industria, el Gobierno convirtió a Enagás en gestor técnico del sistema gasista español y estableció que la retribución por esta labor la determinaría el ministerio, es decir, el Estado garantizaría la rentabilidad de Enagás mediante órdenes ministeriales.
La ley que regula esta competencia también fijó que nadie podría tener directa o indirectamente más del 35% de las acciones de la empresa, de forma que Gas Natural tuvo que poner en marcha la venta de la mayor parte de su participacicón en Enagás, en concreto un 65% (para quedarse justo con el 35% de la sociedad). Esta norma obedecía una directiva europea de 1996 (de obligado cumplimiento) para evitar que una misma empresa controlara toda la cadena energética (generación, transporte, distribución y comercialización).
Cuatro años después de la entrada en vigor de esa medida, Gas Natural redujo su participación al 29,9% de Enagás, pero una nueva vuelta de tuerca por parte de los reguladores la obligó a seguir reduciendo su presencia en Enagás al 5%, con 2007 como fecha límite, para asegurar que nadie tuviera trato de ventaja para acceder a la red de transporte de gas en España. Por aquel entonces presidía Enagás Antonio González-Adalid, un empresario cercano al Opus Dei que desde mayo de este año forma parte del consejo del Banco Popular. Su sucesor hasta la actualidad es Antonio Llardén, que previamente fue directivo en Gas Natural y presidente de la patronal Sedigás.
El monopolio de facto del que gozó Gas Natural gracias a su poder en Enagás fue debilitándose hasta 2009. La extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) puso como condición a Gas Natural salir de Enagás para autorizar que se hiciera con el control de Unión Fenosa (desde entonces se llama Gas Natural Fenosa). Ese año la gasistas catalana vendió su último 5% por 155 millones de euros a Oman Oil.
Los inversores de Enagás saben que el Estado garantiza su rentabilidad y solvencia, por lo que no entran a discutir en la toma de decisiones y mantienen un perfil bajo, incluso en episodios tan polémicos como el del almacén Castor. Actualmente, más del 75% del capital de Enagás está en manos extranjeras, principalmente de fondos de inversión y bancos de Estados Unidos y Reino Unido. Bank of America es el primer accionista privado de Enagás (3,6% de las acciones), seguido por Crédit Agricole (3,02%) y el fondo BlackRock (3%).
(José Bautista, La Marea)