La pregunta es retórica. Obviamente, a la Universidad española le pasan cosas, y muchas merecen atención. La Universidad española adolece de múltiples problemas. Se ha hecho habitual señalar que los más importantes derivan de sus estructuras de gobernanza, que conducen al clientelismo y la endogamia. No seremos nosotros, que alguna vez hemos padecido en carne propia las consecuencias de esas prácticas, quienes quitemos razón a los que lo argumentan.
Pero en el mapa de problemas del sistema universitario español hay muchos otros sobre los que posar la mirada. Hay analistas que apuntan a la falta de recursos para investigar, o para enseñar (grupos-aula demasiado grandes para ofrecer atención personalizada, ausencia de profesores asistentes). Otros observadores destacan la falta de incentivos. La Universidad no atrae talento, claman en algunas banderías. O lo expulsa. O lo quema, asfixiado por la carga de trabajo burocrático. Están los que destacan los graves problemas de dualización laboral de las plantillas, fragmentadas entre profesores estables y bien pagados y otros con carreras laborales precarias. También están los que creen que el problema es la desconexión entre las enseñanzas que los estudiantes reciben en la universidad y las demandas del mercado de trabajo.
Elijan el relato que quieran, o varios y combínenlos. Elíjanlos todos si quieren, recorten las puntas, salpimenten con anécdotas. Seguro que la radiografía resultante merecerá ser atendida. La Universidad está aquejada de muchos problemas, y son muchas las posibilidades de poner el foco selectivamente en los que más nos perturben o encajen en nuestras premisas ideológicas.
Al ser tantos y tan diversos son en buena medida insolubles de una tacada con reformas, por muy buena intención que tengan los reformadores. Las instituciones siguen inercias, se mueven dentro de la senda, y no se dejan cambiar radicalmente de un día para otro. Los grandes proyectos de transformación son generalmente inviables o provocan efectos colaterales no previstos. Sigamos avanzando incrementalmente.
Pero si hay un problema que a nuestro juicio es secundario es que no tengamos universidades entre las 200 mejores del mundo según el Academic Ranking of World Universities, habitualmente conocido como ranking de Shanghai. No tenerlas significa no incorporar ninguna al selecto club del 2% de mejores universidades en un ranking mundial de aproximadamente 12.000 universidades. Lo consiguió la Universidad de Barcelona en varias ediciones (2014-2016). Ahora la tenemos situada entre el puesto 200 y 500, junto a diez universidades españolas más. No tenerla esta vez entre las 200 primeras no habla peor de nuestro sistema universitario. Simplemente constata, una vez más, que la excelencia mundial quizás no es la mayor virtud del sistema, lo que no resta valor a otros méritos importantes.
Lo que parece escandalizar sobremanera a algunos es perfectamente explicable. No figuramos en posiciones más selectas en casi ningún ranking sobre asuntos sociales o relativos a la administración pública. Seguramente les vendrán a la cabeza los buenos rendimientos de nuestro sistema sanitario, ampliamente reconocidos. Pues bien, tenemos razones para pensar que es muy bueno, pero según un ranking del CSIC que utiliza metodología parecida al ranking de Shanghai tenemos solo dos hospitales entre los 200 mejores del mundo, situados en el puesto 169 y 194. Algo mejor que las universidades, pero en el fondo las diferencias parecen bastante pequeñas.
Es importante señalar algunas limitaciones de este ranking que nos pueden ayudar a templar los ánimos sobre la posición de las universidades españolas. Primero de todo, el ranking evalúa resultados de investigación. La dimensión docente, objetivo central de las universidades, queda fuera. En otras palabras, este ranking apenas ofrece información sobre dónde estudiar una carrera. Segundo, el ranking se centra en especializaciones de ciencia y apenas atiende a los resultados investigadores de campos como las humanidades. La mayor parte de las universidades españolas son generalistas, esto es, ofrecen docencia y tienen profesorado que apenas puede aportar en los indicadores contemplados. Tercero, el ranking se construye con indicadores de ‘excelencia extrema’, como artículos en Science o Nature y premios Nobel. Llevado al mundo de los deportes, sería como hacer campeón de liga de baloncesto al equipo que más canastas desde más de diez metros ha sido capaz de encestar.
El ranking de Shanghai está copado por universidades anglosajonas. Muchas de ellas son universidades privadas, que cuentan con un volumen desorbitado de recursos en comparación con los que manejan las universidades españolas. Como recordaba hace unos años en un artículo de referencia obligada el ex rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, el ranking lo encabezan universidades de élite norteamericanas (Harvard, Princeton, MIT), que tienen presupuestos de aproximadamente 150.000 euros por estudiante y año. Le siguen las universidades europeas que más invierten, Oxford y Cambridge (50.000), y un elenco de otras universidades que destinan muchos más recursos que la universidad española, cuyo presupuesto se sitúa en torno a 6.500 euros como promedio por estudiante y año. En los últimos años, con la crisis y las políticas de austeridad, los recursos han tendido a disminuir, y por regla general las universidades mantienen dignamente su posición en el ranking.
Los abultados presupuestos de que disponen las universidades anglosajonas y algunas de otros países les permiten realizar grandes inversiones en investigación (lo que se traduce en publicaciones que contabilizan como puntuaciones en componentes centrales del ranking), fichar a los mejores docentes e investigadores y atraer a estudiantes de todo el mundo que están en condiciones de sufragar sus costosas matrículas (o encuentran patrocinadores que lo hagan). Recordemos que, sin ir más lejos, tenemos instituciones financieras españolas que sufragan la educación de estudiantes españoles en esas universidades a través de becas de excelencia, contribuyendo con ello a ofrecer oportunidades formativas a esos estudiantes brillantes, pero también a inyectar recursos en esos centros educativos que refuerzan sus ventajas comparativas. Nada que objetar, pero es así. Las universidades de élite se benefician claramente del llamado efecto Mateo: el que más tiene más recibe, y al más pobre se le priva de los pocos recursos que tenía.
Nuestro modelo de desarrollo universitario es la materialización de una política de descentralización del país en la que se consagró lo que llamamos despectiva (y probablemente de manera injusta) "café para todos". Las dinámicas a las que conduce este proceso tienen desventajas. Todas las CCAA, e incluso todas las provincias y ciudades medias con alguna ínfula de grandeza, han aspirado a que sus jóvenes dispusieran una universidad o campus "a mano", con multiplicidad de titulaciones, lo que seguramente ha dispersado recursos, ha provocado un posible exceso de oferta y dificultades para responder a estándares de excelencia en todos los lados.
Pero también hay que reconocer que prácticamente todas las CCAA se han esforzado en ofrecer enseñanza más que aceptable en alguna de sus instituciones universitarias. Esto se traduce en una distribución bastante homogénea de buenas universidades por el territorio, lo que garantiza el acceso de segmentos amplios de la juventud al sistema, con efectos seguramente positivos sobre la equidad.
Los análisis cuantitativos no truncados en la cúspide –es decir, que no se limitan a comentar posiciones en el ranking de 200 mejores universidades– revelan rápidamente que el sistema universitario español sale bien parado cuando ampliamos la foto. Como señala el profesor Julio del Corral, España cuenta con 11 universidades en el Top-500 y con 26 universidades (todas públicas) en el Top-800. Es decir, una buena porción de nuestras universidades se encuentran en la fracción del 7% con puntuaciones más altas.
España se sitúa en novena posición en cuanto a número de universidades incluidas en el Top-800, cifra similar a países como Francia, Canadá, Corea del Sur y Australia, todos ellos con renta per cápita superior a la española. Desde este punto de vista, la eficiencia del sistema se sitúa entre las más elevadas del mundo. Es algo que constatan también otros trabajos. España es un país con una amplia oferta de buenas universidades, algo de lo que no pueden presumir precisamente algunos de los países que se cuelan en el Top-200 de Shanghai.
Por otra parte, las informaciones que se ofrecen habitualmente sobre el ranking descuidan que tenemos universidades excelentes en todos los campos de especialización. La Universidad de Granada se sitúa en la posición 45 en ingeniería, tecnología y ciencias de la computación. La Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia se encuentran entre las 200 primeras en Ciencias biológicas y agricultura. La Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid entran entre las 200 mejores en Ciencias médicas y farmacia. La Universidad Pompeu Fabra aparece entre las 100 mejores en Ciencias Sociales. Es decir, la agregación en un ranking sintético invisibiliza la excelencia del sistema, que existe y ofrece a nuestros estudiantes más brillantes posibilidades de formarse en grados y posgrados de centros de primer nivel investigador.
Los rankings –éste y otros– son instrumentos de conocimiento útiles. Pueden ayudar a identificar defectos y alumbrar tendencias, y de este modo orientar nuestras prioridades políticas. Pero suelen también contaminar el debate público de juicios precipitados sobre una realidad que generalmente tiene muchos pliegues. Haríamos flaco favor a nuestras políticas públicas si las diseñáramos a golpe de las "evidencias" que muestra un ranking, olvidando todo aquello que oculta.
(El Diario)
Cómo el Banco Santander se lucra con la quiebra de Puerto Rico
Esta semana miles de personas de Puerto Rico, Estados Unidos e incluso Brasil han celebrado el Día Internacional contra los Bancos con manifestaciones frente a las sedes del banco Santander y del Popular (ninguna relación con la entidad española) para protestar contra las supuestas maniobras de estas entidades financieras para lucrarse de la frágil situación económica que atraviesa Puerto Rico.
Los convocantes acusan a dos ejecutivos del Santander de ser responsables de que la colonia estadounidense alcanzara niveles de deuda insostenibles en beneficio de la entidad española, al mismo tiempo que implementaban un duro programa de austeridad cargado de privatizaciones, recortes sociales y privilegios fiscales para inversores con perfil especulador y grandes fortunas. ¿Qué ha pasado exactamente?
Una investigación de las organizaciones estadounidenses Comité para Bancos Mejores, Hedge Clippers y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico revela que el Banco Santander es una pieza clave para entender por qué la economía de la isla se encuentra sumida en uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. La crisis financiera de 2008 asestó un duro golpe a esta colonia estadounidense —“Estado libre asociado”, según la nomenclatura oficial—, que por entonces ya sufría los estragos propios de una economía periférica y desindustrializada dependiente de la potencia vecina, con una elevada deuda pública, un gobierno maniatado y una población menguante debido a la precariedad y el elevado desempleo que asolan la isla. Puerto Rico, definida por varios economistas como “la Grecia del Caribe”, ya tiene más población en Estados Unidos (4,7 millones) que en la isla (3,6 millones).
La investigación, titulada Piratas del Caribe, cuenta cómo dos ejecutivos del Santander fueron los encargados de diseñar el programa de austeridad fiscal y la emisión de más deuda pública con elevados tipos de interés en favor del banco español. El nombre más relevante es el de Carlos García, el Rodrigo Rato de Puerto Rico, presidente del Banco Santander Puerto Rico tras haber sido ejecutivo de la entidad Santander Securities en la isla, filial encargada del negocio de los bonos públicos que gestiona este banco, tal y como explica a este medio Saqib Bhatti, uno de los investigadores que participaron en el estudio y que estos días visita Madrid junto con varios activistas puertorriqueños.
En 2009, García fue designado para dirigir el Banco de Fomento Gubernamental (Puerto Rico no tiene banco central), responsable de poner en marcha el programa de austeridad que supuso el despido de más de 30.000 funcionarios puertorriqueños, así como drásticos recortes y privatizaciones en los ámbitos educativo (cerraron el 43% de las escuelas públicas), sanitario y de pensiones que han agravado la crisis humanitaria que vive la isla (el 46,1% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según datos del gobierno). Nada más llegar a la institución, García fichó a su compañero José Ramón González, consejero delegado del Santander Puerto Rico. Desde entonces, miles de ciudadanos dentro y fuera de la isla caribeña han protestado contra el conflicto de intereses de estos dos altos cargos del Santander y su programa de austeridad.
“Bajo la dirección de García y González, Santander Securities se estableció rápidamente como administrador principal de emisiones de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pública”, dice el informe. Al mismo tiempo que implementaba estas medidas de austeridad y creaba nuevas normas de exención fiscal para quienes especulaban con la deuda de la isla (no sin aumentar los impuestos a las rentas medias y bajas), Carlos García firmó la emisión de más deuda pública en forma de ‘bonos tóxicos’ por valor de 71.000 millones de dólares, de los cuales 61.000 millones (85,9% de esa deuda) están en manos del Banco Santander, entidad para la que había trabajado como directivo. Desde que la isla se declaró en bancarrota en 2016, el Santander ha obtenido más de 1.000 millones de dólares en beneficios por el pago de intereses de esa deuda.
Este y otros datos también aparecen en la auditoría realizada por la red VAMOS4PR, que integra a varias organizaciones académicas, sindicales y de la sociedad civil de la isla y de Estados Unidos. “García y un grupo de exejecutivos del Santander implementaron en el Banco de Fomento Gubernamental un programa masivo de emisión de bonos que es la raíz de la crisis de Puerto Rico”, sostiene el informe de Hedge Clippers acerca de la elevada deuda pública de la isla (en torno al 100% del PIB). La Marea ha solicitado las cifras del negocio del Banco Santander en la isla y su posición ante este posible caso de prevaricación, conflicto de intereses, violación de secretos, tráfico de influencias y malversación por parte de sus dos directivos al frente de entes públicos de Puerto Rico. La entidad no ha contestado.
Tras poner en marcha esa emisión de deuda pública con elevados tipos de interés real (más del 300% en algunos casos, según esta auditoría) y en medio de un pernicioso programa de austeridad fiscal, Carlos García y José Ramón González abandonaron el Banco de Fomento Gubernamental de Puerto Rico para volver a sus puestos en el Banco Santander. Pero la historia no termina ahí: en 2016 el gobierno de Estados Unidos designó a García y González para formar parte de la Junta de Control Fiscal que ejerce de troika —integrada también por la Comisión de Control Fiscal y representantes de los partidos Republicano y Demócrata de EEUU— con pleno control sobre las finanzas de la isla para asegurar que las autoridades puertorriqueñas aplican las políticas de austeridad al pie de la letra. El gobernador de Puerto Rico es el único miembro de Comisión que no tiene voz ni voto.
Fuentes del Banco Santander respondieron* a La Marea que “en Puerto Rico fue práctica común en la industria de firmas de corretaje, como Santander, participar en la emisión y comercialización de la deuda de Puerto Rico”. Desde la entidad aseguran que “los productos financieros vendidos a los clientes de Santander cumplieron con todas las leyes, regulaciones y requisitos aplicables, incluyendo los establecidos por el regulador local de valores” y declinaron hacer declaraciones sobre el posible conflicto de intereses por parte de sus ejecutivos Carlos García y José Ramón González.
Al no ser un Estado en pleno derecho de EEUU, Puerto Rico no puede declararse en quiebra para recibir un rescate público (tal y como sucedió con Detroit en 2013) y, por tanto, el gobierno puertorriqueño no tiene poder en las negociaciones con sus acreedores, entre los que destaca el Santander.
Actualmente Puerto Rico dedica casi el 25% de su PIB a pagar los intereses de una deuda pública que es “insostenible”, opina la puertorriqueña Xiomara Paola, del Centro para la Democracia Popular. Puerto Rico pagará 33.500 millones de dólares en intereses por los 37.800 millones de deuda emitida en forma de bonos de Apreciación de Capital (CABs), por citar un ejemplo del carácter especulativo de gran parte de los más de 134.000 millones de deuda pública que adeuda la isla caribeña.
Estados Unidos controla Puerto Rico pero los isleños no pueden participar en la vida política de ese país, a pesar de las intensas movilizaciones que desde hace años protagonizan sus estudiantes y numerosos ciudadanos. El domingo pasado los puertorriqueños votaron en un plebiscito con escasa participación (menos del 25%) para posicionarse mayoritariamente a favor de una completa anexión a Estados Unidos, un resultado que analistas y medios interpretan como una respuesta desesperada al hundimiento del sistema financiero de la isla.
El futuro de la economía puertorriqueña depende en buena medida del Banco Santander, principal acreedor de la isla que además es la entidad financiera con mayor volumen de préstamos subprime en Estados Unidos. Este miércoles hay convocadas nuevas movilizaciones ante las sedes del Santander en San Juan, capital puertorriqueña. La entidad dirigida por Ana Botín no desglosa las cifras de negocio de su filial en Puerto Rico, subsidiaria de su filial estadounidense Santander Holdings. Hasta la fecha ni este banco ni la Junta de Control fiscal han expresado su posición ante el creciente malestar social que generan sus actuaciones en la antigua colonia española.
Esta información coincide con el juicio en la Audiencia Nacional española contra siete directivos del Banco Santander por supuesto blanqueo de capitales en el marco del caso HSBC, que afecta a varias entidades financieras de la lista Falciani.
(José Bautista, La Marea)
Los convocantes acusan a dos ejecutivos del Santander de ser responsables de que la colonia estadounidense alcanzara niveles de deuda insostenibles en beneficio de la entidad española, al mismo tiempo que implementaban un duro programa de austeridad cargado de privatizaciones, recortes sociales y privilegios fiscales para inversores con perfil especulador y grandes fortunas. ¿Qué ha pasado exactamente?
Una investigación de las organizaciones estadounidenses Comité para Bancos Mejores, Hedge Clippers y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico revela que el Banco Santander es una pieza clave para entender por qué la economía de la isla se encuentra sumida en uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. La crisis financiera de 2008 asestó un duro golpe a esta colonia estadounidense —“Estado libre asociado”, según la nomenclatura oficial—, que por entonces ya sufría los estragos propios de una economía periférica y desindustrializada dependiente de la potencia vecina, con una elevada deuda pública, un gobierno maniatado y una población menguante debido a la precariedad y el elevado desempleo que asolan la isla. Puerto Rico, definida por varios economistas como “la Grecia del Caribe”, ya tiene más población en Estados Unidos (4,7 millones) que en la isla (3,6 millones).
La investigación, titulada Piratas del Caribe, cuenta cómo dos ejecutivos del Santander fueron los encargados de diseñar el programa de austeridad fiscal y la emisión de más deuda pública con elevados tipos de interés en favor del banco español. El nombre más relevante es el de Carlos García, el Rodrigo Rato de Puerto Rico, presidente del Banco Santander Puerto Rico tras haber sido ejecutivo de la entidad Santander Securities en la isla, filial encargada del negocio de los bonos públicos que gestiona este banco, tal y como explica a este medio Saqib Bhatti, uno de los investigadores que participaron en el estudio y que estos días visita Madrid junto con varios activistas puertorriqueños.
En 2009, García fue designado para dirigir el Banco de Fomento Gubernamental (Puerto Rico no tiene banco central), responsable de poner en marcha el programa de austeridad que supuso el despido de más de 30.000 funcionarios puertorriqueños, así como drásticos recortes y privatizaciones en los ámbitos educativo (cerraron el 43% de las escuelas públicas), sanitario y de pensiones que han agravado la crisis humanitaria que vive la isla (el 46,1% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según datos del gobierno). Nada más llegar a la institución, García fichó a su compañero José Ramón González, consejero delegado del Santander Puerto Rico. Desde entonces, miles de ciudadanos dentro y fuera de la isla caribeña han protestado contra el conflicto de intereses de estos dos altos cargos del Santander y su programa de austeridad.
“Bajo la dirección de García y González, Santander Securities se estableció rápidamente como administrador principal de emisiones de bonos del gobierno, coincidiendo con el crecimiento de la deuda pública”, dice el informe. Al mismo tiempo que implementaba estas medidas de austeridad y creaba nuevas normas de exención fiscal para quienes especulaban con la deuda de la isla (no sin aumentar los impuestos a las rentas medias y bajas), Carlos García firmó la emisión de más deuda pública en forma de ‘bonos tóxicos’ por valor de 71.000 millones de dólares, de los cuales 61.000 millones (85,9% de esa deuda) están en manos del Banco Santander, entidad para la que había trabajado como directivo. Desde que la isla se declaró en bancarrota en 2016, el Santander ha obtenido más de 1.000 millones de dólares en beneficios por el pago de intereses de esa deuda.
Este y otros datos también aparecen en la auditoría realizada por la red VAMOS4PR, que integra a varias organizaciones académicas, sindicales y de la sociedad civil de la isla y de Estados Unidos. “García y un grupo de exejecutivos del Santander implementaron en el Banco de Fomento Gubernamental un programa masivo de emisión de bonos que es la raíz de la crisis de Puerto Rico”, sostiene el informe de Hedge Clippers acerca de la elevada deuda pública de la isla (en torno al 100% del PIB). La Marea ha solicitado las cifras del negocio del Banco Santander en la isla y su posición ante este posible caso de prevaricación, conflicto de intereses, violación de secretos, tráfico de influencias y malversación por parte de sus dos directivos al frente de entes públicos de Puerto Rico. La entidad no ha contestado.
Tras poner en marcha esa emisión de deuda pública con elevados tipos de interés real (más del 300% en algunos casos, según esta auditoría) y en medio de un pernicioso programa de austeridad fiscal, Carlos García y José Ramón González abandonaron el Banco de Fomento Gubernamental de Puerto Rico para volver a sus puestos en el Banco Santander. Pero la historia no termina ahí: en 2016 el gobierno de Estados Unidos designó a García y González para formar parte de la Junta de Control Fiscal que ejerce de troika —integrada también por la Comisión de Control Fiscal y representantes de los partidos Republicano y Demócrata de EEUU— con pleno control sobre las finanzas de la isla para asegurar que las autoridades puertorriqueñas aplican las políticas de austeridad al pie de la letra. El gobernador de Puerto Rico es el único miembro de Comisión que no tiene voz ni voto.
Fuentes del Banco Santander respondieron* a La Marea que “en Puerto Rico fue práctica común en la industria de firmas de corretaje, como Santander, participar en la emisión y comercialización de la deuda de Puerto Rico”. Desde la entidad aseguran que “los productos financieros vendidos a los clientes de Santander cumplieron con todas las leyes, regulaciones y requisitos aplicables, incluyendo los establecidos por el regulador local de valores” y declinaron hacer declaraciones sobre el posible conflicto de intereses por parte de sus ejecutivos Carlos García y José Ramón González.
Al no ser un Estado en pleno derecho de EEUU, Puerto Rico no puede declararse en quiebra para recibir un rescate público (tal y como sucedió con Detroit en 2013) y, por tanto, el gobierno puertorriqueño no tiene poder en las negociaciones con sus acreedores, entre los que destaca el Santander.
Actualmente Puerto Rico dedica casi el 25% de su PIB a pagar los intereses de una deuda pública que es “insostenible”, opina la puertorriqueña Xiomara Paola, del Centro para la Democracia Popular. Puerto Rico pagará 33.500 millones de dólares en intereses por los 37.800 millones de deuda emitida en forma de bonos de Apreciación de Capital (CABs), por citar un ejemplo del carácter especulativo de gran parte de los más de 134.000 millones de deuda pública que adeuda la isla caribeña.
Estados Unidos controla Puerto Rico pero los isleños no pueden participar en la vida política de ese país, a pesar de las intensas movilizaciones que desde hace años protagonizan sus estudiantes y numerosos ciudadanos. El domingo pasado los puertorriqueños votaron en un plebiscito con escasa participación (menos del 25%) para posicionarse mayoritariamente a favor de una completa anexión a Estados Unidos, un resultado que analistas y medios interpretan como una respuesta desesperada al hundimiento del sistema financiero de la isla.
El futuro de la economía puertorriqueña depende en buena medida del Banco Santander, principal acreedor de la isla que además es la entidad financiera con mayor volumen de préstamos subprime en Estados Unidos. Este miércoles hay convocadas nuevas movilizaciones ante las sedes del Santander en San Juan, capital puertorriqueña. La entidad dirigida por Ana Botín no desglosa las cifras de negocio de su filial en Puerto Rico, subsidiaria de su filial estadounidense Santander Holdings. Hasta la fecha ni este banco ni la Junta de Control fiscal han expresado su posición ante el creciente malestar social que generan sus actuaciones en la antigua colonia española.
Esta información coincide con el juicio en la Audiencia Nacional española contra siete directivos del Banco Santander por supuesto blanqueo de capitales en el marco del caso HSBC, que afecta a varias entidades financieras de la lista Falciani.
(José Bautista, La Marea)
El director de la Inteligencia antiterrorista dirigió el boicot informativo a los Mossos
Atentados yihadistas
La descoordinación entre los cuerpos policiales que ha salido a la luz tras los atentados yihadistas en Catalunya tiene su origen en el bloqueo informativo al que Interior sometió a las fuerzas de seguridad durante el mandato de Fernández Díaz. De esa época de 'brigada política' y Operación Cataluña queda un protagonista: José Luis Olivera, actual director del CITCO y antes jefe del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista que bloqueó el acceso de los Mossos a las bases de datos
"Olivera siempre le decía 'sí' al ministro porque así se abría el camino hacia otro ascenso", dice un alto funcionario de Interior
El grado de Olivera en "Criminología" fue calificado de "insuficiente a todas luces" por la Secretaría General de Universidades
No tener vigilado al imán de Ripoll fue un clamoroso fallo de la Inteligencia Antiterrorista que dirige Olivera
Eran los tiempos del ministro Jorge Fernández Díaz y de sus conversaciones grabadas en su despacho oficial de Interior –que Público desveló en exclusiva–, de la conspiración contra políticos y partidos independentistas catalanes –que confirmó hace poco la comisión de investigación del Congreso de los Diputados–, de la consulta popular del 9-N contra la que la brigada política organizó la denominada Operación Cataluña...
Mientras todo eso ocurría, un hombre de la máxima confianza del ministro dirigía el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), y bloqueaba el acceso de los Mossos d'Esquadra a los bancos de datos policiales sobre las tramas yihadistas internacionales de Europol (SIENA o SIRENE) y de la Interpol. Incluso, les negaba la integración en el propio CNCA y hasta boicoteaba las investigaciones de la policía autonómica catalana contra el yihadismo, como las de la Operación Caronte.
"Es un despropósito que se aislase así a una de las fuerzas de seguridad", subraya a Público un comisario con larga experiencia en la lucha contra el terrorismo islamista. "El responsable del CNCA tenía que haberle dicho al ministro que esa estrategia era enormemente contraproducente, porque si un cuerpo policial no puede consultar una base de datos, tampoco va a introducir sus averiguaciones en ella, como respuesta muy humana de rechazo, y se crean compartimentos estancos que sólo conducen a la duplicidad de esfuerzos y a la descoordinación".
Pero el entonces responsable de la coordinación antiterrorista, José Luis Olivera Serrano, "siempre decía 'sí, ministro' porque sabía que así se abría el camino hacia otro ascenso", afirma un alto funcionario del Ministerio del Interior que conoció desde dentro esa etapa y es muy crítico con la estrategia de hacerle el vacío a los Mossos en un campo tan sensible. Fue en aquella etapa cuando Fernández Díaz proclamó, en referencia a la policía autonómica catalana: "La lucha y la política antiterrorista deben ser de Estado, y no se puede dejar en manos de los que no tienen el más mínimo sentido de Estado" (14 de mayo de 2015).
Para esa última fecha, Olivera ya había sido ascendido a la dirección del recién creado CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), producto de la fusión entre el CNCA y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), convirtiéndose así en el auténtico Zar de la lucha contra el yihadismo. Un puesto que ostenta en estos momentos y desde el que hace poco más de dos meses aseveró, en una entrevista a OKdiario: "El Daesh [el autodenominado Estado Islámico que se ha atribuido la matanza de las Ramblas de Barcelona] puede tener, si no los días, a lo mejor los meses contados"
Olivera –quien también afirmó que este verano "se puede estar muy tranquilo [sobre la amenaza terrorista global] dentro de España"– empleaba en esa desafortunada profecía el acrónimo árabe (Daesh) del más conocido como ISIS (siglas en inglés de "Estado Islámico de Irak y Siria"), correspondiente a "Al-dawla al-islâmiyya fi l-'Irâq wa l-shâm". Pero la realidad es que no es en absoluto un especialista en terrorismo islamista, como subraya el comisario antes citado, quien domina el árabe clásico y el árabe dialectal de la región de Siria y Jordania al haberse formado durante meses en la zona con los servicios de inteligencia israelíes.
De hecho, el único título con que cuenta Olivera para dirigir el más alto cargo de lucha contra el terrorismo es el de "graduado en Criminología" que concedía la Universidad Rey Juan Carlos, tras un seminario a distancia on-line de un año de duración y sólo 60 créditos. Un grado que ya no se imparte porque la Secretaría General de Universidades calificó el contenido del mismo de “insuficiente a todas luces” siquiera para obtener un título de diplomado.
Por ello, el inspector de la Policía Nacional Jesús Andrés de Dios presentó un recurso contra su nombramiento como director del CITCO, que finalmente fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional, aduciendo que en las bases de la convocatoria para opositar a ese nuevo cargo de Zar del Antiterrorismo "no se exigía efectivamente ningún título específico o cualidad de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente para su provisión".
Un altísimo cargo que se inventó el ministro Fernández Díaz hacia el final de su mandato y con el que recompensó a Olivera por su lealtad y su participación –como anterior director de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)– en la brigada política de Interior. Ya antes de la llegada de Rajoy al poder, Olivera había ayudado desde la UDEF a altos dirigentes del PP a zafarse de escándalos como el del espionaje entre sus líderes políticos en la Comunidad de Madrid.
Diversas fuentes policiales y de inteligencia coincidentes aseguran a Público que Olivera fue el ejecutor, tanto desde el CNCA como después al frente del CITCO, de la política de aislamiento de los Mossos de las redes policiales internacionales sobre terrorismo islamista. Estrategia que envenenó las relaciones entre la Generalitat y el Ejecutivo de Rajoy y que fue airadamente protestada desde el Parlament de Catalunya y en el Congreso por el portavoz de Esquerra Republicana Gabriel Rufián.
Tras los atentados de Catalunya ha estallado de nuevo la polémica en torno a ese boicot nacional e internacional a los Mossos –que por fin el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha prometido levantar– a causa del clamoroso fallo de inteligencia que supuso no tener vigilado al imán de Ripoll que era el cabecilla del comando. Un imán extremista que estuvo preso en Castellón y años antes había sido vinculado con el jefe de otra célula islamista... hechos de los que no tenían información los Mossos.
Interior incluso ha contraatacado acusando a los Mossos de haber desestimado una advertencia de las autoridades belgas sobre ese imán. Pero la comunicación de un policía belga con los Mossos era en realidad una petición de información –de la que los agentes catalanes no disponían porque tampoco tenían acceso a la base de datos del CITCO– y tuvo que ser necesariamente a extraoficial y a título personal porque la policía autonómica no está integrada en la Europol.
Otra polémica sobre la falta de acceso de los Mossos a información internacional sensible sobre grupos terroristas se desencadenó tras publicarse que la mismísima Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU les había informado directamente de que habían detectado una amenaza yihadista concreta contra las Ramblas de Barcelona. El propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo desmintió en el programa El Objetivo de Ana Pastor: "Las policías tienen relaciones con otras policías y las agencias de inteligencia tienen relación con otras agencias de inteligencia”, explicó a la periodista. “A una policía como los Mossos d’Esquadra ya nos gustaría tener relación directa con la CIA, pero evidentemente eso no ha ocurrido”.
- Avisos y amenazas internacionales contra Barcelona.
Pocos minutos después, Ana Pastor le preguntaba directamente a Olivera si se había transmitido a los Mossos alguna alerta de atentado, procedente de servicios secretos extranjeros, sobre una amenaza yihadista contra Barcelona, y su respuesta resultó evasiva e inconsistente.
Fuentes cercanas a los servicios secretos españoles han confirmado a Público que tanto la CIA como otras agencias de inteligencia de países aliados habían advertido desde hace meses de que Barcelona era un objetivo prioritario de los grupos yihadistas. Incluso se produjeron amenazas directas en páginas web islamistas, con ilustraciones alegóricas como la que encabeza este artículo, en la que aparece la Sagrada Familia, que se acaba de identificar como el blanco contra el que inicialmente pretendía atacar el comando, un plan frustrado por la explosión accidental de su arsenal en Alcanar (Tarragona, a 200 kilómetros de las Ramblas), que causó la muerte del imán.
Esas alertas de la inteligencia internacional sobre la amenaza yihadista contra Barcelona sí acabaron llegando a conocimiento de los Mossos, pero siempre por vías extraoficiales e informales, ya que el CITCO no les proporcionaba información.
(Carlos Enrique Bayo, Público)
La descoordinación entre los cuerpos policiales que ha salido a la luz tras los atentados yihadistas en Catalunya tiene su origen en el bloqueo informativo al que Interior sometió a las fuerzas de seguridad durante el mandato de Fernández Díaz. De esa época de 'brigada política' y Operación Cataluña queda un protagonista: José Luis Olivera, actual director del CITCO y antes jefe del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista que bloqueó el acceso de los Mossos a las bases de datos
"Olivera siempre le decía 'sí' al ministro porque así se abría el camino hacia otro ascenso", dice un alto funcionario de Interior
El grado de Olivera en "Criminología" fue calificado de "insuficiente a todas luces" por la Secretaría General de Universidades
No tener vigilado al imán de Ripoll fue un clamoroso fallo de la Inteligencia Antiterrorista que dirige Olivera
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| Olivera, en la entrevista en la que anunció el próximo fin del Daesh (Estado Islámico) |
Mientras todo eso ocurría, un hombre de la máxima confianza del ministro dirigía el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), y bloqueaba el acceso de los Mossos d'Esquadra a los bancos de datos policiales sobre las tramas yihadistas internacionales de Europol (SIENA o SIRENE) y de la Interpol. Incluso, les negaba la integración en el propio CNCA y hasta boicoteaba las investigaciones de la policía autonómica catalana contra el yihadismo, como las de la Operación Caronte.
"Es un despropósito que se aislase así a una de las fuerzas de seguridad", subraya a Público un comisario con larga experiencia en la lucha contra el terrorismo islamista. "El responsable del CNCA tenía que haberle dicho al ministro que esa estrategia era enormemente contraproducente, porque si un cuerpo policial no puede consultar una base de datos, tampoco va a introducir sus averiguaciones en ella, como respuesta muy humana de rechazo, y se crean compartimentos estancos que sólo conducen a la duplicidad de esfuerzos y a la descoordinación".
Pero el entonces responsable de la coordinación antiterrorista, José Luis Olivera Serrano, "siempre decía 'sí, ministro' porque sabía que así se abría el camino hacia otro ascenso", afirma un alto funcionario del Ministerio del Interior que conoció desde dentro esa etapa y es muy crítico con la estrategia de hacerle el vacío a los Mossos en un campo tan sensible. Fue en aquella etapa cuando Fernández Díaz proclamó, en referencia a la policía autonómica catalana: "La lucha y la política antiterrorista deben ser de Estado, y no se puede dejar en manos de los que no tienen el más mínimo sentido de Estado" (14 de mayo de 2015).
Para esa última fecha, Olivera ya había sido ascendido a la dirección del recién creado CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), producto de la fusión entre el CNCA y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), convirtiéndose así en el auténtico Zar de la lucha contra el yihadismo. Un puesto que ostenta en estos momentos y desde el que hace poco más de dos meses aseveró, en una entrevista a OKdiario: "El Daesh [el autodenominado Estado Islámico que se ha atribuido la matanza de las Ramblas de Barcelona] puede tener, si no los días, a lo mejor los meses contados"
Olivera –quien también afirmó que este verano "se puede estar muy tranquilo [sobre la amenaza terrorista global] dentro de España"– empleaba en esa desafortunada profecía el acrónimo árabe (Daesh) del más conocido como ISIS (siglas en inglés de "Estado Islámico de Irak y Siria"), correspondiente a "Al-dawla al-islâmiyya fi l-'Irâq wa l-shâm". Pero la realidad es que no es en absoluto un especialista en terrorismo islamista, como subraya el comisario antes citado, quien domina el árabe clásico y el árabe dialectal de la región de Siria y Jordania al haberse formado durante meses en la zona con los servicios de inteligencia israelíes.
De hecho, el único título con que cuenta Olivera para dirigir el más alto cargo de lucha contra el terrorismo es el de "graduado en Criminología" que concedía la Universidad Rey Juan Carlos, tras un seminario a distancia on-line de un año de duración y sólo 60 créditos. Un grado que ya no se imparte porque la Secretaría General de Universidades calificó el contenido del mismo de “insuficiente a todas luces” siquiera para obtener un título de diplomado.
Por ello, el inspector de la Policía Nacional Jesús Andrés de Dios presentó un recurso contra su nombramiento como director del CITCO, que finalmente fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional, aduciendo que en las bases de la convocatoria para opositar a ese nuevo cargo de Zar del Antiterrorismo "no se exigía efectivamente ningún título específico o cualidad de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente para su provisión".
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| Imagen distribuida hace un año por el Estado Islámico sobre los objetivos del terrorismo yihadista en el que se incluía la Sagrada Familia de Barcelona |
Diversas fuentes policiales y de inteligencia coincidentes aseguran a Público que Olivera fue el ejecutor, tanto desde el CNCA como después al frente del CITCO, de la política de aislamiento de los Mossos de las redes policiales internacionales sobre terrorismo islamista. Estrategia que envenenó las relaciones entre la Generalitat y el Ejecutivo de Rajoy y que fue airadamente protestada desde el Parlament de Catalunya y en el Congreso por el portavoz de Esquerra Republicana Gabriel Rufián.
Tras los atentados de Catalunya ha estallado de nuevo la polémica en torno a ese boicot nacional e internacional a los Mossos –que por fin el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha prometido levantar– a causa del clamoroso fallo de inteligencia que supuso no tener vigilado al imán de Ripoll que era el cabecilla del comando. Un imán extremista que estuvo preso en Castellón y años antes había sido vinculado con el jefe de otra célula islamista... hechos de los que no tenían información los Mossos.
Interior incluso ha contraatacado acusando a los Mossos de haber desestimado una advertencia de las autoridades belgas sobre ese imán. Pero la comunicación de un policía belga con los Mossos era en realidad una petición de información –de la que los agentes catalanes no disponían porque tampoco tenían acceso a la base de datos del CITCO– y tuvo que ser necesariamente a extraoficial y a título personal porque la policía autonómica no está integrada en la Europol.
Otra polémica sobre la falta de acceso de los Mossos a información internacional sensible sobre grupos terroristas se desencadenó tras publicarse que la mismísima Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU les había informado directamente de que habían detectado una amenaza yihadista concreta contra las Ramblas de Barcelona. El propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo desmintió en el programa El Objetivo de Ana Pastor: "Las policías tienen relaciones con otras policías y las agencias de inteligencia tienen relación con otras agencias de inteligencia”, explicó a la periodista. “A una policía como los Mossos d’Esquadra ya nos gustaría tener relación directa con la CIA, pero evidentemente eso no ha ocurrido”.
- Avisos y amenazas internacionales contra Barcelona.
Pocos minutos después, Ana Pastor le preguntaba directamente a Olivera si se había transmitido a los Mossos alguna alerta de atentado, procedente de servicios secretos extranjeros, sobre una amenaza yihadista contra Barcelona, y su respuesta resultó evasiva e inconsistente.
Fuentes cercanas a los servicios secretos españoles han confirmado a Público que tanto la CIA como otras agencias de inteligencia de países aliados habían advertido desde hace meses de que Barcelona era un objetivo prioritario de los grupos yihadistas. Incluso se produjeron amenazas directas en páginas web islamistas, con ilustraciones alegóricas como la que encabeza este artículo, en la que aparece la Sagrada Familia, que se acaba de identificar como el blanco contra el que inicialmente pretendía atacar el comando, un plan frustrado por la explosión accidental de su arsenal en Alcanar (Tarragona, a 200 kilómetros de las Ramblas), que causó la muerte del imán.
Esas alertas de la inteligencia internacional sobre la amenaza yihadista contra Barcelona sí acabaron llegando a conocimiento de los Mossos, pero siempre por vías extraoficiales e informales, ya que el CITCO no les proporcionaba información.
(Carlos Enrique Bayo, Público)
Enagás, la empresa mimada del Estado
Enagás es una desconocida para la mayoría de la ciudadanía a pesar de que cumple un rol vital para el sistema energético español.
Se trata de una de las empresas estatales privatizadas en los años 1990 que ahora figura entre las mayores compañías privadas de España y forma parte del selectivo bursátil Ibex 35. Antes y después de ser vendida, el Estado ha asegurado su rentabilidad y continuidad incluso en los momentos más difíciles, aunque hoy en día el 95% del beneficio que Enagás reparte cada año va a parar a los bolsillos de los accionistas particulares, la mayoría inversores extranjeros.
El Estado español es el mayor accionista de Enagás, con el 5% del capital que está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es un porcentaje pequeño a primera vista pero que asegura al gobierno el control sobre Enagás gracias a unos estatutos particulares que impiden que ningún accionista pueda tener más del 5% del capital y limitan los derechos políticos al 3%. El control que ejerce el gobierno también explica por qué se trata de la empresa con el mayor número de puertas giratorias, en cuyo consejo se sientan varias exministras y altos cargos, principalmente del Partido Popular, aunque también del PSOE.
- Monopolio de redes.
Enagás es una empresa de infraestructura de gas con más de 1.300 personas en plantilla. A diferencia de Gas Natural Fenosa o Endesa, por ejemplo, no produce combustible ni actúa como vendedor al cliente final, sino que se limita a poner a disposición de otras empresas sus redes, almacenes y plantas regasificadoras a cambio de una tarifa.
Enagás posee y gestiona la red troncal de transporte de gas de España (casi 12.000 kilómetros de gasoductos), además de tres almacenes subterráneos de gas, cuatro plantas de regasificación propias, otras cuatro en proceso de construcción o cogestionadas con otras compañías) y participa en la empresa que controla el gasoducto Magreb-Europa (desde Argelia hasta España y Portugal).
La ley reconoce Enagás desde 2000 como operador técnico del sistema, por lo que en teoría la empresa está obligada a “garantizar la continuidad y seguridad del suministro de gas natural” además de “la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte y la distribución”, labores por las que el Ministerio de Industria fija cada año su retribución (las actividades reguladas representaron el 96,5% de los ingresos de Enagás en 2016).
Un antiguo asesor de José Montilla, el exministro de Industria con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, explica a La Marea, bajo anonimato, que esa retribución, teóricamente fijada por una fórmula matemática, en realidad se establece por criterios políticos.
Cuando hay turbulencias en el sector energético, es habitual que el Ejecutivo intervenga a favor de Enagás. Por ejemplo, cuando en 2014 el gobierno preparaba nuevos recortes en el marco de la reforma del sistema gasista, Enagás no sufrió con el hachazo sino que pasó a convertirse en uno de los valores bursátiles preferidos de analistas e inversores. Se esperaban recortes de 200 millones en el transporte de gas, principal negocio de Enagás, pero finalmente se quedaron en 120 millones.
Un ejemplo más reciente es el de la subida del precio de la luz en enero de 2017 debido, en parte, a la falta de gas natural para alimentar las plantas de ciclo combinado. Como en situaciones anteriores, Enagás no respetó su mandato legal al no advertir de la escasez en el suministro, y contó con la complicidad indirecta del Gobierno y la vista gorda de los entes reguladores (en esa ocasión tuvo que intervenir la Unión Europea para forzar al gobierno a dar más independencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para, por ejemplo, determinar los peajes del sistema gasista). Enagás niega cualquier fallo por su parte y explica que en enero “España tuvo que exportar energía eléctrica a Francia, ante los problemas técnicos en sus centrales nucleares”.
Según el presidente de Enagás, Antonio Llardén, la gestión de la empresa no influyó en la subida del precio de la luz de enero. “El sistema funciona” y el gas permitió “resolver la punta de demanda [debido a la ola de frío] en España y ayudar a Francia”, dijo Llardén tras la crisis del precio de la luz de enero.
Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que “lo que está encareciendo la luz es el gas“, y anunció una investigación de la que después no trascendieron más detalles. Justo antes de que se disparara el precio de la luz, el 29 de diciembre, y apenas un mes después de asumir el cargo, Nadal firmó el ingreso de un total de 103,4 millones de euros a Enagás por los “costes provisionales de operación y mantenimiento” de este año.
Al mismo tiempo que el Ejecutivo cumple un rol activo a favor de los negocios de Enagás, incluso cuando van en detrimento de los compromisos de España en la lucha contra el cambio climático, el Ejecutivo hace la vista gorda cuando no respeta normas como la Ley de Igualdad. Por ejemplo, la gasista se comprometió en 2009 a que al menos el 30% de su consejo y dirección estuviera integrada por mujeres, pero ahora afirma que no alcanzará ese objetivo antes de 2020.
En los últimos años Enagás comenzó su proceso de expansión internacional y ya está presente en ocho países. En América Latina posee negocios en México, Chile y Perú, donde acaba de sufrir un serio varapalo. La empresa forma parte del consorcio con la constructora brasileña Odebrecht, que habría pagado sobornos para obtener la licitación de un importante gasoducto; ahora el proyecto está en suspenso y la Justicia peruana investiga ese esquema de sobornos.
La presencia de Enagás en Europa abarca a Suecia (es copropietaria de la operadora del sistema gasista sueco) y a los países por los que transcurrirá el gasoducto transadriático, un macroproyecto que pretende llevar gas desde Azerbaiyán hasta Italia pasando por Grecia y Albania. Enagás forma parte del consorcio que construye ese gasoducto y cuya sede social está en Suiza.
En los últimos años Bruselas ha expedientado a España en varias ocasiones por mantener los monopolios en las interconexiones con Francia y otros países de Enagás y su homóloga en el mercado eléctrico, Red Eléctrica de España (REE). En septiembre de 2016, la Unión Europea dio un ultimátum al Gobierno para poner fin a ese monopolio y permitir que otras empresas también gestionen las interconexiones de gas y electricidad -gasoductos y líneas de alta tensión- con otros países.
A mediados de julio Enagás presentó sus resultados del primer semestre de 2017: la compañía registró un beneficio neto de 269,1 millones de euros, un 25,6% más que en el mismo periodo de 2016, a pesar del lastre económico que supone la anulación de su proyecto en Perú. Antonio Llardén aprovechó la presentación de resultados para subrayar que la última reforma del gobierno “está funcionando en la buena dirección”. A pesar de la crisis económica y del derrumbe del precio del gas desde el verano de 2014, entre 2008 y 2016 el beneficio de Enagás solo redujo su beneficio en una ocasión (-4,1% en 2015).
- Breve historia de la privatización de Enagás.
Enagás nació de un monopolio público que fue privatizado por sendos gobiernos del PSOE y del PP, como tantas otras empresas. Hoy el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), posee una participación del 5% en Enagás, suficiente para mantener su control, pero el restante 95% está en manos de inversores privados, la gran mayoría fondos extranjeros. Esta es la historia de cómo la joya estatal del gas acabó en manos privadas.
Hace ya tres décadas el gobierno socialista de Felipe González inició la privatización de empresas públicas en los grandes sectores estratégicos: telecomunicaciones, banca, transporte y energía. Cuando José María Aznar llegó al poder, tomó el testigo y continuó vendiendo las participaciones del Estado en esas compañías, labor culminada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (Aena). En aquel afán de vender lo público, dos monopolios estatales pasaron a convertirse en monopolios privados: Enagás y Red Eléctrica de España.
La Empresa Nacional del Gas (Enagás) fue creada en 1972 como brazo gasista del Estado para la construcción y mantenimiento de la red de gasoductos. Enagás pertenecía al Instituto Nacional de Industria, su accionista único hasta 1981, cuando pasó a depender del Instituto Nacional de Hidrocarburos (del que nació Repsol). Fue en 1994, con Felipe González en la presidencia y Juan Manuel Eguiagaray en la cartera de Industria, cuando el gobierno decidió vender sin licitación el 91% de Enagás a Gas Natural -hoy Gas Natural Fenosa– por 51.233 millones de las antiguas pesetas (307,9 millones de euros). El valor corresponde a la recomendación que hizo Santander Investment en un informe encargado por el ministro Eguiagaray. El 9% restante de Enagás quedó en manos del SEPI, el holding que controla las acciones del Estado en distintas empresas.
Algunas voces autorizadas del sector pusieron el grito en el cielo al considerar que la venta, sin concurso y negociada a puerta cerrada, se realizó por debajo de su precio real. El valor de Enagás en los libros de contabilidad del Estado era el doble, mientras que su precio estimado en el mercado triplicaba el monto desembolsado por Gas Natural, empresa que en 2010 fichó como consejero al expresidente González.
El gobierno socialista no solo creó un gran monopolio privado del gas al vender Enagás a Gas Natural. También asumió su elevada deuda (más de 20.000 millones de pesetas) y se comprometió a actuar si había problemas causados por la guerra civil en Argelia -para ello, Gas Natural exigió que el gasoducto Magreb-Europa fuera gestionado por una nueva sociedad llamada Sagane, en la que el Estado controlaba el 91%-.
Es decir, el Estado habría perdido 63.000 millones de pesetas en la pritavización de Enagás, un dato que recoge el informe oficial al que tuvo acceso el diario El Mundo en el año 2000. Según ese informe, el valor de Enagás en 1994 era superior a los 93.000 millones de pesetas. Un portavoz de Gas Natural respondió entonces que “ni el PSOE ni el PP nos han regalado nada” y defendió que el valor de Enagás se estableció en función de las espectativas, no a su valor contable.
Las condiciones y riesgos asumidos por el Estado en la venta de Enagás en 1994 no trascendieron hasta 1997. Ese año, con Aznar en el poder, la SEPI vendió su 9% restante a Gas Natural por 14.000 millones de pesetas (84,4 millones de euros), es decir, el triple del valor que abonó la gasista catalana por cada acción de Enagás en 1994. De esa forma concluyó la privatización completa de Enagás, pero la historia sigue.
- El eslabón perdido del caso Filesa.
El Partido Popular acapara hoy en día la mayoría de casos abiertos por presunta financiación ilegal. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el PSOE protagonizaba los mayores escándalos de corrupción por financiación ilegal de campañas electorales. Entre ellos destacó el caso Filesa a finales de los años 1980.
Este caso de financiación ilegal (por entonces no estaba tipificado el delito de financiación irregular) mediante contratos inflados con la administración pública reportó más de 1.000 millones de pesetas que se destinaron a sufragar actos de campaña del PSOE. En 1989, Felipe González fue reelegido presidente por tercera vez, a pesar del enorme desgaste que acusaba.
Esta era la ubicación de las piezas en el tablero del poder cuando los socialistas vendieron Enagás a la catalana Gas Natural en 1994: por un lado, el gobierno de González debía su estabilidad al apoyo de la extinta Convergència i Unió; la Generalitat de Catalunya estaba en manos de Jordi Pujol, que actualmente está siendo procesado por diversos delitos de corrupción, evasión y malversación junto a varios miembros de su familia. Por aquel entonces, Gas Natural ya pertenecía a Repsol (antigua empresa pública), y a La Caixa, siendo esta última la encargada de nombrar a su presidente.
La sintonía y tratos de favor entre Pujol y La Caixa era ampliamente conocidos, pero ahora, además, queda patente en las declaraciones judiciales de varios miembros de su familia. Según el veterano periodista Carlos Segovia, Pujol habría presionado a González para que vendiera Enagás a Gas Natural por menos de su precio real. Tres años después de la privatización de Enagás, el juez del caso Filesa imputó a un abogado de Gas Natural llamado Felipe Cañellas, quien admitió que la gasista catalana había encargado un informe a Filesa valorado en 8,9 millones de pesetas -bajo la denominación de Catalana de Gas, nombre previo a Gas Natural).
La gasista catalana, que distribuía gas al por menor, tomó el control del mastodonde público que poseía y gestionaba todos los gasoductos del país. “Pujol multiplicó entonces sus presiones para que el pez grande Enagás fuera absorbido por el pez chico Gas Natural”, explica el periodista en un artículo del año 2000 publicado por El Mundo.
- Europa contra los monopolios.
En junio del año 2000, con Rodrigo Rato al frente de Economía y Anna Birulés en Industria, el Gobierno convirtió a Enagás en gestor técnico del sistema gasista español y estableció que la retribución por esta labor la determinaría el ministerio, es decir, el Estado garantizaría la rentabilidad de Enagás mediante órdenes ministeriales.
La ley que regula esta competencia también fijó que nadie podría tener directa o indirectamente más del 35% de las acciones de la empresa, de forma que Gas Natural tuvo que poner en marcha la venta de la mayor parte de su participacicón en Enagás, en concreto un 65% (para quedarse justo con el 35% de la sociedad). Esta norma obedecía una directiva europea de 1996 (de obligado cumplimiento) para evitar que una misma empresa controlara toda la cadena energética (generación, transporte, distribución y comercialización).
Cuatro años después de la entrada en vigor de esa medida, Gas Natural redujo su participación al 29,9% de Enagás, pero una nueva vuelta de tuerca por parte de los reguladores la obligó a seguir reduciendo su presencia en Enagás al 5%, con 2007 como fecha límite, para asegurar que nadie tuviera trato de ventaja para acceder a la red de transporte de gas en España. Por aquel entonces presidía Enagás Antonio González-Adalid, un empresario cercano al Opus Dei que desde mayo de este año forma parte del consejo del Banco Popular. Su sucesor hasta la actualidad es Antonio Llardén, que previamente fue directivo en Gas Natural y presidente de la patronal Sedigás.
El monopolio de facto del que gozó Gas Natural gracias a su poder en Enagás fue debilitándose hasta 2009. La extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) puso como condición a Gas Natural salir de Enagás para autorizar que se hiciera con el control de Unión Fenosa (desde entonces se llama Gas Natural Fenosa). Ese año la gasistas catalana vendió su último 5% por 155 millones de euros a Oman Oil.
Los inversores de Enagás saben que el Estado garantiza su rentabilidad y solvencia, por lo que no entran a discutir en la toma de decisiones y mantienen un perfil bajo, incluso en episodios tan polémicos como el del almacén Castor. Actualmente, más del 75% del capital de Enagás está en manos extranjeras, principalmente de fondos de inversión y bancos de Estados Unidos y Reino Unido. Bank of America es el primer accionista privado de Enagás (3,6% de las acciones), seguido por Crédit Agricole (3,02%) y el fondo BlackRock (3%).
(José Bautista, La Marea)
Se trata de una de las empresas estatales privatizadas en los años 1990 que ahora figura entre las mayores compañías privadas de España y forma parte del selectivo bursátil Ibex 35. Antes y después de ser vendida, el Estado ha asegurado su rentabilidad y continuidad incluso en los momentos más difíciles, aunque hoy en día el 95% del beneficio que Enagás reparte cada año va a parar a los bolsillos de los accionistas particulares, la mayoría inversores extranjeros.
El Estado español es el mayor accionista de Enagás, con el 5% del capital que está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es un porcentaje pequeño a primera vista pero que asegura al gobierno el control sobre Enagás gracias a unos estatutos particulares que impiden que ningún accionista pueda tener más del 5% del capital y limitan los derechos políticos al 3%. El control que ejerce el gobierno también explica por qué se trata de la empresa con el mayor número de puertas giratorias, en cuyo consejo se sientan varias exministras y altos cargos, principalmente del Partido Popular, aunque también del PSOE.
- Monopolio de redes.
Enagás es una empresa de infraestructura de gas con más de 1.300 personas en plantilla. A diferencia de Gas Natural Fenosa o Endesa, por ejemplo, no produce combustible ni actúa como vendedor al cliente final, sino que se limita a poner a disposición de otras empresas sus redes, almacenes y plantas regasificadoras a cambio de una tarifa.
Enagás posee y gestiona la red troncal de transporte de gas de España (casi 12.000 kilómetros de gasoductos), además de tres almacenes subterráneos de gas, cuatro plantas de regasificación propias, otras cuatro en proceso de construcción o cogestionadas con otras compañías) y participa en la empresa que controla el gasoducto Magreb-Europa (desde Argelia hasta España y Portugal).
La ley reconoce Enagás desde 2000 como operador técnico del sistema, por lo que en teoría la empresa está obligada a “garantizar la continuidad y seguridad del suministro de gas natural” además de “la correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte y la distribución”, labores por las que el Ministerio de Industria fija cada año su retribución (las actividades reguladas representaron el 96,5% de los ingresos de Enagás en 2016).
Un antiguo asesor de José Montilla, el exministro de Industria con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, explica a La Marea, bajo anonimato, que esa retribución, teóricamente fijada por una fórmula matemática, en realidad se establece por criterios políticos.
Cuando hay turbulencias en el sector energético, es habitual que el Ejecutivo intervenga a favor de Enagás. Por ejemplo, cuando en 2014 el gobierno preparaba nuevos recortes en el marco de la reforma del sistema gasista, Enagás no sufrió con el hachazo sino que pasó a convertirse en uno de los valores bursátiles preferidos de analistas e inversores. Se esperaban recortes de 200 millones en el transporte de gas, principal negocio de Enagás, pero finalmente se quedaron en 120 millones.
Un ejemplo más reciente es el de la subida del precio de la luz en enero de 2017 debido, en parte, a la falta de gas natural para alimentar las plantas de ciclo combinado. Como en situaciones anteriores, Enagás no respetó su mandato legal al no advertir de la escasez en el suministro, y contó con la complicidad indirecta del Gobierno y la vista gorda de los entes reguladores (en esa ocasión tuvo que intervenir la Unión Europea para forzar al gobierno a dar más independencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para, por ejemplo, determinar los peajes del sistema gasista). Enagás niega cualquier fallo por su parte y explica que en enero “España tuvo que exportar energía eléctrica a Francia, ante los problemas técnicos en sus centrales nucleares”.
Según el presidente de Enagás, Antonio Llardén, la gestión de la empresa no influyó en la subida del precio de la luz de enero. “El sistema funciona” y el gas permitió “resolver la punta de demanda [debido a la ola de frío] en España y ayudar a Francia”, dijo Llardén tras la crisis del precio de la luz de enero.
Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que “lo que está encareciendo la luz es el gas“, y anunció una investigación de la que después no trascendieron más detalles. Justo antes de que se disparara el precio de la luz, el 29 de diciembre, y apenas un mes después de asumir el cargo, Nadal firmó el ingreso de un total de 103,4 millones de euros a Enagás por los “costes provisionales de operación y mantenimiento” de este año.
Al mismo tiempo que el Ejecutivo cumple un rol activo a favor de los negocios de Enagás, incluso cuando van en detrimento de los compromisos de España en la lucha contra el cambio climático, el Ejecutivo hace la vista gorda cuando no respeta normas como la Ley de Igualdad. Por ejemplo, la gasista se comprometió en 2009 a que al menos el 30% de su consejo y dirección estuviera integrada por mujeres, pero ahora afirma que no alcanzará ese objetivo antes de 2020.
En los últimos años Enagás comenzó su proceso de expansión internacional y ya está presente en ocho países. En América Latina posee negocios en México, Chile y Perú, donde acaba de sufrir un serio varapalo. La empresa forma parte del consorcio con la constructora brasileña Odebrecht, que habría pagado sobornos para obtener la licitación de un importante gasoducto; ahora el proyecto está en suspenso y la Justicia peruana investiga ese esquema de sobornos.
La presencia de Enagás en Europa abarca a Suecia (es copropietaria de la operadora del sistema gasista sueco) y a los países por los que transcurrirá el gasoducto transadriático, un macroproyecto que pretende llevar gas desde Azerbaiyán hasta Italia pasando por Grecia y Albania. Enagás forma parte del consorcio que construye ese gasoducto y cuya sede social está en Suiza.
En los últimos años Bruselas ha expedientado a España en varias ocasiones por mantener los monopolios en las interconexiones con Francia y otros países de Enagás y su homóloga en el mercado eléctrico, Red Eléctrica de España (REE). En septiembre de 2016, la Unión Europea dio un ultimátum al Gobierno para poner fin a ese monopolio y permitir que otras empresas también gestionen las interconexiones de gas y electricidad -gasoductos y líneas de alta tensión- con otros países.
A mediados de julio Enagás presentó sus resultados del primer semestre de 2017: la compañía registró un beneficio neto de 269,1 millones de euros, un 25,6% más que en el mismo periodo de 2016, a pesar del lastre económico que supone la anulación de su proyecto en Perú. Antonio Llardén aprovechó la presentación de resultados para subrayar que la última reforma del gobierno “está funcionando en la buena dirección”. A pesar de la crisis económica y del derrumbe del precio del gas desde el verano de 2014, entre 2008 y 2016 el beneficio de Enagás solo redujo su beneficio en una ocasión (-4,1% en 2015).
- Breve historia de la privatización de Enagás.
Enagás nació de un monopolio público que fue privatizado por sendos gobiernos del PSOE y del PP, como tantas otras empresas. Hoy el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), posee una participación del 5% en Enagás, suficiente para mantener su control, pero el restante 95% está en manos de inversores privados, la gran mayoría fondos extranjeros. Esta es la historia de cómo la joya estatal del gas acabó en manos privadas.
Hace ya tres décadas el gobierno socialista de Felipe González inició la privatización de empresas públicas en los grandes sectores estratégicos: telecomunicaciones, banca, transporte y energía. Cuando José María Aznar llegó al poder, tomó el testigo y continuó vendiendo las participaciones del Estado en esas compañías, labor culminada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy (Aena). En aquel afán de vender lo público, dos monopolios estatales pasaron a convertirse en monopolios privados: Enagás y Red Eléctrica de España.
La Empresa Nacional del Gas (Enagás) fue creada en 1972 como brazo gasista del Estado para la construcción y mantenimiento de la red de gasoductos. Enagás pertenecía al Instituto Nacional de Industria, su accionista único hasta 1981, cuando pasó a depender del Instituto Nacional de Hidrocarburos (del que nació Repsol). Fue en 1994, con Felipe González en la presidencia y Juan Manuel Eguiagaray en la cartera de Industria, cuando el gobierno decidió vender sin licitación el 91% de Enagás a Gas Natural -hoy Gas Natural Fenosa– por 51.233 millones de las antiguas pesetas (307,9 millones de euros). El valor corresponde a la recomendación que hizo Santander Investment en un informe encargado por el ministro Eguiagaray. El 9% restante de Enagás quedó en manos del SEPI, el holding que controla las acciones del Estado en distintas empresas.
Algunas voces autorizadas del sector pusieron el grito en el cielo al considerar que la venta, sin concurso y negociada a puerta cerrada, se realizó por debajo de su precio real. El valor de Enagás en los libros de contabilidad del Estado era el doble, mientras que su precio estimado en el mercado triplicaba el monto desembolsado por Gas Natural, empresa que en 2010 fichó como consejero al expresidente González.
El gobierno socialista no solo creó un gran monopolio privado del gas al vender Enagás a Gas Natural. También asumió su elevada deuda (más de 20.000 millones de pesetas) y se comprometió a actuar si había problemas causados por la guerra civil en Argelia -para ello, Gas Natural exigió que el gasoducto Magreb-Europa fuera gestionado por una nueva sociedad llamada Sagane, en la que el Estado controlaba el 91%-.
Es decir, el Estado habría perdido 63.000 millones de pesetas en la pritavización de Enagás, un dato que recoge el informe oficial al que tuvo acceso el diario El Mundo en el año 2000. Según ese informe, el valor de Enagás en 1994 era superior a los 93.000 millones de pesetas. Un portavoz de Gas Natural respondió entonces que “ni el PSOE ni el PP nos han regalado nada” y defendió que el valor de Enagás se estableció en función de las espectativas, no a su valor contable.
Las condiciones y riesgos asumidos por el Estado en la venta de Enagás en 1994 no trascendieron hasta 1997. Ese año, con Aznar en el poder, la SEPI vendió su 9% restante a Gas Natural por 14.000 millones de pesetas (84,4 millones de euros), es decir, el triple del valor que abonó la gasista catalana por cada acción de Enagás en 1994. De esa forma concluyó la privatización completa de Enagás, pero la historia sigue.
- El eslabón perdido del caso Filesa.
El Partido Popular acapara hoy en día la mayoría de casos abiertos por presunta financiación ilegal. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el PSOE protagonizaba los mayores escándalos de corrupción por financiación ilegal de campañas electorales. Entre ellos destacó el caso Filesa a finales de los años 1980.
Este caso de financiación ilegal (por entonces no estaba tipificado el delito de financiación irregular) mediante contratos inflados con la administración pública reportó más de 1.000 millones de pesetas que se destinaron a sufragar actos de campaña del PSOE. En 1989, Felipe González fue reelegido presidente por tercera vez, a pesar del enorme desgaste que acusaba.
Esta era la ubicación de las piezas en el tablero del poder cuando los socialistas vendieron Enagás a la catalana Gas Natural en 1994: por un lado, el gobierno de González debía su estabilidad al apoyo de la extinta Convergència i Unió; la Generalitat de Catalunya estaba en manos de Jordi Pujol, que actualmente está siendo procesado por diversos delitos de corrupción, evasión y malversación junto a varios miembros de su familia. Por aquel entonces, Gas Natural ya pertenecía a Repsol (antigua empresa pública), y a La Caixa, siendo esta última la encargada de nombrar a su presidente.
La sintonía y tratos de favor entre Pujol y La Caixa era ampliamente conocidos, pero ahora, además, queda patente en las declaraciones judiciales de varios miembros de su familia. Según el veterano periodista Carlos Segovia, Pujol habría presionado a González para que vendiera Enagás a Gas Natural por menos de su precio real. Tres años después de la privatización de Enagás, el juez del caso Filesa imputó a un abogado de Gas Natural llamado Felipe Cañellas, quien admitió que la gasista catalana había encargado un informe a Filesa valorado en 8,9 millones de pesetas -bajo la denominación de Catalana de Gas, nombre previo a Gas Natural).
La gasista catalana, que distribuía gas al por menor, tomó el control del mastodonde público que poseía y gestionaba todos los gasoductos del país. “Pujol multiplicó entonces sus presiones para que el pez grande Enagás fuera absorbido por el pez chico Gas Natural”, explica el periodista en un artículo del año 2000 publicado por El Mundo.
- Europa contra los monopolios.
En junio del año 2000, con Rodrigo Rato al frente de Economía y Anna Birulés en Industria, el Gobierno convirtió a Enagás en gestor técnico del sistema gasista español y estableció que la retribución por esta labor la determinaría el ministerio, es decir, el Estado garantizaría la rentabilidad de Enagás mediante órdenes ministeriales.
La ley que regula esta competencia también fijó que nadie podría tener directa o indirectamente más del 35% de las acciones de la empresa, de forma que Gas Natural tuvo que poner en marcha la venta de la mayor parte de su participacicón en Enagás, en concreto un 65% (para quedarse justo con el 35% de la sociedad). Esta norma obedecía una directiva europea de 1996 (de obligado cumplimiento) para evitar que una misma empresa controlara toda la cadena energética (generación, transporte, distribución y comercialización).
Cuatro años después de la entrada en vigor de esa medida, Gas Natural redujo su participación al 29,9% de Enagás, pero una nueva vuelta de tuerca por parte de los reguladores la obligó a seguir reduciendo su presencia en Enagás al 5%, con 2007 como fecha límite, para asegurar que nadie tuviera trato de ventaja para acceder a la red de transporte de gas en España. Por aquel entonces presidía Enagás Antonio González-Adalid, un empresario cercano al Opus Dei que desde mayo de este año forma parte del consejo del Banco Popular. Su sucesor hasta la actualidad es Antonio Llardén, que previamente fue directivo en Gas Natural y presidente de la patronal Sedigás.
El monopolio de facto del que gozó Gas Natural gracias a su poder en Enagás fue debilitándose hasta 2009. La extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) puso como condición a Gas Natural salir de Enagás para autorizar que se hiciera con el control de Unión Fenosa (desde entonces se llama Gas Natural Fenosa). Ese año la gasistas catalana vendió su último 5% por 155 millones de euros a Oman Oil.
Los inversores de Enagás saben que el Estado garantiza su rentabilidad y solvencia, por lo que no entran a discutir en la toma de decisiones y mantienen un perfil bajo, incluso en episodios tan polémicos como el del almacén Castor. Actualmente, más del 75% del capital de Enagás está en manos extranjeras, principalmente de fondos de inversión y bancos de Estados Unidos y Reino Unido. Bank of America es el primer accionista privado de Enagás (3,6% de las acciones), seguido por Crédit Agricole (3,02%) y el fondo BlackRock (3%).
(José Bautista, La Marea)
Alquilar una vivienda, el último escollo de la odisea de los refugiados sirios
Refugiados en Madrid
Los problemas de los demandantes de asilo en España
Mientras la integración cultural es plena y rápida, tienen dificultades para encontrar una casa cuando tienen que abandonar los pisos cedidos
Los expertos creen que hay muchos y variados factores: desde un mercado de vivienda complicado para el alquiler, hasta miedo al extranjero
2.975 ciudadanos sirios solicitaron protección internacional en España durante 2016, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Cuando una familia siria cruza la frontera española, su objetivo cambia: se acabó la huida, comienza el inicio de la nueva vida. También hay un apagón mediático. Los demandantes de asilo tienen dos años como máximo para adaptarse a un nuevo país y a una nueva cultura. Tienen que aprender el idioma en un tiempo récord para integrarse plenamente en la sociedad. Con todas las consecuencias. Aunque la adaptación cultural es muy buena, encontrar una vivienda es uno de los principales escollos a los que se enfrentan.
“Cruz Roja ha atendido en total a unas 9.500 personas solicitantes de asilo de origen sirio en todos nuestros programas. Llevamos 30 años trabajando con refugiados, aunque ahora hay un volumen muy superior. Desde 2015, hemos tenido que aumentar nuestra capacidad un 10% para atender la demanda”, explica el subdirector del Departamento de Inclusión Social de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa. Este experto reconoce que las acogidas suelen tener éxito: “Se suelen adaptar muy bien a la sociedad española. Quizá sea por el carácter mediterráneo o por nuestro pasado árabe, pero se sienten a gusto”, explica el experto.
Cuando pisan suelo español ya han logrado superar lo más difícil: la llegada. “No hay voluntad política de los gobiernos para acoger. No está desarrollada la ley de asilo y, por ejemplo, no es posible pedir la protección internacional en un consulado o embajada en el país de origen, así que la gente que huye del hambre o la guerra viene por el aeropuerto o por las fronteras. En los últimos años se ha llevado a cabo una política de endurecimiento”, argumenta Paco Garrido, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Madrid. Una guerra civil tan larga tiene consecuencias más allá de las solicitudes masivas. No solo se trata del número de personas que llega, sino también de cómo: “Estos refugiados cada vez vienen peor psicológicamente. Las condiciones de su país de origen son cada vez más duras y las sufren de manera más prolongada”, explica este experto que lleva años trabajando con esta población.
Hay tres vías por las que un refugiado llega a España: por reubicación (desde países europeos como Grecia o Italia), el reasentamiento (procedentes de países como Líbano, Turquía u otros no comunitarios) y por las fronteras naturales (Ceuta, Melilla o las costas) o el avión, que son las mayoritarias. Es decir, el compromiso de acoger refugiados de los gobiernos europeos es solo una pequeña parte del total de las llegadas. Cuando una de estas personas pisa suelo español y solicita protección internacional entra en un programa de 18 meses prorrogables hasta los dos años. Los seis primeros (ampliables) son de acogida y residen en un centro. Sus necesidades básicas están cubiertas, tienen asistencia psicológica y comienza a aprender el idioma. En una segunda fase, que dura otro año, se les prepara para la normalidad, se les ayuda a encontrar trabajo y a alquilar un piso y se escolariza a los niños.
Según las fuentes consultadas, no se puede trazar un perfil exacto del refugiado sirio: provienen de todos los estratos socieconómicos y tienen diferente formación. Suelen viajar con sus familias y no de forma individual, aunque las llegadas son variadas. Pero tras los seis años que han pasado desde el inicio de la guerra de Siria, hay algo que Sánchez Espinosa reconoce que ha cambiado: “Hace unos años, los refugiados cambiaban con más frecuencia de país tras la fase de adaptación, pero hoy deciden quedarse. Esto es porque se están asentado y encuentran más redes sociales que hace unos años. Esto es muy importante”.
Aunque el sistema funciona bien, la capacidad de las ONGs está al límite: “Ahora está muy saturado y es difícil encontrar plaza en los centros. Es importante recalcar que estas personas no compiten por los recursos con el resto de ciudadanía, tienen partidas propias. Acoger a los refugiados no es solidaridad, es un derecho y un deber. Cuando llegan a un país nuevo, lo primero que quieren es sentirse útiles, poder trabajar y ser productivos como hacían en el estado del que vienen”, explica Garrido.
- El problema de la vivienda.
Aunque hay excepciones, los refugiados sirios se adaptan rápido y bien a la sociedad española. Pero tras los primeros meses, comienzan a sufrir los mismos problemas que el resto de la población española, incluida la dificultad de encontrar trabajo y una casa propia. “La mayoría de familias consigue tener ingresos propios al finalizar el programa, aunque sea en trabajos temporales. Pero es cierto que encontrar una casa es difícil, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde los pisos suelen ser un poco más costosos”, explica Sánchez Espinosa. El problema es complejo y las razones por las que no encuentran un hogar son múltiples: desde la desconfianza a lo extranjero, hasta islamofobia en algunos casos, un mercado inmobiliario complicado para el alquiler o la gentrificación de algunos barrios que hace que los precios suban. Quizá también haya algo del recelo hacia las personas con menos recursos que la filósofa Adela Cortina describe en su libro ‘Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia’.
Son los problemas con los que se han encontrado Hanan y Majed, una pareja de refugiados sirios que reside junto a sus dos hijos pequeños en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, uno de los primeros en acoger a estas personas cuando estalló la crisis migratoria. Este consistorio cuenta con un dispositivo de cinco pisos con un total de 28 plazas gestionadas por CEAR. Esta familia disfrutaba de una vida “cómoda” en la Siria anterior a 2011. Tenían un trabajo, una casa y un coche, como cualquier familia de clase media occidental. Hasta que estalló la guerra y se enquistó el conflicto. Entonces, decidieron salir del país para salvar el futuro de sus hijos. “La vida se hizo insoportable. Los disparos eran continuos. Mi marido trabajaba en una fábrica y allí también hubo tiros. Decidimos abandonar el país por nuestros niños. Lloraban cuando venía gente a casa y tenían miedo a la policía. Aún les ocurre cuando ven un agente en España”, explica Hanan, la madre de los pequeños.
Un día, empujados por el miedo, esta pareja decidió coger a sus dos hijos y marchar a Turquía. Tras llegar a este nuevo país y estar una temporada, decidieron, de nuevo, jugárselo todo a una carta: se embarcaron en una lancha para llegar a las costas griegas y encallar en la Unión Europea. Allí entraron en un programa de refugiados, donde les asignaron España como país de acogida. Ellos pensaban en otros estados como Finlandia, Alemania o Noruega, donde tienen amigos o familiares y donde la situación económica es más próspera. No les dieron a elegir.
La poca atracción que les despertaba España coincide con las estadísticas oficiales. Mientras que en 2016, el total de solicitudes en nuestro país ascendió a 15.755, en Alemania fue de 745.265, en Italia de 123.370 y en Francia de 83.485. Del total de peticiones dentro de nuestras fronteras, el 33% son rechazadas. Dentro del 67% restante (6.855), a la inmensa mayoría se le concede una protección subsidiaria (6.500), mientras una pequeña parte alcanza el estatuto del refugiado (355), según cifras de CEAR.
Tanto el matrimonio como sus hijos se han adaptado pronto a un barrio tranquilo, en el que se vive bien y donde todo el mundo quiere quedarse. Y quizá ese sea el problema: hay pocas viviendas y su precio es elevado para las ayudas de las que dispone esta familia. Tras pasar la primera etapa de acogida, tienen que dejar estos pisos cedidos y buscar una vivienda propia. “Llevamos varios meses buscando un piso. Nadie nos alquila una casa porque somos refugiados”, explica Majed. Los arrendadores les piden papeles que para ellos son imposibles de conseguir: no tienen un contrato fijo, ni avales, ni, por supuesto, ahorros para una fianza. “Hay veces que nos han colgado el teléfono”, insisten.
- Ahlam y Thamer: cinco hijos y necesidades especiales.
“Mi profesora también quiere que me quede”, bromea uno de los cinco hijos de Ahlam y Thamer durante la entrevista. Hemos cambiado de entrevistados, pero seguimos en el mismo escenario. Las preocupaciones también se repiten. En esta ocasión, los protagonistas son un matrimonio sirio con cinco hijos, uno de ellos con necesidades especiales, que también vive en Rivas.
Su hijo Omar es el talismán de esta pareja y también su principal preocupación. La discapacidad física e intelectual que sufre el joven hizo que el ejército les dejase escapar de Alepo hace casi dos años, cuando la ciudad estaba sitiada: “Fuimos al hospital y conseguimos un informe que constaba que nuestro hijo tiene una discapacidad. Nos dejaron salir y nos quitaron todas nuestras pertenencias. Caminamos varios kilómetros bajo el sol”, explica Thamer, el padre del muchacho que permanece a su lado en silla de ruedas.
Antes de la guerra, Thamer trabajaba como conductor para el Estado. Cuando abandonaron su casa, se fueron a otro terreno que poseían no muy lejos, donde creían que estarían seguros. Pero fue un espejismo que se disipó pronto: “Durante cuatro meses no vimos ni una patata. Solo teníamos pan y agua. Vendimos la joyería de oro de mi mujer para comprar comida, pero no había alimentos por la restricción”, explica el cabeza de familia. Allí no quedaba nada. Según Save the Children, ni siquiera pasa el bloqueo la ayuda humanitaria. De los alimentos enviados, solo llegó a un 9% de los más de cuatro millones y medio de personas que se encuentran bajo asedio. Ante la cantidad de personas que morían de hambre a su alrededor, decidieron salir con sus cinco hijos del país para evitar un mismo destino, pasando antes a recoger a la madre de ella y al hermano de él.
En la larga travesía desde Siria a Turquía dejaron mucho dolor. La madre de Ahlam no soportó la caminata bajo el sol y falleció en el intento de alcanzar Turquía. “Cuando llegamos a la frontera pagamos a algunas personas para que nos pasasen, pero desaparecieron, así que cambiamos de entrada”, explica Thamer, dejando en evidencia los abusos que las mafias ejercen contra los refugiados que intentan cruzar la frontera. Ya en Turquía permanecieron unos meses hasta que tuvieron una reunión en la embajada española. “Nos prometieron que cuando vinieramos nos ayudarían y que ya no tendríamos que movernos más”, repite desesperada Ahlam.
En sus cinco hijos no hay ni un rastro de la guerra. Juguetean alrededor de sus padres, los más pequeños se aburren durante la conversación y los mayores ayudan a sus progenitores a entenderse con la traductora. Tienen amigos en el instituto y no quieren irse de Rivas. No quieren volver a empezar. Pero si hay alguno de ellos que les preocupa es Omar: “Necesita cuidados especiales”, repite Thamer.
Desde el ayuntamiento de Rivas insisten: “Queremos que estas familias se queden en nuestro municipio y haremos todo lo posible para que así sea”. En medio de la crisis de refugiados que estalló en 2015, fue uno de los pocos consistorios que apostó por la acogida, pero reconocen que no hay viviendas disponibles con una demanda tan alta. Las dos familias sufren el mismo problema: han cumplido con su parte y se han integrado, pero la incertidumbre continúa.
(Sara Montero, Cuarto Poder)
Los problemas de los demandantes de asilo en España
Mientras la integración cultural es plena y rápida, tienen dificultades para encontrar una casa cuando tienen que abandonar los pisos cedidos
Los expertos creen que hay muchos y variados factores: desde un mercado de vivienda complicado para el alquiler, hasta miedo al extranjero
2.975 ciudadanos sirios solicitaron protección internacional en España durante 2016, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Cuando una familia siria cruza la frontera española, su objetivo cambia: se acabó la huida, comienza el inicio de la nueva vida. También hay un apagón mediático. Los demandantes de asilo tienen dos años como máximo para adaptarse a un nuevo país y a una nueva cultura. Tienen que aprender el idioma en un tiempo récord para integrarse plenamente en la sociedad. Con todas las consecuencias. Aunque la adaptación cultural es muy buena, encontrar una vivienda es uno de los principales escollos a los que se enfrentan.
“Cruz Roja ha atendido en total a unas 9.500 personas solicitantes de asilo de origen sirio en todos nuestros programas. Llevamos 30 años trabajando con refugiados, aunque ahora hay un volumen muy superior. Desde 2015, hemos tenido que aumentar nuestra capacidad un 10% para atender la demanda”, explica el subdirector del Departamento de Inclusión Social de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa. Este experto reconoce que las acogidas suelen tener éxito: “Se suelen adaptar muy bien a la sociedad española. Quizá sea por el carácter mediterráneo o por nuestro pasado árabe, pero se sienten a gusto”, explica el experto.
Cuando pisan suelo español ya han logrado superar lo más difícil: la llegada. “No hay voluntad política de los gobiernos para acoger. No está desarrollada la ley de asilo y, por ejemplo, no es posible pedir la protección internacional en un consulado o embajada en el país de origen, así que la gente que huye del hambre o la guerra viene por el aeropuerto o por las fronteras. En los últimos años se ha llevado a cabo una política de endurecimiento”, argumenta Paco Garrido, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Madrid. Una guerra civil tan larga tiene consecuencias más allá de las solicitudes masivas. No solo se trata del número de personas que llega, sino también de cómo: “Estos refugiados cada vez vienen peor psicológicamente. Las condiciones de su país de origen son cada vez más duras y las sufren de manera más prolongada”, explica este experto que lleva años trabajando con esta población.
Hay tres vías por las que un refugiado llega a España: por reubicación (desde países europeos como Grecia o Italia), el reasentamiento (procedentes de países como Líbano, Turquía u otros no comunitarios) y por las fronteras naturales (Ceuta, Melilla o las costas) o el avión, que son las mayoritarias. Es decir, el compromiso de acoger refugiados de los gobiernos europeos es solo una pequeña parte del total de las llegadas. Cuando una de estas personas pisa suelo español y solicita protección internacional entra en un programa de 18 meses prorrogables hasta los dos años. Los seis primeros (ampliables) son de acogida y residen en un centro. Sus necesidades básicas están cubiertas, tienen asistencia psicológica y comienza a aprender el idioma. En una segunda fase, que dura otro año, se les prepara para la normalidad, se les ayuda a encontrar trabajo y a alquilar un piso y se escolariza a los niños.
Según las fuentes consultadas, no se puede trazar un perfil exacto del refugiado sirio: provienen de todos los estratos socieconómicos y tienen diferente formación. Suelen viajar con sus familias y no de forma individual, aunque las llegadas son variadas. Pero tras los seis años que han pasado desde el inicio de la guerra de Siria, hay algo que Sánchez Espinosa reconoce que ha cambiado: “Hace unos años, los refugiados cambiaban con más frecuencia de país tras la fase de adaptación, pero hoy deciden quedarse. Esto es porque se están asentado y encuentran más redes sociales que hace unos años. Esto es muy importante”.
Aunque el sistema funciona bien, la capacidad de las ONGs está al límite: “Ahora está muy saturado y es difícil encontrar plaza en los centros. Es importante recalcar que estas personas no compiten por los recursos con el resto de ciudadanía, tienen partidas propias. Acoger a los refugiados no es solidaridad, es un derecho y un deber. Cuando llegan a un país nuevo, lo primero que quieren es sentirse útiles, poder trabajar y ser productivos como hacían en el estado del que vienen”, explica Garrido.
- El problema de la vivienda.
Aunque hay excepciones, los refugiados sirios se adaptan rápido y bien a la sociedad española. Pero tras los primeros meses, comienzan a sufrir los mismos problemas que el resto de la población española, incluida la dificultad de encontrar trabajo y una casa propia. “La mayoría de familias consigue tener ingresos propios al finalizar el programa, aunque sea en trabajos temporales. Pero es cierto que encontrar una casa es difícil, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde los pisos suelen ser un poco más costosos”, explica Sánchez Espinosa. El problema es complejo y las razones por las que no encuentran un hogar son múltiples: desde la desconfianza a lo extranjero, hasta islamofobia en algunos casos, un mercado inmobiliario complicado para el alquiler o la gentrificación de algunos barrios que hace que los precios suban. Quizá también haya algo del recelo hacia las personas con menos recursos que la filósofa Adela Cortina describe en su libro ‘Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia’.
Son los problemas con los que se han encontrado Hanan y Majed, una pareja de refugiados sirios que reside junto a sus dos hijos pequeños en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, uno de los primeros en acoger a estas personas cuando estalló la crisis migratoria. Este consistorio cuenta con un dispositivo de cinco pisos con un total de 28 plazas gestionadas por CEAR. Esta familia disfrutaba de una vida “cómoda” en la Siria anterior a 2011. Tenían un trabajo, una casa y un coche, como cualquier familia de clase media occidental. Hasta que estalló la guerra y se enquistó el conflicto. Entonces, decidieron salir del país para salvar el futuro de sus hijos. “La vida se hizo insoportable. Los disparos eran continuos. Mi marido trabajaba en una fábrica y allí también hubo tiros. Decidimos abandonar el país por nuestros niños. Lloraban cuando venía gente a casa y tenían miedo a la policía. Aún les ocurre cuando ven un agente en España”, explica Hanan, la madre de los pequeños.
Un día, empujados por el miedo, esta pareja decidió coger a sus dos hijos y marchar a Turquía. Tras llegar a este nuevo país y estar una temporada, decidieron, de nuevo, jugárselo todo a una carta: se embarcaron en una lancha para llegar a las costas griegas y encallar en la Unión Europea. Allí entraron en un programa de refugiados, donde les asignaron España como país de acogida. Ellos pensaban en otros estados como Finlandia, Alemania o Noruega, donde tienen amigos o familiares y donde la situación económica es más próspera. No les dieron a elegir.
La poca atracción que les despertaba España coincide con las estadísticas oficiales. Mientras que en 2016, el total de solicitudes en nuestro país ascendió a 15.755, en Alemania fue de 745.265, en Italia de 123.370 y en Francia de 83.485. Del total de peticiones dentro de nuestras fronteras, el 33% son rechazadas. Dentro del 67% restante (6.855), a la inmensa mayoría se le concede una protección subsidiaria (6.500), mientras una pequeña parte alcanza el estatuto del refugiado (355), según cifras de CEAR.
Tanto el matrimonio como sus hijos se han adaptado pronto a un barrio tranquilo, en el que se vive bien y donde todo el mundo quiere quedarse. Y quizá ese sea el problema: hay pocas viviendas y su precio es elevado para las ayudas de las que dispone esta familia. Tras pasar la primera etapa de acogida, tienen que dejar estos pisos cedidos y buscar una vivienda propia. “Llevamos varios meses buscando un piso. Nadie nos alquila una casa porque somos refugiados”, explica Majed. Los arrendadores les piden papeles que para ellos son imposibles de conseguir: no tienen un contrato fijo, ni avales, ni, por supuesto, ahorros para una fianza. “Hay veces que nos han colgado el teléfono”, insisten.
- Ahlam y Thamer: cinco hijos y necesidades especiales.
“Mi profesora también quiere que me quede”, bromea uno de los cinco hijos de Ahlam y Thamer durante la entrevista. Hemos cambiado de entrevistados, pero seguimos en el mismo escenario. Las preocupaciones también se repiten. En esta ocasión, los protagonistas son un matrimonio sirio con cinco hijos, uno de ellos con necesidades especiales, que también vive en Rivas.
Su hijo Omar es el talismán de esta pareja y también su principal preocupación. La discapacidad física e intelectual que sufre el joven hizo que el ejército les dejase escapar de Alepo hace casi dos años, cuando la ciudad estaba sitiada: “Fuimos al hospital y conseguimos un informe que constaba que nuestro hijo tiene una discapacidad. Nos dejaron salir y nos quitaron todas nuestras pertenencias. Caminamos varios kilómetros bajo el sol”, explica Thamer, el padre del muchacho que permanece a su lado en silla de ruedas.
Antes de la guerra, Thamer trabajaba como conductor para el Estado. Cuando abandonaron su casa, se fueron a otro terreno que poseían no muy lejos, donde creían que estarían seguros. Pero fue un espejismo que se disipó pronto: “Durante cuatro meses no vimos ni una patata. Solo teníamos pan y agua. Vendimos la joyería de oro de mi mujer para comprar comida, pero no había alimentos por la restricción”, explica el cabeza de familia. Allí no quedaba nada. Según Save the Children, ni siquiera pasa el bloqueo la ayuda humanitaria. De los alimentos enviados, solo llegó a un 9% de los más de cuatro millones y medio de personas que se encuentran bajo asedio. Ante la cantidad de personas que morían de hambre a su alrededor, decidieron salir con sus cinco hijos del país para evitar un mismo destino, pasando antes a recoger a la madre de ella y al hermano de él.
En la larga travesía desde Siria a Turquía dejaron mucho dolor. La madre de Ahlam no soportó la caminata bajo el sol y falleció en el intento de alcanzar Turquía. “Cuando llegamos a la frontera pagamos a algunas personas para que nos pasasen, pero desaparecieron, así que cambiamos de entrada”, explica Thamer, dejando en evidencia los abusos que las mafias ejercen contra los refugiados que intentan cruzar la frontera. Ya en Turquía permanecieron unos meses hasta que tuvieron una reunión en la embajada española. “Nos prometieron que cuando vinieramos nos ayudarían y que ya no tendríamos que movernos más”, repite desesperada Ahlam.
En sus cinco hijos no hay ni un rastro de la guerra. Juguetean alrededor de sus padres, los más pequeños se aburren durante la conversación y los mayores ayudan a sus progenitores a entenderse con la traductora. Tienen amigos en el instituto y no quieren irse de Rivas. No quieren volver a empezar. Pero si hay alguno de ellos que les preocupa es Omar: “Necesita cuidados especiales”, repite Thamer.
Desde el ayuntamiento de Rivas insisten: “Queremos que estas familias se queden en nuestro municipio y haremos todo lo posible para que así sea”. En medio de la crisis de refugiados que estalló en 2015, fue uno de los pocos consistorios que apostó por la acogida, pero reconocen que no hay viviendas disponibles con una demanda tan alta. Las dos familias sufren el mismo problema: han cumplido con su parte y se han integrado, pero la incertidumbre continúa.
(Sara Montero, Cuarto Poder)
Espirales de mierda (Elisa Beni)
Los borbotones de desechos que estamos viendo subir nos muestran la confianza de algunas minorías en que es posible un futuro en el que sus tesis triunfen
La superficie de nuestras pulidas democracias se ve de forma creciente asaltada por grumos de cieno, de fango pútrido, de mierda, vamos; que suben a borbotones desde los más profundos y oscuros rincones de unas sociedades amansadas y domesticadas.
Estábamos bañándonos en principios que creíamos irreversibles cuando llega una burbuja de lodo y nos estalla en plena cara. Acaba de suceder en Estados Unidos. Es sólo el último episodio, aunque nadie podría decir cuántos avisos más llegaremos a recibir antes de la erupción final. Los racistas se han mostrado con una nitidez que nadie hubiera esperado volver a ver. Ante la violencia que supone la mera expresión de palabras como "supremacismo blanco" y ante la voluntad decidida de quienes no están dispuestos a observar de brazos cruzados cómo destruyen la sociedad que tantas vidas costó construir, Trump sólo ha opuesto una postura de equidistancia inadmisible.
La equidistancia es la mayor trampa moral en la que puede caer un pueblo. La manipulación ha conseguido que millones de personas crean que ante situaciones terribles es posible no posicionarse y que consideran virtuoso mantener una postura a medio camino. Aristóteles marcó el punto medio, el equidistante, como el virtuoso entre dos extremos viciosos. Ambos extremos deben ser moralmente malos para que la virtud se sitúe en ese punto. Por eso es evidente que entre el bien y el mal no hay equidistancia posible. Sólo cabe posicionarse junto al bien. Entre el racismo y el antirracismo, sólo cabe alinearse firmemente con la igualdad esencial de todos los seres humanos. Si nos presentan un dilema entre el fascismo y los antifascistas, sólo contra el fascismo estaremos ejerciendo la virtud.
La falsa equidistancia está ayudando a reescribir muchos episodios históricos, logrando blanquear posiciones que sólo pueden ser reprobables. Es lo que sucede en España con los que pretenden blanquear la dictadura y el golpe militar que la provocó, afirmando que ambos bandos eran "igual de malos", que ambos bandos hicieron el mal y obviando que entre la legalidad democrática y la rebelión militar no es posible una equidistancia moral. Tampoco sirve esa equidistancia de muchos hombres entre el machismo y el feminismo, como si entre la igualdad y la supremacía ambos extremos fueran igual de virtuosos.
Las espirales de mierda cada vez fluyen más fácil a través de espacios de comunicación poco propicios a la reflexión. Los que pretenden conseguir sus objetivos, no siempre éticos como queda dicho, saben que el silencio tiende a ahogar las opiniones minoritarias y en ello trabajan. Han decidido utilizar lo que los neurocientíficos denominan la "estrategia reptiliana" que sirve ahora para neuromanipular en un campo tan proclive como las redes sociales.
Ya saben la teoría, de los tres cerebros que usa el humano, el reptiliano es aquel que conserva las indicaciones primitivas referidas a los instintos. Sólo hay que dirigirnos a este cerebro, saltando sobre los dos racionales, para conseguir opiniones viscerales que aparecen como ineludibles para sus emisores. El cerebro reptiliano es antiguo, profundo y persistente. Cuando nos mueve hace parecer que sólo esa respuesta es posible. No creo que necesiten ejemplos muy recientes de cómo hay discursos que se dirigen a los instintos, que obtienen respuestas de alto voltaje. El cerebro reptiliano cree que si estamos en riesgo, nada hay más importante que salvarnos. Y a ello se pone, aunque sean todos los valores democráticos los que estén en riesgo de perecer. Para nuestro reptil sólo nosotros y nuestra supervivencia son importantes.
En este siglo en el que ya la religión apenas tiene capacidad de censura y en el que hemos alcanzado enormes cotas de libertad individual, la opinión pública es la forma de control social. Ahora es cuando vemos hasta qué punto fue preclara Noelle-Neumann cuando describió lo que ella llamó la Teoría de la Espiral del Silencio. La sociedad siempre ha amenazado con el aislamiento a los individuos que se atrevían a expresar opiniones contrarias a las de facto mayoritarias. Así, esa espiral del silencio consigue que las opiniones minoritarias se acaben auto silenciando para no exponerse al rechazo social.
Este mecanismo de control social había conseguido que en un orden jurídico-político que consagra como derecho fundamental la libertad de expresión, sin recurrir apenas a la represión penal, muchas ideas inaceptables hubieran desaparecido prácticamente del tejido visible de la opinión pública. Las propuestas nazis, supremacistas blancas, homófobas o fascistas permanecieron durante mucho tiempo tras la II Guerra Mundial en ese fondo de lodos radioactivos que no osaba aflorar a la superficie porque se sabían opiniones inaceptables y minoritarias y porque, como dijo Locke, "nadie escapa al castigo de su censura y su desagrado, si atenta contra la moda y contra la opinión de las compañías que frecuenta".
¿Y cómo está aflorando la mierda entonces?, se preguntarán. Pues porque esa espiral del silencio puede ser superada y de hecho lo está siendo. Noelle-Neumann ya sabía que existe la posibilidad de que una minoría convencida del futuro dominante de su opinión, decida oponerse y convertirse en opinión dominante frente a una mayoría dubitativa o con opiniones poco arraigadas. Era alemana, tampoco lo olvidemos. Los borbotones de desechos que estamos viendo subir nos muestran la confianza de esas minorías en que ese futuro en el que sus tesis triunfen es posible. "No hay uno entre diez mil lo suficientemente firme e insensible para soportar el desprecio y la censura permanente de su propio círculo", escribía Locke. No conocía Twitter ni Facebook. Trump, sí.
Al hilo de las opiniones beligerantes con los inmigrantes, de lo que sucede en el Mediterráneo, de la despreocupación por los gobiernos de la ultraderecha en Europa o, incluso, con el apoyo que muchos prestaron en sus redes a Marine Le Pen, tendremos que empezar a temer que ya no sean tan minoritarias esas corrientes y que estén subiendo rápidamente hacia la parte más amplia y visible de la espiral.
Ante este peligro sólo cabe incrementar la valentía y la racionalidad. Sojuzgar a ese reptil que nos habita y colonizar con voces que hablen de derechos y libertades, de igualdad y de justicia el espacio público. Dejar de ser una mayoría silenciosa frente a la minoría ruidosa que nos quiere arrebatar el mundo que construimos.
Los borbotones de mierda son cada vez más grandes y su frecuencia mayor. Son avisos que sólo podremos parar mientras no nos haya anegado. Después será la libertad la que esté en el fondo.
(El Diario)
La superficie de nuestras pulidas democracias se ve de forma creciente asaltada por grumos de cieno, de fango pútrido, de mierda, vamos; que suben a borbotones desde los más profundos y oscuros rincones de unas sociedades amansadas y domesticadas.
Estábamos bañándonos en principios que creíamos irreversibles cuando llega una burbuja de lodo y nos estalla en plena cara. Acaba de suceder en Estados Unidos. Es sólo el último episodio, aunque nadie podría decir cuántos avisos más llegaremos a recibir antes de la erupción final. Los racistas se han mostrado con una nitidez que nadie hubiera esperado volver a ver. Ante la violencia que supone la mera expresión de palabras como "supremacismo blanco" y ante la voluntad decidida de quienes no están dispuestos a observar de brazos cruzados cómo destruyen la sociedad que tantas vidas costó construir, Trump sólo ha opuesto una postura de equidistancia inadmisible.
La equidistancia es la mayor trampa moral en la que puede caer un pueblo. La manipulación ha conseguido que millones de personas crean que ante situaciones terribles es posible no posicionarse y que consideran virtuoso mantener una postura a medio camino. Aristóteles marcó el punto medio, el equidistante, como el virtuoso entre dos extremos viciosos. Ambos extremos deben ser moralmente malos para que la virtud se sitúe en ese punto. Por eso es evidente que entre el bien y el mal no hay equidistancia posible. Sólo cabe posicionarse junto al bien. Entre el racismo y el antirracismo, sólo cabe alinearse firmemente con la igualdad esencial de todos los seres humanos. Si nos presentan un dilema entre el fascismo y los antifascistas, sólo contra el fascismo estaremos ejerciendo la virtud.
La falsa equidistancia está ayudando a reescribir muchos episodios históricos, logrando blanquear posiciones que sólo pueden ser reprobables. Es lo que sucede en España con los que pretenden blanquear la dictadura y el golpe militar que la provocó, afirmando que ambos bandos eran "igual de malos", que ambos bandos hicieron el mal y obviando que entre la legalidad democrática y la rebelión militar no es posible una equidistancia moral. Tampoco sirve esa equidistancia de muchos hombres entre el machismo y el feminismo, como si entre la igualdad y la supremacía ambos extremos fueran igual de virtuosos.
Las espirales de mierda cada vez fluyen más fácil a través de espacios de comunicación poco propicios a la reflexión. Los que pretenden conseguir sus objetivos, no siempre éticos como queda dicho, saben que el silencio tiende a ahogar las opiniones minoritarias y en ello trabajan. Han decidido utilizar lo que los neurocientíficos denominan la "estrategia reptiliana" que sirve ahora para neuromanipular en un campo tan proclive como las redes sociales.
Ya saben la teoría, de los tres cerebros que usa el humano, el reptiliano es aquel que conserva las indicaciones primitivas referidas a los instintos. Sólo hay que dirigirnos a este cerebro, saltando sobre los dos racionales, para conseguir opiniones viscerales que aparecen como ineludibles para sus emisores. El cerebro reptiliano es antiguo, profundo y persistente. Cuando nos mueve hace parecer que sólo esa respuesta es posible. No creo que necesiten ejemplos muy recientes de cómo hay discursos que se dirigen a los instintos, que obtienen respuestas de alto voltaje. El cerebro reptiliano cree que si estamos en riesgo, nada hay más importante que salvarnos. Y a ello se pone, aunque sean todos los valores democráticos los que estén en riesgo de perecer. Para nuestro reptil sólo nosotros y nuestra supervivencia son importantes.
En este siglo en el que ya la religión apenas tiene capacidad de censura y en el que hemos alcanzado enormes cotas de libertad individual, la opinión pública es la forma de control social. Ahora es cuando vemos hasta qué punto fue preclara Noelle-Neumann cuando describió lo que ella llamó la Teoría de la Espiral del Silencio. La sociedad siempre ha amenazado con el aislamiento a los individuos que se atrevían a expresar opiniones contrarias a las de facto mayoritarias. Así, esa espiral del silencio consigue que las opiniones minoritarias se acaben auto silenciando para no exponerse al rechazo social.
Este mecanismo de control social había conseguido que en un orden jurídico-político que consagra como derecho fundamental la libertad de expresión, sin recurrir apenas a la represión penal, muchas ideas inaceptables hubieran desaparecido prácticamente del tejido visible de la opinión pública. Las propuestas nazis, supremacistas blancas, homófobas o fascistas permanecieron durante mucho tiempo tras la II Guerra Mundial en ese fondo de lodos radioactivos que no osaba aflorar a la superficie porque se sabían opiniones inaceptables y minoritarias y porque, como dijo Locke, "nadie escapa al castigo de su censura y su desagrado, si atenta contra la moda y contra la opinión de las compañías que frecuenta".
¿Y cómo está aflorando la mierda entonces?, se preguntarán. Pues porque esa espiral del silencio puede ser superada y de hecho lo está siendo. Noelle-Neumann ya sabía que existe la posibilidad de que una minoría convencida del futuro dominante de su opinión, decida oponerse y convertirse en opinión dominante frente a una mayoría dubitativa o con opiniones poco arraigadas. Era alemana, tampoco lo olvidemos. Los borbotones de desechos que estamos viendo subir nos muestran la confianza de esas minorías en que ese futuro en el que sus tesis triunfen es posible. "No hay uno entre diez mil lo suficientemente firme e insensible para soportar el desprecio y la censura permanente de su propio círculo", escribía Locke. No conocía Twitter ni Facebook. Trump, sí.
Al hilo de las opiniones beligerantes con los inmigrantes, de lo que sucede en el Mediterráneo, de la despreocupación por los gobiernos de la ultraderecha en Europa o, incluso, con el apoyo que muchos prestaron en sus redes a Marine Le Pen, tendremos que empezar a temer que ya no sean tan minoritarias esas corrientes y que estén subiendo rápidamente hacia la parte más amplia y visible de la espiral.
Ante este peligro sólo cabe incrementar la valentía y la racionalidad. Sojuzgar a ese reptil que nos habita y colonizar con voces que hablen de derechos y libertades, de igualdad y de justicia el espacio público. Dejar de ser una mayoría silenciosa frente a la minoría ruidosa que nos quiere arrebatar el mundo que construimos.
Los borbotones de mierda son cada vez más grandes y su frecuencia mayor. Son avisos que sólo podremos parar mientras no nos haya anegado. Después será la libertad la que esté en el fondo.
(El Diario)
Llamazares (Javier Pérez de Albéniz)
Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón registraron la plataforma Actúa como partido político
«“Me plantearé dejar Izquierda Unida si vuelve a cometer el error de ir con Podemos”, amenaza el tertuliano Gaspar Llamazares».
«Llamazares ha realizado estas estremecedoras declaraciones al tiempo que inscribía un nuevo partido, Actúa, junto a Baltasar Garzón, pero lo han hecho “sin vocación electoral”».
«La Sexta es una excelente plataforma publicitaria para un hombre que, como su compañero de micro Antonio Miguel Carmona, parece pertenecer a un tiempo pasado».
“Me plantearé dejar Izquierda Unida si vuelve a cometer el error de ir con Podemos”, amenaza el tertuliano Gaspar Llamazares desde las páginas de un fanzine digital ultraconservador. El político cuya imagen sirvió al FBI para recrear a Bin Laden, en un retrato-robot que supuso su consagración a nivel internacional, consigue con estas declaraciones que la izquierda se tambalee. “¡Que se marcha otra vez Llamazares! ¡Que se marcha otra vez Llamazares!”, gritan desconsolados y sumergidos en mares de lágrimas, vagando por las calles como pollos sin cabeza, los votantes de IU.
Llamazares ha realizado estas estremecedoras declaraciones al tiempo que inscribía un nuevo partido, Actúa, junto a Baltasar Garzón. Pero cuidado, porque lo han hecho “sin vocación electoral”. Los que creíamos que la verdadera vocación de un partido político es la electoral, es decir la acción, la opción de cambio, podemos llegar a aturullarnos. ¿Qué mueve a la creación de un nuevo partido sino su vocación electoral? Los mal pensados, que los hay, podrían creer que la intención de los recién nacidos es arañar seguidores a los partidos actuales, a la izquierda con vocación electoral. Lo cual sería una lástima, por lo que supondría de nueva división en la única alternativa de Gobierno viable. Y porque diría muy poco de un Llamazares que no termina de encontrar su sitio en la escaleta política española.
Donde Llamazares parece más cómodo, el lugar donde da lo mejor de sí mismo, es en La Sexta. En la cadena de izquierdas de Atresmedia el líder de Actúa forma parte de la cuadra de tertulianos más brillante del país: Marhuenda, Inda, Pérez Henares, … Una excelente plataforma publicitaria para un hombre que, como su amigo y compañero de micrófono Antonio Miguel Carmona, parece pertenecer a un tiempo pasado, a una política de salón, a un partido sin verdadera vocación electoral.
(Cuarto Poder)
«“Me plantearé dejar Izquierda Unida si vuelve a cometer el error de ir con Podemos”, amenaza el tertuliano Gaspar Llamazares».
«Llamazares ha realizado estas estremecedoras declaraciones al tiempo que inscribía un nuevo partido, Actúa, junto a Baltasar Garzón, pero lo han hecho “sin vocación electoral”».
«La Sexta es una excelente plataforma publicitaria para un hombre que, como su compañero de micro Antonio Miguel Carmona, parece pertenecer a un tiempo pasado».
“Me plantearé dejar Izquierda Unida si vuelve a cometer el error de ir con Podemos”, amenaza el tertuliano Gaspar Llamazares desde las páginas de un fanzine digital ultraconservador. El político cuya imagen sirvió al FBI para recrear a Bin Laden, en un retrato-robot que supuso su consagración a nivel internacional, consigue con estas declaraciones que la izquierda se tambalee. “¡Que se marcha otra vez Llamazares! ¡Que se marcha otra vez Llamazares!”, gritan desconsolados y sumergidos en mares de lágrimas, vagando por las calles como pollos sin cabeza, los votantes de IU.
Llamazares ha realizado estas estremecedoras declaraciones al tiempo que inscribía un nuevo partido, Actúa, junto a Baltasar Garzón. Pero cuidado, porque lo han hecho “sin vocación electoral”. Los que creíamos que la verdadera vocación de un partido político es la electoral, es decir la acción, la opción de cambio, podemos llegar a aturullarnos. ¿Qué mueve a la creación de un nuevo partido sino su vocación electoral? Los mal pensados, que los hay, podrían creer que la intención de los recién nacidos es arañar seguidores a los partidos actuales, a la izquierda con vocación electoral. Lo cual sería una lástima, por lo que supondría de nueva división en la única alternativa de Gobierno viable. Y porque diría muy poco de un Llamazares que no termina de encontrar su sitio en la escaleta política española.
Donde Llamazares parece más cómodo, el lugar donde da lo mejor de sí mismo, es en La Sexta. En la cadena de izquierdas de Atresmedia el líder de Actúa forma parte de la cuadra de tertulianos más brillante del país: Marhuenda, Inda, Pérez Henares, … Una excelente plataforma publicitaria para un hombre que, como su amigo y compañero de micrófono Antonio Miguel Carmona, parece pertenecer a un tiempo pasado, a una política de salón, a un partido sin verdadera vocación electoral.
(Cuarto Poder)
Charlottesville: equidistancias y otras miserias (Antonio Maestre)
Sólo existe una posición moral aceptable, y es el antifascismo. Si en un combate ideológico, e incluso físico, entre fascistas y antifascistas no eliges la trinchera de los que defienden la diversidad y el respeto a las minorías entonces ya has elegido. Eres uno de ellos
Danuta Danielsson era una mujer polaca que vivía en Suecia y que tuvo a su madre en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hans Runeson la fotografió en una manifestación del Partido Nórdico del Reich golpeando con su bolso a un miembro de la formación nazi. Danielsson hizo bien en expresar su rechazo ante aquellos que representan el odio más extremo. Su fotografía es hoy un referente icónico de la lucha antifascista que muestra de manera gráfica que al fascismo no se le discute.
Sin embargo, no resulta extraño cuando en una manifestación de nazis y supremacistas blancos se producen hechos violentos ver en la prensa española titulares que dicen: Estado de emergencia en Virginia por disturbios entre grupos radicales. Es una posición editorial muy extendida equiparar a los que creen que su raza es superior y quieren exterminar a todos aquellos que no cumplen con sus cánones raciales con quienes defienden la diversidad y los combaten.
La intelectualidad conservadora patria, ahora autodenominada liberal, siempre ha equiparado fascismo y antifascismo para justificar ante sí misma que no ve tan mal la ideología que mantenía reprimido el gen rojo. El anticomunismo siempre ha dejado al desnudo sus costuras. El tratamiento informativo de Charlottesville en los medios españoles sólo cambió cuando en rueda de prensa Donald Trump habló de violencia por ambos lados y dejó en evidencia todas las vergüenzas periodísticas.
La progresía española se ha contaminado de ese pensamiento por un complejo de inferioridad, y corre a denunciar cualquier conato de violencia sin pararse a valorar cuál es el contexto. No se atreve a exponer y analizar que no es lo mismo que un nazi agreda a un negro por su color que el hecho de que un antifascista agreda a una nazi que se dedica a apalear a minorías y colectivos vulnerables en cacerías por simple diversión y motivadas por su odio ideológico. Una postura pusilánime que no se arriesga a analizar y especificar el contexto determinado de un acto violento por temor a ser acusados de compartir el método. Porque no todas las violencias son iguales, las hay que por su fanatismo extremo no conocen más antídoto que el poder punitivo, del mismo modo que otras son legales o proporcionan excusa jurídica. Desde un punto de vista editorial y periodístico especificar el contexto de la violencia contra colectivos fascistas es imprescindible.
Manuel Jabois, periodista en El País, tuvo la osadía de hablar del contexto informativo en un caso de violencia contra colectivos nazis. Fue el pasado mes de enero, con motivo de la paliza dada por un grupo de antifascistas a una chica nazi en Murcia llamada La intocable. Lo hizo en una columna radiofónica en La SER llamada Información y verdad: “No sé si existe algo que justifique a una muchedumbre pateando a alguien en el suelo. Pero la información ayuda a colocarse mejor moralmente delante del suceso. Para un oyente no es lo mismo escuchar que le han dado una paliza una chica porque es de derechas o porque lleva una pulsera de la bandera de España (y esa es la información que se dio, y se sigue dando en muchos lugares) que oír que la paliza la reciba alguien neonazi que se encarga de dar esas mismas palizas”.
Jabois hablaba de un caso que desde el punto de vista periodístico y moral marca una pauta habitual en los medios de comunicación españoles. La primera opción siempre es criminalizar a una determinada ideología de izquierdas. Ese sesgo político prima sobre la información, la deontología y el contexto. Si en las primeras noticias sobre la paliza se dice que la víctima era una nazi conocida de Murcia con diversos antecedentes que se dedica a dar palizas a inmigrantes lo más normal es que no consiga epatar a la inmensa mayoría de la opinión pública y la noticia pase desapercibida. Pero si dices que un grupo de violentos de extrema izquierda apalea a una chica de 19 años por llevar una pulsera de la bandera de España consigues el objetivo político marcado. Unos cuantos días marcando la agenda, el ministro del Interior tomando parte por la nazi agredida, y con un buen número de míseros y equidistantes haciendo buena la cita falsa de Churchill sobre los fascistas del futuro. Se consigue de manera efectiva igualar a los miembros de una ideología criminal con aquellos que la combaten. Ni nazismo, ni antinazismo, igualdad.
Alberto Reig Tapia define a estos especímenes de la vida cultural, política y periodística en su magnífico ensayo sobre los revisionistas españoles La crítica de la acrítica” como inconsecuentes, insustanciales, impotentes, prepotentes y equidistantes. Aunque ellos no lo saben, o no se aceptan, y optan por llamarse liberales y apelar al valor último de la libertad sin comprender la complejidad sociológica y filosófica de ese concepto. Dice Reig de este arquetipo nacional: “Esa hipócrita equidistancia de la que se sirven tantos pretendidos críticos que se creen imparciales y que presumen de neutrales recurriendo al facilón recurso de dar una de cal y una de arena”.
La ideología nazi, supremacista o fascista no es respetable. No es una ideología equiparable a otra, no hay que darle voz, no hay que dejar que muestra sus ideas en ningún foro público. Su ilegalización sólo es debatible desde el punto de vista pragmático, para evitar que la victimización la haga crecer. La única manera con la que hay que dirigirse a ellos es mediante un combate frontal, directo y sin concesiones a sus ideas. No hay debate posible ni aceptable. No existe ninguna fobia que permita desde un punto de vista moral aceptar una posición neutra entre aquellos que consideran que hay que exterminar o subyugar a un ser humano y entre aquellos que los combaten. Sólo existe una posición moral aceptable, y es el antifascismo. Si en un combate ideológico, e incluso físico, entre fascistas y antifascistas no eliges la trinchera de los que defienden la diversidad y el respeto a las minorías, entonces ya has elegido. Eres uno de ellos.
(La Marea)
Danuta Danielsson era una mujer polaca que vivía en Suecia y que tuvo a su madre en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hans Runeson la fotografió en una manifestación del Partido Nórdico del Reich golpeando con su bolso a un miembro de la formación nazi. Danielsson hizo bien en expresar su rechazo ante aquellos que representan el odio más extremo. Su fotografía es hoy un referente icónico de la lucha antifascista que muestra de manera gráfica que al fascismo no se le discute.
Sin embargo, no resulta extraño cuando en una manifestación de nazis y supremacistas blancos se producen hechos violentos ver en la prensa española titulares que dicen: Estado de emergencia en Virginia por disturbios entre grupos radicales. Es una posición editorial muy extendida equiparar a los que creen que su raza es superior y quieren exterminar a todos aquellos que no cumplen con sus cánones raciales con quienes defienden la diversidad y los combaten.
La intelectualidad conservadora patria, ahora autodenominada liberal, siempre ha equiparado fascismo y antifascismo para justificar ante sí misma que no ve tan mal la ideología que mantenía reprimido el gen rojo. El anticomunismo siempre ha dejado al desnudo sus costuras. El tratamiento informativo de Charlottesville en los medios españoles sólo cambió cuando en rueda de prensa Donald Trump habló de violencia por ambos lados y dejó en evidencia todas las vergüenzas periodísticas.
La progresía española se ha contaminado de ese pensamiento por un complejo de inferioridad, y corre a denunciar cualquier conato de violencia sin pararse a valorar cuál es el contexto. No se atreve a exponer y analizar que no es lo mismo que un nazi agreda a un negro por su color que el hecho de que un antifascista agreda a una nazi que se dedica a apalear a minorías y colectivos vulnerables en cacerías por simple diversión y motivadas por su odio ideológico. Una postura pusilánime que no se arriesga a analizar y especificar el contexto determinado de un acto violento por temor a ser acusados de compartir el método. Porque no todas las violencias son iguales, las hay que por su fanatismo extremo no conocen más antídoto que el poder punitivo, del mismo modo que otras son legales o proporcionan excusa jurídica. Desde un punto de vista editorial y periodístico especificar el contexto de la violencia contra colectivos fascistas es imprescindible.
Manuel Jabois, periodista en El País, tuvo la osadía de hablar del contexto informativo en un caso de violencia contra colectivos nazis. Fue el pasado mes de enero, con motivo de la paliza dada por un grupo de antifascistas a una chica nazi en Murcia llamada La intocable. Lo hizo en una columna radiofónica en La SER llamada Información y verdad: “No sé si existe algo que justifique a una muchedumbre pateando a alguien en el suelo. Pero la información ayuda a colocarse mejor moralmente delante del suceso. Para un oyente no es lo mismo escuchar que le han dado una paliza una chica porque es de derechas o porque lleva una pulsera de la bandera de España (y esa es la información que se dio, y se sigue dando en muchos lugares) que oír que la paliza la reciba alguien neonazi que se encarga de dar esas mismas palizas”.
Jabois hablaba de un caso que desde el punto de vista periodístico y moral marca una pauta habitual en los medios de comunicación españoles. La primera opción siempre es criminalizar a una determinada ideología de izquierdas. Ese sesgo político prima sobre la información, la deontología y el contexto. Si en las primeras noticias sobre la paliza se dice que la víctima era una nazi conocida de Murcia con diversos antecedentes que se dedica a dar palizas a inmigrantes lo más normal es que no consiga epatar a la inmensa mayoría de la opinión pública y la noticia pase desapercibida. Pero si dices que un grupo de violentos de extrema izquierda apalea a una chica de 19 años por llevar una pulsera de la bandera de España consigues el objetivo político marcado. Unos cuantos días marcando la agenda, el ministro del Interior tomando parte por la nazi agredida, y con un buen número de míseros y equidistantes haciendo buena la cita falsa de Churchill sobre los fascistas del futuro. Se consigue de manera efectiva igualar a los miembros de una ideología criminal con aquellos que la combaten. Ni nazismo, ni antinazismo, igualdad.
Alberto Reig Tapia define a estos especímenes de la vida cultural, política y periodística en su magnífico ensayo sobre los revisionistas españoles La crítica de la acrítica” como inconsecuentes, insustanciales, impotentes, prepotentes y equidistantes. Aunque ellos no lo saben, o no se aceptan, y optan por llamarse liberales y apelar al valor último de la libertad sin comprender la complejidad sociológica y filosófica de ese concepto. Dice Reig de este arquetipo nacional: “Esa hipócrita equidistancia de la que se sirven tantos pretendidos críticos que se creen imparciales y que presumen de neutrales recurriendo al facilón recurso de dar una de cal y una de arena”.
La ideología nazi, supremacista o fascista no es respetable. No es una ideología equiparable a otra, no hay que darle voz, no hay que dejar que muestra sus ideas en ningún foro público. Su ilegalización sólo es debatible desde el punto de vista pragmático, para evitar que la victimización la haga crecer. La única manera con la que hay que dirigirse a ellos es mediante un combate frontal, directo y sin concesiones a sus ideas. No hay debate posible ni aceptable. No existe ninguna fobia que permita desde un punto de vista moral aceptar una posición neutra entre aquellos que consideran que hay que exterminar o subyugar a un ser humano y entre aquellos que los combaten. Sólo existe una posición moral aceptable, y es el antifascismo. Si en un combate ideológico, e incluso físico, entre fascistas y antifascistas no eliges la trinchera de los que defienden la diversidad y el respeto a las minorías, entonces ya has elegido. Eres uno de ellos.
(La Marea)
Teresa Rodríguez: "En Andalucía el PSOE, más que un partido, es un Gobierno y una Administración"
Portavoz del grupo Podemos en el parlamento de Andalucía
El 15M fue el espacio que nos pasó por encima a todos los activistas y militantes político-sociales de la ciudad
Es más difícil la relación con los jóvenes socialistas que con la vieja guardia
Sé que con IU la confluencia va a tener lugar, pero tengo la esperanza puesta en que no sea un matrimonio de conveniencia
Coincidí con Iñigo Errejón en facilitar la investidura de Pedro Sánchez
Tengo un cierto temor a que atravesemos en dos años lo que le ha pasado a Izquierda Unida en treinta
Oír hablar a Teresa Rodríguez (Rota, 1981) es como bañarse en un río de aguas bien vivas: a veces plácido y calmo, a veces brioso y energético, siempre caudaloso y transparente. Sabe usar estupendamente su tono y sus palabras. Y también sus gestos: por momentos pedagógicos, por momentos suaves, por momentos firmes. De cualquier forma, siempre generosos en la comunicación.
Implicada desde que era muy joven en el activismo antimilitarista, la resistencia estudiantil, la militancia sindical, el feminismo y las organizaciones de izquierdas, (primero en IU y luego en Izquierda Anticapitalista) se licenció en Filología Árabe y aprobó oposición de profesora de Secundaria. Pero cuando iba a incorporarse a su destino definitivo, el inesperado huracán Podemos la llevó hasta el Parlamento Europeo en 2014, cargo al que renunció sin alharacas para regresar pronto al sur. Ahora es diputada y portavoz de su grupo en el Parlamento Andaluz y secretaria general de Podemos Andalucía.
Quedamos con ella para desayunar en la librería-cafetería La Clandestina, un espacio proclive a la charla relajada y a la tertulia. Teresa llega en bicicleta, dando los buenos días con una sonrisa luminosa y cercana.
- Recordando que usted fue candidata de Izquierda Anticapitalista a la alcaldía de Cádiz en 2011, ¿cómo ha vivido personalmente todos los cambios que se han sucedido en estos años agitados, desde el 15M a la victoria de Por Cádiz Sí Se Puede (PCSSP) en 2015?
- En su momento, presentarnos a las elecciones no era de una importancia central. Suponía un medio más, un espacio más en el que poder decir cosas y articular una estrategia más amplia de implantación en los conflictos de la ciudad, de apoyo a los colectivos, de ir a las huelgas del metal o de organizar la marea verde, y dentro de toda esa estrategia decir lo mismo pero en el espacio y el ámbito de una campaña electoral que nos permitía tener un altavoz más grande. Es verdad que no hicimos mucha campaña porque, afortunadamente, comenzaba a existir un contrapeso en la calle más potente que el de la propia política institucional al uso. El 15M fue el espacio que nos pasó por encima a todos los activistas y militantes político-sociales de la ciudad. Es decir, nadie se esperaba algo así. Yo no me esperaba que los corrillos habituales de las manifestaciones de la ciudad se iban a alimentar de personas a las que jamás había visto en una movilización pero a las que había visto en la panadería, en la frutería, en la tienda de debajo de casa. Fue inesperado. Lo más bonito del 15M para mí fue la demostración empírica de que el concepto del tiempo es muy relativo: puede haber décadas en las que no pase absolutamente nada y días en los que de repente cambia todo. Para mí lo más emocionante de aquella época no fue exactamente la militancia política, sino pasar a un segundo plano y ver cómo la gente iniciaba un proceso de politización muy radical. Así fue más o menos como lo viví.
- Pasó ese tiempo, han cambiado mucho las cosas y ahora es parlamentaria ¿cómo ha llevado el paso de ese activismo en los movimientos sociales al trabajo que realiza actualmente dentro de las instituciones políticas?
- Es un cambio muy profundo a nivel vital, a nivel político no. Yo considero que he hecho política desde que tengo uso de razón, voy a seguir haciendo política cuando acabe mi mandato y, seguramente, hasta que me muera. La política institucional, el espacio de representación pública, para mí sí era un espacio nuevo que responde mucho a las expectativas que yo tenía. No me esperaba mucho más de la institución, ni mucho menos, pero como ejercicio de aprendizaje es interesante en la medida que te obliga a tratar de aterrizar las propuestas y las soluciones. Y luego, por otro lado, te permite estar cerca de tus enemigos. Desde que estoy dentro valoro más lo que hacíamos fuera, porque cuando íbamos a las puertas de las instituciones, del parlamento o del ayuntamiento, tenía la impresión de que no tenía ningún tipo de influencia sobre lo que ocurría dentro, que no nos escuchaban, que nadie estaba pendiente de nosotros. Ahora que estoy dentro me doy cuenta de que lo que ocurre fuera, en las puertas de las instituciones, tiene una potencia enorme de transformación.
- De todo lo que describe, ¿qué destacaría en positivo de esa actividad parlamentaria? O, por el contrario, ¿cuáles serían los principales obstáculos o aspectos negativos de las instituciones que le han llamado la atención?
- Lo más negativo es el cinismo. Esa sensación de que la gente no siente lo que está defendiendo, sino que lo hace porque le conviene electoral o demoscópicamente. Eso es lo más negativo. Yo creo que esa es una enfermedad endémica de la política representativa. Seguramente todas las personas que están en el parlamento compartieron alguna vez el entusiasmo por cambiar la realidad, incluso los del PP, que tienen unas propuestas contrarias a las mías, tuvieron ese compromiso y ese sacrificio por lo común. Todo el mundo lo tuvo. Bueno, quizás no todo el mundo. Ahora hay toda una generación que viene de otra cultura política; son militantes que echaron los dientes en la sede y son políticos profesionales desde los dieciocho años, así que ellos quizás no, pero el resto tuvo ese entusiasmo y en algún momento lo perdió. De ahí la importancia de la limitación de mandatos como mecanismo de regeneración democrática que forma parte de una estrategia global de mayor cercanía a tus representantes. La función de un representante no es gestionar, eso lo hacen los Gobiernos, los técnicos y la Administración, su función es representar. Y uno es representativo si se parece a lo que representa.
- ¿No se puede, por tanto, compaginar eso que ustedes han puesto de manifiesto en diferentes ocasiones de tener un pie en la calle y otro en las instituciones?
- Creo que no. Llega un momento en el que tienes más horas de conexión a un espacio ficticio, que es la institución, y menos al espacio real, que es la calle. Se observa en todo, por ejemplo en los ritmos. Las urgencias de la calle no están en la institución, las discusiones se alargan enormemente sobre cuestiones que son centrales, vitales y urgentes para la mayoría de la ciudadanía que representamos. Bueno, la burbuja de privilegios se parece muy poco a la vida común. El hecho de que llegues a un lugar y no te falte de nada, que todo el mundo te habla con un respeto tremendo…creo que no sólo se acumula capital económico sino, también, capital simbólico. De hecho, creo que gran parte de las luchas de poder tienen que ver con la defensa del capital simbólico y relacional, con el ego, con el espacio que uno ocupa en el mundo.
- ¿Qué se puede hacer desde dentro para que, como representantes de los ciudadanos, se pueda evitar la seducción de ese poder que ejerce la moqueta parlamentaria y que aleja a los políticos de los problemas reales de la ciudadanía? ¿Cómo se puede combatir eso?
- Nosotros hemos establecido tres mecanismos de control básico: la limitación de mandatos, la limitación de salarios y la revocabilidad de los cargos electos. Nosotros lo practicamos en nuestra organización pero lo defendemos para las instituciones. Y en lo cotidiano articulamos e implementamos herramientas de participación desde los ámbitos sectoriales (discapacidad, educación, sanidad…etc.), construimos espacios de participación como los barriales, es decir, construimos lugares más cercanos donde la gente no tiene que separarse de su vida para poder participar políticamente o no tiene que esperar cuatro años para poder votar, sino que opinar y decidir sobre las cosas forme parte de su cotidianidad. Sabemos que es difícil y hasta ahora no lo hemos hecho, pero creo que tiene que ser un objetivo estratégico.
- Respecto a su actividad parlamentaria ¿cambiaría algo de lo que ha hecho hasta el momento? ¿Y de la actividad parlamentaria de Podemos?
- Sí. Se puede mejorar todo y me equivoco seguramente todos los días, pero creo que tenemos que salir del lugar de los antagonistas. Nosotros no queremos ser los antagonistas del PSOE de Andalucía y yo no quiero ser la antagonista de Susana Díaz. Claro, en dos años hemos ocupado, sin quererlo ni planificarlo, esa posición y ahora eso nos obliga a hacer un esfuerzo para poder ser la alternativa. Y ser esa alternativa no pasa solamente por ser quien le da caña a Susana. A mí por la calle me dicen dos cosas fundamentalmente: una es “qué bien lo haces” -entiendo que quien se acerca a mí es porque simpatiza de alguna manera- y otra es “dale caña a Susana”. Esa parece ser nuestra función en el parlamento, y creo que no hemos venido a hacer política y hacer el sacrificio tan grande que supone estar en el lugar en el que estamos para darle caña a nadie en concreto, sino para ser capaces de presentar a la sociedad una alternativa confiable.
- Ha mencionado la figura de Susana Díaz ¿la relación con ella es tan tensa como se percibe a través de los medios?
- A Susana Díaz sólo la veo una vez cada dos semanas para hacerle una pregunta de siete minutos y ella me responde en otros siete minutos. No hay una relación fluida. La relación personal, en este caso, no es tan importante como una característica que tiene en común una generación de militantes del Partido Socialista. Es decir, hay una generación de socialistas con la que nosotros podemos discrepar, incluso discutir acaloradamente, sobre lo que ocurrió en la Transición, si los cambios profundos que había que hacer no se hicieron, las concesiones que se hicieron a los poderes fácticos… discusiones sobre lo que han representado en la construcción del régimen del 78, pero hay un debate ideológico, de ideas, un debate programático.
Y hay otra generación socialista con la que es difícil debatir políticamente; hay que pensar que en Andalucía el PSOE, más que un partido, es un Gobierno y una Administración. Por un lado, creo que existe por su parte una sensación permanente de amenaza, nos ven como una amenaza directa. Y por otro lado, su cultura política tiene muy poco que ver con los que han sido militantes en la UGT o los que fueron activistas en la Transición…y eso hace muy difícil la relación. Lamentablemente es más difícil la relación con los y las jóvenes socialistas, diputados y diputadas algunos, que con la vieja guardia, al menos en lo cotidiano, en el debate político. Susana Díaz es la representación de eso, el susanismo es esa generación que echó los dientes en la sede, se profesionalizó políticamente con diecinueve años en un ayuntamiento, una diputación o en un consorcio, y que no ha tenido tiempo para llevar a cabo una madurez política, intelectual y activista, comprometida con el entorno.
- Tras lo ocurrido en la primarias a la Secretaría General del PSOE ¿cómo cree que ha quedado la figura política de Susana Díaz?
- Creo que es una buena noticia que Susana Díaz haya perdido las primarias. No es sólo el susanismo lo que está en crisis tras las primarias, lo que está en crisis es ni más ni menos que el felipismo, es decir, la historia de los últimos cuarenta años del Partido Socialista. Eso genera esperanza y expectativas que habrá que ir vigilando y ver si se cumplen o no. Tampoco soy una ilusa, sé que es difícil desmontar todo un aparataje de relación con la jerarquía social que hay construida ahora mismo, pero eso significa que pasan cosas y que las bases del Partido Socialista han virado de alguna manera.
- Con Antonio Maíllo sí que se aprecia una buena relación personal y política ¿Se puede trasladar esa relación a la tónica general existente entre Podemos e IU en Andalucía y que desemboque en la tan mencionada confluencia de ambos partidos en nuestra Comunidad Autónoma?
- Antonio Maíllo ha facilitado muchísimo la relación. Tenemos una buena relación porque cuando decimos cosas sabemos exactamente lo que queremos decir, manejamos códigos comunes, que es precisamente lo que no nos pasa jamás con la nueva generación de socialistas. Pero con Antonio Maíllo sí. Él representa, de alguna manera, una cierta evolución que ha ocurrido también en Izquierda Unida. Yo sé que la confluencia va a tener lugar, pero tengo la esperanza puesta en que no sea un matrimonio de conveniencia, sino que se convierta en un nuevo proceso de atracción de más agentes político-sociales, de más personas, que quieran participar en política en un espacio nuevo que construyan con sus manos más allá de Podemos y de Izquierda Unida. Creo que esa es la aspiración común que tenemos Antonio y yo.
Un espacio más amplio, en el que generosamente se renuncie a cosas. Creo que la ventaja competitiva que tiene Podemos respecto al resto de partidos es su flexibilidad organizativa, la falta de identidad. Eso que para algunas cosas es una cierta dificultad, el que no haya podemismo en sí hace que seamos más capaces de construir espacios de participación más amplios que desborden el guión escrito para las cosas en los próximos años. Esta capacidad hace que todavía podamos sorprender, que podamos generar espacios de desborde, adaptándonos a una identidad muy líquida, que es resultado también de las crisis de identidades colectivas del sindicalismo, del asociacionismo, de la política y de la ideología. Creo que nos adaptamos mejor a ese marco en el que podemos generar espacios donde la gente quiera participar y hacer política en primera persona, que es el marco 15M y el marco más real.
- Las últimas encuestas publicadas muestran una cierto freno electoral de Podemos en Andalucía. ¿Qué puede hacer Podemos para intentar recuperar esa ilusión que tuvo en sus inicios y que lo llevó al parlamento a consolidarse directamente como la tercera fuerza política andaluza?
- En primer lugar, estamos en un momento en el que hay cambios, no hay una foto fija sino que hay momentos de inestabilidad. Eso genera cambios de un día para otro y las encuestas difícilmente pueden hacer diagnósticos muy certeros. Esto es básicamente por la crisis del bipartidismo. Si miramos más ampliamente las tendencias, en los últimos dos años vemos que ha existido una caída en picado de los apoyos que hasta ahora habían tenido PP y PSOE. Esto ha generado una geometría de fuerzas políticas más complejas que varían y cambian en muy poco tiempo. La segunda cuestión es que creo que vamos a ser capaces de mejorar como alternativa en la medida en la que ocurran dos cosas: una depende mucho de nosotros y otra no tanto. La primera es que seamos capaces de generar un nuevo espacio andaluz. En esa clave lo estamos construyendo, con una clara identidad andaluza, con un claro proyecto de necesidad de recuperar las aspiraciones, los compromisos y los sueños del proceso de autonomía en Andalucía. Se trata de poner sobre la mesa que la historia de Andalucía no está escrita, y que si fuimos capaces de cambiarla hace treinta y siete años podemos volver a hacerlo ahora, llegando a compromisos que se cumplan como un proceso de desarrollo endógeno en Andalucía que está pendiente, cambios profundos en la estructura productiva social y económica andaluza que nos hagan capaces de salir del lugar que ocupamos. El profesor de economía Manuel Delgado Cabeza decía que nosotros no estamos ahora mismo en la antesala del desarrollo, sino que somos su cuarto trasero. Andalucía es el lugar en el que transcurre, por ejemplo, toda la actividad industrial que nadie quiere: las refinerías de petróleo, las papeleras, la agricultura más dañina para el medio natural y que crea empleo más precario, la agricultura intensiva, la burbuja inmobiliaria que se ha convertido también en la burbuja del turismo sobre la base de los bajos salarios y a las exportaciones baratas. Como no cambiemos eso, cíclicamente, nuestros hijos van a tener que seguir emigrando, como lo hicieron hace cuarenta años y tienen que hacerlo justo ahora.
- Pero ¿Cómo se materializa eso? porque Podemos parece estar asentado en capitales de provincia y ciudades, aunque en el ámbito rural escasea la militancia. Y en Andalucía, si se pretende ser alternativa de cambio, se debe tener representación tanto en el ámbito urbano como en el rural.
- A nivel programático hay que tener un buen proyecto de transformación. A nivel orgánico hay que ser capaces de implantarse en las sesenta y dos comarcas de Andalucía. La particularidad que tiene Andalucía, respecto a otras Comunidades Autónomas, es que tiene espacios de población, agrociudades y ciudades intermedias, que agrupan al cincuenta por ciento de la población. Desde hace un año, lo que hemos puesto sobre la mesa es un plan, el Plan 81, en el que queremos tener la organización puesta a punto en ochenta y un municipios de Andalucía que tienen más de cincuenta mil habitantes y que agrupan al cincuenta por ciento de la población. Eso es un esfuerzo organizativo, pero también tiene que haber un esfuerzo político para de verdad ser representativos en el medio rural. Hasta ahora Podemos ha sido una fuerza política en las ciudades. Es verdad que sucede históricamente que los cambios se dan antes en las ciudades y en determinadas capas sociales, pero los cambios profundos ocurren en el medio rural y entre las clases sociales que van más allá del universitario de clase media.
- Entonces, ¿qué retos debe asumir Podemos en el ámbito rural?
- Ser capaces de proyectar la idea de que Podemos no es sólo urbanita, universitario, hombre, clase media y nivel cultural alto, sino convertirnos en la fuerza política no subalterna y eso es lo más difícil, es lo más complicado. ¿Cómo se hace eso? Incorporando a personas que vengan del medio rural a las portavocías públicas, siendo capaces de organizarnos en el medio rural. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que nos encontramos en esos espacios? Efectivamente, hay miedo a militar políticamente. Hay gente que milita en Podemos, que está inscrita en Podemos que vota a Podemos y no se lo dice a nadie. Hay sitios, pueblos realmente pequeños, donde tenemos un montón de votos y no encontramos a la gente que nos ha votado. Esa lógica también opera en el medio rural, pero no es solamente eso. A mí no me gusta decir que el PSOE gana en Andalucía porque tiene comprados los votos del medio rural a través del PER y ese tipo de afirmaciones que son simplismos y tópicos que muchas veces se utilizan para quitarse responsabilidad. En el medio rural, el desarrollo ha venido de la mano de la Junta de Andalucía: el centro de salud que se abrió lo hizo la Junta, la escuela la abrió la Junta, la biblioteca, el centro de formación para el empleo…eso ha sido así y hay que reconocérselo al Partido Socialista. El problema es que de un tiempo a esta parte cierran esos centros de salud, cierran esas escuelas y echan a esos maestros y a esos profesores. Por primera vez en la historia de Andalucía empezamos a dar pasos hacia atrás. Eso necesita y requiere de un nuevo revulsivo para recuperar los servicios públicos y supone salir de un marco de austeridad estructural que el Partido Socialista no quiere romper.
- Respecto a Podemos-PSOE, y reconociendo que los mecanismos de relación entre los partidos políticos son muy complejos ¿existe una relación de vasos comunicantes entre Podemos-PSOE en el parlamento andaluz y PCSSP-PSOE en el ayuntamiento de Cádiz?
- No, no hay vasos comunicantes. Y, tanto cuando fue la investidura de Susana Díaz en Andalucía como cuando fue la de aquí en Cádiz, existieron ciertas pulsiones por intentar poner en relación un proceso con otro y siempre nos negamos a eso. No somos los Delegados de Podemos en Cádiz capital y los Delegados de Podemos en Andalucía, somos los representantes de los andaluces y andaluzas en la instituciones por Podemos y en Cádiz. Por tanto, representamos a ese espacio y no podemos cambiar cromos por las instituciones en las que somos representantes, porque en esa situación lo que toca es mirar qué medidas pueden ser buenas para la gente a la que representamos, no qué medidas pueden ser buenas para mi partido en otro lugar o para mi equilibrio a nivel general como fuerza política.
- Podemos nace reivindicando claves del 15M como, por ejemplo, espacios de democracia directa y horizontalidad ¿cómo está afrontando Podemos, en su crecimiento, los peligros de burocratización y de hiperliderazgos?
- Creo que Podemos con la presencia en las instituciones no ha crecido, ha engordado. El momento más importante de crecimiento que nosotros hemos tenidos fue al principio, la constitución de Podemos, cuando de repente aparecen cuatro mil círculos de Podemos, algo sin precedentes en este país. Se consolidaron en sus espacios territoriales sin preguntarle a nadie, haciendo fotocopias de las octavillas y con los logotipos recortados y pegados. Ese fue el momento de crecimiento fundamental y tenemos que intentar recuperar procesos similares a ese, volver a alimentar un nuevo proceso de desborde sociopolítico, da igual que con Podemos o con cualquier otra cosa. Volver a alimentarlo, porque ese proceso es lo que ha dado lugar a un nuevo sentido común del que se ha alimentado Podemos como alternativa política. Un nuevo sentido común que hace, por ejemplo, que la gente se ponga delante de la policía para evitar un desahucio, algo que antes era impensable, o que piense que no todas las deudas hay que pagarlas y que las deudas con los bancos tienen unas reglas tramposas. Hay que alimentar ese sentido común.
- Y bajando al terreno de lo concreto, ¿cómo lo están llevando a cabo?
- Sabiendo que la burocracia es un riesgo que hay que asumir. Efectivamente, como organización, nos vamos a burocratizar. Nos hemos burocratizado desde el momento en el que tenemos representación en todos los parlamentos y muchísimos ayuntamientos, lo que genera una serie de cargos técnicos en torno a los espacios de representación pública. Después de dos años haciendo un balance de nuestra presencia en las instituciones y tratando de entender que la institución es una herramienta del movimiento social y no al revés, el movimiento social en manos del partido o de un grupo parlamentario. Relativizando la importancia de los debates que tienen lugar en las instituciones. Porque, por ejemplo, los plenos duran dos días pues, de esos dos días, tres cuartas partes son para debatir medidas que no tienen ningún tipo de impacto sobre la vida de la gente. Hay un periodo al principio del pleno en el que se debaten leyes y se aprueban o no y eso puede tener un impacto si tienen presupuesto, pero el resto es para proposiciones no de ley o mociones que no tienen ningún tipo de obligatoriedad en su cumplimiento. A lo mejor hay que relativizar ese tiempo y ese espacio que es meramente performativo, comunicativo e invertir más esfuerzo en la construcción militante no sólo del partido sino también de los movimientos sociales, de los espacios de empoderamiento popular y ciudadanos, que fue el primer eslogan de Podemos, sabiendo que si nos convertimos en un aparato de liberados y perdemos el impulso militante vamos a perder todo nuestro ADN.
- Sobre Podemos Andalucía, ha mencionado la reivindicación de ese andalucismo, una autonomía andaluza tanto territorial como de decisión, como descentralización del partido. Puede haber quien vea ese proceso como un intento de Anticapitalistas de hacerse con la marca de Podemos en Andalucía ¿qué opina al respecto?
- No hemos sido la única Comunidad Autónoma que ha demandado mayores cuotas de autonomía y nadie puede acusar a otra Comunidad Autónoma de estar controlada por una corriente interna. Creo que es razonable que un partido político que se fundó tan rápido tuviera al principio mecanismos de control muy férreos para asegurar candidaturas solventes en todo el territorio, parece lógico que en el comienzo hubiera una alta centralización. Por otro lado, cuando, de repente, aparecen cuatro mil círculos en el Estado de gente que estaba construyendo una alternativa en el día a día había que poner en valor ese proceso de empoderamiento y participación dándoles capacidad de decisión. Ese tránsito de cohesión hacia la descentralización y el protagonismo colectivo no se está haciendo al ritmo que la mayoría de las direcciones de Podemos en las Comunidades Autónomas de este país están pidiendo. Por tanto, si lo tenemos en común con otras Comunidades no puede existir sospecha de que sea una estrategia unilateral del eterno enemigo trotskista. Respecto a las corrientes en Podemos, nosotros hemos hecho la reflexión en Anticapitalistas de que no queremos ser una corriente monolítica dentro de Podemos. Es decir, que habrá debates en los que podremos coincidir personas que formamos parte de esa corriente con otros compañeros y compañeras y habrá debates en los que podremos discrepar dependiendo de cuál sea el tema de discusión. Por ejemplo, yo creía coincidir con Pablo Iglesias en la autonomía y la independencia respecto al PSOE, en la necesidad de construir una alternativa al bipartidismo. Digo que creía coincidir porque en los últimos tiempos algo de eso ha cambiado. Coincidí con Iñigo Errejón, por ejemplo, en la importancia de hacer un esfuerzo por evitar un Gobierno del Partido Popular, no necesariamente entrando en un Gobierno con el PSOE pero sí facilitando su investidura porque era fundamental, de hecho lo es ahora, evitar que la gente se acostumbre a vivir sin derechos; hay que derogar todos los ataques brutales a nuestros derechos sociales de los últimos siete años y eso se podía conseguir favoreciendo la investidura de Pedro Sánchez y en aquel momento coincidí con Iñigo Errejón. Si hablamos de democracia interna, participación y descentralización suelo coincidir con mis compañeros y compañeras de Anticapitalistas de forma absolutamente natural. Pero que los partidos tienen corrientes internas es algo natural, ¡Hasta las familias tienen corrientes internas! ¡Hasta las pandillas tienen corrientes internas! La gente se agrupa cuando tiene sensibilidades en común. Lo que hay que hacer es expresarlo de manera sincera y, sobre todo, que los puntos en común sean políticos, no sean espacios de poder. En el PSOE, muchas veces, da la impresión de que las distintas corrientes no se articulan en torno a diferencias políticas sino en torno a familias que se reproducen en todos los niveles orgánicos para garantizar su reinado. ¡Familias digo incluso familias sanguíneas!
- Ha hecho referencia implícita al asunto de Castilla La Mancha, de manera directa, ¿qué opina del resultado de la consulta a las bases de Podemos en Castilla-La Mancha?
- Lo primero, lógicamente, es respetar el proceso de toma de decisiones de los manchegos. Lo segundo es desearle mucha suerte en esa tarea ímproba de intentar cambiar la realidad con un solo miembro en un equipo de Gobierno de una fuerza política con tanta trayectoria y tanta implantación, también, en Castilla La Mancha en la que ha gobernado la mayoría de los años de la democracia. Siempre puede ocurrir algo inesperado ¿no? A mí me encantaría que ocurriera. Y la tercera es expresar un cierto temor que tengo a que atravesemos en dos años lo que le ha pasado a Izquierda Unida en treinta. Es verdad que Podemos ha sido siempre muy precoz para todo pero espero que no vayamos en esa dirección, de aparecer como el lobby de izquierdas del PSOE.
- Se da la circunstancia de que Podemos presta apoyo político al PSOE en algunas Comunidades Autónomas o que el PSOE prestó apoyo a Podemos en otros sitios, como por ejemplo aquí en Cádiz. ¿Cuál es la diferencia para que gobernar con apoyo del PSOE o prestar apoyo a un Gobierno del PSOE sea algo positivo mientras que entrar a formar parte de Gobiernos en coalición sea algo negativo?
- Porque entrar en un Gobierno supone limitar tu crítica. En el momento en que entras a formar Gobierno dejas de ser oposición y, por lo tanto, es difícil, y estas eran las dificultades en las que se veían inmersos muchas veces los compañeros de Izquierda Unida cuando estaban en el Gobierno de Susana Díaz. Es complicado criticar los despidos de los cuatro mil quinientos profesores de secundaria que se llevaron a cabo en Andalucía en el año 2010 cuando uno formaba parte de ese Gobierno. Desde la oposición, quizás, se podría haber llegado a un buen acuerdo para desarrollar la Ley de Vivienda que hizo Izquierda Unida y que fue el producto más terminado de esa relación IU-PSOE; ley que lamentablemente está en el Tribunal Constitucional, lo cual es un sacrificio porque podría ponerse en marcha e implementarse y, sin embargo, la crítica se ha limitado al periodo más duro de recortes en Andalucía, a la correlación directa entre los recortes de Rajoy y los que se hicieron en Andalucía en todos los servicios públicos y que ahora dan la cara de forma dramática, por ejemplo, en la sanidad y en la educación.
- Entonces, la diferencia entre prestar apoyo o que te presten apoyo y formar parte de un Gobierno está en garantizar una autonomía a la hora de decidir, ¿no?
- De poder ser oposición y de poder proponer cosas en torno a cuestiones concretas. Porque luego también se generan lógicas burocráticas alrededor de los Gobiernos. Estar en un Gobierno es volver a engordar, tener más cargos, más asesores…y eso puede ser un buen anzuelo para quererse quedar. Al final uno encuentra un motivo por el que quedarse, incluso si no lo tiene claro. Finalmente, fíjate lo que pasó, fue el PSOE el que, unilateralmente, decidió romper aquel Gobierno y presentarse a una elecciones. O sea que el PSOE tampoco tiene antecedentes de ser muy respetuosos con sus socios de Gobierno. Además, en no pocas ocasiones hemos visto cómo el PSOE se ha atribuido los logros de la gestión de Izquierda Unida en el seno de su Gobierno; socialmente y en los medios de comunicación se han presentado así. Por tanto, creo que es arriesgado. Tendría que cambiar mucho el PSOE, y espero que pueda ocurrir algo parecido, para que yo crea que son unos socios confiables.
- Aquí en Cádiz, el PSOE sí prestó apoyo a PCSSP y GCEC…
- Igual que nosotros les prestamos apoyo en Sevilla, Jerez, Marbella… y un montón de pueblos de Andalucía y en la mayoría de las Comunidades Autónomas.
- Para terminar, en varias ocasiones ha manifestado con rotundidad que va a estar en política durante un periodo limitado de tiempo y que luego volverá a su puesto de profesora. ¿Sigue pensando de esta manera?
- Sí, además lo digo todas las veces que puedo precisamente para recordármelo a mí misma. Y para que luego haya tanta maldita hemeroteca que sea imposible decir “No, uno más porque no hay nadie que te pueda sustituir…”. Sí, lo tengo claro.
- ¿Cómo es que lo tiene tan claro? ¿Por qué lo afirma con tanta seguridad?
- Si yo estuviera con los niveles de afectación y compromiso personal actual en mi vida durante más de ocho años creo que o me volvería loca o cínica y dejaría de implicarme tanto en lo que hago. No quiero aparecer como una mártir pero si quieres hacer bien este trabajo conlleva unas implicaciones emocionales, intelectuales y vitales muy potentes. ¡Es una responsabilidad tan grande representar a seiscientas mil personas! Yo no sé cuánto espacio ocupan físicamente seiscientas mil personas, cerca de setecientas mil, pero representarlas y, además, llevar sobre las espaldas las expectativas de cambio vital de tanta gente supone algo tan potente que yo creo que más de ocho años no se soportan. No se soportan o bien uno deja de sufrir por eso, de implicarse, de sentirlo. Y yo no quiero ser ni una cínica ni una depresiva y tener crisis de ansiedad durante mucho más tiempo. Así que creo que por eso hay que limitar los mandatos. Tengo muchas ganas de volver a ser profesora, me gusta muchísimo mi profesión. A nivel personal, cada vez que paso por Bornos, que es un pueblo precioso, me parece el paraíso y, además, el instituto donde tengo destino es súper bonito.
(Fran Delgado, Miguel Ángel García Argüez, El Tercer Puente, Ctxt)
El 15M fue el espacio que nos pasó por encima a todos los activistas y militantes político-sociales de la ciudad
Es más difícil la relación con los jóvenes socialistas que con la vieja guardia
Sé que con IU la confluencia va a tener lugar, pero tengo la esperanza puesta en que no sea un matrimonio de conveniencia
Coincidí con Iñigo Errejón en facilitar la investidura de Pedro Sánchez
Tengo un cierto temor a que atravesemos en dos años lo que le ha pasado a Izquierda Unida en treinta
Oír hablar a Teresa Rodríguez (Rota, 1981) es como bañarse en un río de aguas bien vivas: a veces plácido y calmo, a veces brioso y energético, siempre caudaloso y transparente. Sabe usar estupendamente su tono y sus palabras. Y también sus gestos: por momentos pedagógicos, por momentos suaves, por momentos firmes. De cualquier forma, siempre generosos en la comunicación.
Implicada desde que era muy joven en el activismo antimilitarista, la resistencia estudiantil, la militancia sindical, el feminismo y las organizaciones de izquierdas, (primero en IU y luego en Izquierda Anticapitalista) se licenció en Filología Árabe y aprobó oposición de profesora de Secundaria. Pero cuando iba a incorporarse a su destino definitivo, el inesperado huracán Podemos la llevó hasta el Parlamento Europeo en 2014, cargo al que renunció sin alharacas para regresar pronto al sur. Ahora es diputada y portavoz de su grupo en el Parlamento Andaluz y secretaria general de Podemos Andalucía.
Quedamos con ella para desayunar en la librería-cafetería La Clandestina, un espacio proclive a la charla relajada y a la tertulia. Teresa llega en bicicleta, dando los buenos días con una sonrisa luminosa y cercana.
- Recordando que usted fue candidata de Izquierda Anticapitalista a la alcaldía de Cádiz en 2011, ¿cómo ha vivido personalmente todos los cambios que se han sucedido en estos años agitados, desde el 15M a la victoria de Por Cádiz Sí Se Puede (PCSSP) en 2015?
- En su momento, presentarnos a las elecciones no era de una importancia central. Suponía un medio más, un espacio más en el que poder decir cosas y articular una estrategia más amplia de implantación en los conflictos de la ciudad, de apoyo a los colectivos, de ir a las huelgas del metal o de organizar la marea verde, y dentro de toda esa estrategia decir lo mismo pero en el espacio y el ámbito de una campaña electoral que nos permitía tener un altavoz más grande. Es verdad que no hicimos mucha campaña porque, afortunadamente, comenzaba a existir un contrapeso en la calle más potente que el de la propia política institucional al uso. El 15M fue el espacio que nos pasó por encima a todos los activistas y militantes político-sociales de la ciudad. Es decir, nadie se esperaba algo así. Yo no me esperaba que los corrillos habituales de las manifestaciones de la ciudad se iban a alimentar de personas a las que jamás había visto en una movilización pero a las que había visto en la panadería, en la frutería, en la tienda de debajo de casa. Fue inesperado. Lo más bonito del 15M para mí fue la demostración empírica de que el concepto del tiempo es muy relativo: puede haber décadas en las que no pase absolutamente nada y días en los que de repente cambia todo. Para mí lo más emocionante de aquella época no fue exactamente la militancia política, sino pasar a un segundo plano y ver cómo la gente iniciaba un proceso de politización muy radical. Así fue más o menos como lo viví.
- Pasó ese tiempo, han cambiado mucho las cosas y ahora es parlamentaria ¿cómo ha llevado el paso de ese activismo en los movimientos sociales al trabajo que realiza actualmente dentro de las instituciones políticas?
- Es un cambio muy profundo a nivel vital, a nivel político no. Yo considero que he hecho política desde que tengo uso de razón, voy a seguir haciendo política cuando acabe mi mandato y, seguramente, hasta que me muera. La política institucional, el espacio de representación pública, para mí sí era un espacio nuevo que responde mucho a las expectativas que yo tenía. No me esperaba mucho más de la institución, ni mucho menos, pero como ejercicio de aprendizaje es interesante en la medida que te obliga a tratar de aterrizar las propuestas y las soluciones. Y luego, por otro lado, te permite estar cerca de tus enemigos. Desde que estoy dentro valoro más lo que hacíamos fuera, porque cuando íbamos a las puertas de las instituciones, del parlamento o del ayuntamiento, tenía la impresión de que no tenía ningún tipo de influencia sobre lo que ocurría dentro, que no nos escuchaban, que nadie estaba pendiente de nosotros. Ahora que estoy dentro me doy cuenta de que lo que ocurre fuera, en las puertas de las instituciones, tiene una potencia enorme de transformación.
- De todo lo que describe, ¿qué destacaría en positivo de esa actividad parlamentaria? O, por el contrario, ¿cuáles serían los principales obstáculos o aspectos negativos de las instituciones que le han llamado la atención?
- Lo más negativo es el cinismo. Esa sensación de que la gente no siente lo que está defendiendo, sino que lo hace porque le conviene electoral o demoscópicamente. Eso es lo más negativo. Yo creo que esa es una enfermedad endémica de la política representativa. Seguramente todas las personas que están en el parlamento compartieron alguna vez el entusiasmo por cambiar la realidad, incluso los del PP, que tienen unas propuestas contrarias a las mías, tuvieron ese compromiso y ese sacrificio por lo común. Todo el mundo lo tuvo. Bueno, quizás no todo el mundo. Ahora hay toda una generación que viene de otra cultura política; son militantes que echaron los dientes en la sede y son políticos profesionales desde los dieciocho años, así que ellos quizás no, pero el resto tuvo ese entusiasmo y en algún momento lo perdió. De ahí la importancia de la limitación de mandatos como mecanismo de regeneración democrática que forma parte de una estrategia global de mayor cercanía a tus representantes. La función de un representante no es gestionar, eso lo hacen los Gobiernos, los técnicos y la Administración, su función es representar. Y uno es representativo si se parece a lo que representa.
- ¿No se puede, por tanto, compaginar eso que ustedes han puesto de manifiesto en diferentes ocasiones de tener un pie en la calle y otro en las instituciones?
- Creo que no. Llega un momento en el que tienes más horas de conexión a un espacio ficticio, que es la institución, y menos al espacio real, que es la calle. Se observa en todo, por ejemplo en los ritmos. Las urgencias de la calle no están en la institución, las discusiones se alargan enormemente sobre cuestiones que son centrales, vitales y urgentes para la mayoría de la ciudadanía que representamos. Bueno, la burbuja de privilegios se parece muy poco a la vida común. El hecho de que llegues a un lugar y no te falte de nada, que todo el mundo te habla con un respeto tremendo…creo que no sólo se acumula capital económico sino, también, capital simbólico. De hecho, creo que gran parte de las luchas de poder tienen que ver con la defensa del capital simbólico y relacional, con el ego, con el espacio que uno ocupa en el mundo.
- ¿Qué se puede hacer desde dentro para que, como representantes de los ciudadanos, se pueda evitar la seducción de ese poder que ejerce la moqueta parlamentaria y que aleja a los políticos de los problemas reales de la ciudadanía? ¿Cómo se puede combatir eso?
- Nosotros hemos establecido tres mecanismos de control básico: la limitación de mandatos, la limitación de salarios y la revocabilidad de los cargos electos. Nosotros lo practicamos en nuestra organización pero lo defendemos para las instituciones. Y en lo cotidiano articulamos e implementamos herramientas de participación desde los ámbitos sectoriales (discapacidad, educación, sanidad…etc.), construimos espacios de participación como los barriales, es decir, construimos lugares más cercanos donde la gente no tiene que separarse de su vida para poder participar políticamente o no tiene que esperar cuatro años para poder votar, sino que opinar y decidir sobre las cosas forme parte de su cotidianidad. Sabemos que es difícil y hasta ahora no lo hemos hecho, pero creo que tiene que ser un objetivo estratégico.
- Respecto a su actividad parlamentaria ¿cambiaría algo de lo que ha hecho hasta el momento? ¿Y de la actividad parlamentaria de Podemos?
- Sí. Se puede mejorar todo y me equivoco seguramente todos los días, pero creo que tenemos que salir del lugar de los antagonistas. Nosotros no queremos ser los antagonistas del PSOE de Andalucía y yo no quiero ser la antagonista de Susana Díaz. Claro, en dos años hemos ocupado, sin quererlo ni planificarlo, esa posición y ahora eso nos obliga a hacer un esfuerzo para poder ser la alternativa. Y ser esa alternativa no pasa solamente por ser quien le da caña a Susana. A mí por la calle me dicen dos cosas fundamentalmente: una es “qué bien lo haces” -entiendo que quien se acerca a mí es porque simpatiza de alguna manera- y otra es “dale caña a Susana”. Esa parece ser nuestra función en el parlamento, y creo que no hemos venido a hacer política y hacer el sacrificio tan grande que supone estar en el lugar en el que estamos para darle caña a nadie en concreto, sino para ser capaces de presentar a la sociedad una alternativa confiable.
- Ha mencionado la figura de Susana Díaz ¿la relación con ella es tan tensa como se percibe a través de los medios?
- A Susana Díaz sólo la veo una vez cada dos semanas para hacerle una pregunta de siete minutos y ella me responde en otros siete minutos. No hay una relación fluida. La relación personal, en este caso, no es tan importante como una característica que tiene en común una generación de militantes del Partido Socialista. Es decir, hay una generación de socialistas con la que nosotros podemos discrepar, incluso discutir acaloradamente, sobre lo que ocurrió en la Transición, si los cambios profundos que había que hacer no se hicieron, las concesiones que se hicieron a los poderes fácticos… discusiones sobre lo que han representado en la construcción del régimen del 78, pero hay un debate ideológico, de ideas, un debate programático.
Y hay otra generación socialista con la que es difícil debatir políticamente; hay que pensar que en Andalucía el PSOE, más que un partido, es un Gobierno y una Administración. Por un lado, creo que existe por su parte una sensación permanente de amenaza, nos ven como una amenaza directa. Y por otro lado, su cultura política tiene muy poco que ver con los que han sido militantes en la UGT o los que fueron activistas en la Transición…y eso hace muy difícil la relación. Lamentablemente es más difícil la relación con los y las jóvenes socialistas, diputados y diputadas algunos, que con la vieja guardia, al menos en lo cotidiano, en el debate político. Susana Díaz es la representación de eso, el susanismo es esa generación que echó los dientes en la sede, se profesionalizó políticamente con diecinueve años en un ayuntamiento, una diputación o en un consorcio, y que no ha tenido tiempo para llevar a cabo una madurez política, intelectual y activista, comprometida con el entorno.
- Tras lo ocurrido en la primarias a la Secretaría General del PSOE ¿cómo cree que ha quedado la figura política de Susana Díaz?
- Creo que es una buena noticia que Susana Díaz haya perdido las primarias. No es sólo el susanismo lo que está en crisis tras las primarias, lo que está en crisis es ni más ni menos que el felipismo, es decir, la historia de los últimos cuarenta años del Partido Socialista. Eso genera esperanza y expectativas que habrá que ir vigilando y ver si se cumplen o no. Tampoco soy una ilusa, sé que es difícil desmontar todo un aparataje de relación con la jerarquía social que hay construida ahora mismo, pero eso significa que pasan cosas y que las bases del Partido Socialista han virado de alguna manera.
- Con Antonio Maíllo sí que se aprecia una buena relación personal y política ¿Se puede trasladar esa relación a la tónica general existente entre Podemos e IU en Andalucía y que desemboque en la tan mencionada confluencia de ambos partidos en nuestra Comunidad Autónoma?
- Antonio Maíllo ha facilitado muchísimo la relación. Tenemos una buena relación porque cuando decimos cosas sabemos exactamente lo que queremos decir, manejamos códigos comunes, que es precisamente lo que no nos pasa jamás con la nueva generación de socialistas. Pero con Antonio Maíllo sí. Él representa, de alguna manera, una cierta evolución que ha ocurrido también en Izquierda Unida. Yo sé que la confluencia va a tener lugar, pero tengo la esperanza puesta en que no sea un matrimonio de conveniencia, sino que se convierta en un nuevo proceso de atracción de más agentes político-sociales, de más personas, que quieran participar en política en un espacio nuevo que construyan con sus manos más allá de Podemos y de Izquierda Unida. Creo que esa es la aspiración común que tenemos Antonio y yo.
Un espacio más amplio, en el que generosamente se renuncie a cosas. Creo que la ventaja competitiva que tiene Podemos respecto al resto de partidos es su flexibilidad organizativa, la falta de identidad. Eso que para algunas cosas es una cierta dificultad, el que no haya podemismo en sí hace que seamos más capaces de construir espacios de participación más amplios que desborden el guión escrito para las cosas en los próximos años. Esta capacidad hace que todavía podamos sorprender, que podamos generar espacios de desborde, adaptándonos a una identidad muy líquida, que es resultado también de las crisis de identidades colectivas del sindicalismo, del asociacionismo, de la política y de la ideología. Creo que nos adaptamos mejor a ese marco en el que podemos generar espacios donde la gente quiera participar y hacer política en primera persona, que es el marco 15M y el marco más real.
- Las últimas encuestas publicadas muestran una cierto freno electoral de Podemos en Andalucía. ¿Qué puede hacer Podemos para intentar recuperar esa ilusión que tuvo en sus inicios y que lo llevó al parlamento a consolidarse directamente como la tercera fuerza política andaluza?
- En primer lugar, estamos en un momento en el que hay cambios, no hay una foto fija sino que hay momentos de inestabilidad. Eso genera cambios de un día para otro y las encuestas difícilmente pueden hacer diagnósticos muy certeros. Esto es básicamente por la crisis del bipartidismo. Si miramos más ampliamente las tendencias, en los últimos dos años vemos que ha existido una caída en picado de los apoyos que hasta ahora habían tenido PP y PSOE. Esto ha generado una geometría de fuerzas políticas más complejas que varían y cambian en muy poco tiempo. La segunda cuestión es que creo que vamos a ser capaces de mejorar como alternativa en la medida en la que ocurran dos cosas: una depende mucho de nosotros y otra no tanto. La primera es que seamos capaces de generar un nuevo espacio andaluz. En esa clave lo estamos construyendo, con una clara identidad andaluza, con un claro proyecto de necesidad de recuperar las aspiraciones, los compromisos y los sueños del proceso de autonomía en Andalucía. Se trata de poner sobre la mesa que la historia de Andalucía no está escrita, y que si fuimos capaces de cambiarla hace treinta y siete años podemos volver a hacerlo ahora, llegando a compromisos que se cumplan como un proceso de desarrollo endógeno en Andalucía que está pendiente, cambios profundos en la estructura productiva social y económica andaluza que nos hagan capaces de salir del lugar que ocupamos. El profesor de economía Manuel Delgado Cabeza decía que nosotros no estamos ahora mismo en la antesala del desarrollo, sino que somos su cuarto trasero. Andalucía es el lugar en el que transcurre, por ejemplo, toda la actividad industrial que nadie quiere: las refinerías de petróleo, las papeleras, la agricultura más dañina para el medio natural y que crea empleo más precario, la agricultura intensiva, la burbuja inmobiliaria que se ha convertido también en la burbuja del turismo sobre la base de los bajos salarios y a las exportaciones baratas. Como no cambiemos eso, cíclicamente, nuestros hijos van a tener que seguir emigrando, como lo hicieron hace cuarenta años y tienen que hacerlo justo ahora.
- Pero ¿Cómo se materializa eso? porque Podemos parece estar asentado en capitales de provincia y ciudades, aunque en el ámbito rural escasea la militancia. Y en Andalucía, si se pretende ser alternativa de cambio, se debe tener representación tanto en el ámbito urbano como en el rural.
- A nivel programático hay que tener un buen proyecto de transformación. A nivel orgánico hay que ser capaces de implantarse en las sesenta y dos comarcas de Andalucía. La particularidad que tiene Andalucía, respecto a otras Comunidades Autónomas, es que tiene espacios de población, agrociudades y ciudades intermedias, que agrupan al cincuenta por ciento de la población. Desde hace un año, lo que hemos puesto sobre la mesa es un plan, el Plan 81, en el que queremos tener la organización puesta a punto en ochenta y un municipios de Andalucía que tienen más de cincuenta mil habitantes y que agrupan al cincuenta por ciento de la población. Eso es un esfuerzo organizativo, pero también tiene que haber un esfuerzo político para de verdad ser representativos en el medio rural. Hasta ahora Podemos ha sido una fuerza política en las ciudades. Es verdad que sucede históricamente que los cambios se dan antes en las ciudades y en determinadas capas sociales, pero los cambios profundos ocurren en el medio rural y entre las clases sociales que van más allá del universitario de clase media.
- Entonces, ¿qué retos debe asumir Podemos en el ámbito rural?
- Ser capaces de proyectar la idea de que Podemos no es sólo urbanita, universitario, hombre, clase media y nivel cultural alto, sino convertirnos en la fuerza política no subalterna y eso es lo más difícil, es lo más complicado. ¿Cómo se hace eso? Incorporando a personas que vengan del medio rural a las portavocías públicas, siendo capaces de organizarnos en el medio rural. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que nos encontramos en esos espacios? Efectivamente, hay miedo a militar políticamente. Hay gente que milita en Podemos, que está inscrita en Podemos que vota a Podemos y no se lo dice a nadie. Hay sitios, pueblos realmente pequeños, donde tenemos un montón de votos y no encontramos a la gente que nos ha votado. Esa lógica también opera en el medio rural, pero no es solamente eso. A mí no me gusta decir que el PSOE gana en Andalucía porque tiene comprados los votos del medio rural a través del PER y ese tipo de afirmaciones que son simplismos y tópicos que muchas veces se utilizan para quitarse responsabilidad. En el medio rural, el desarrollo ha venido de la mano de la Junta de Andalucía: el centro de salud que se abrió lo hizo la Junta, la escuela la abrió la Junta, la biblioteca, el centro de formación para el empleo…eso ha sido así y hay que reconocérselo al Partido Socialista. El problema es que de un tiempo a esta parte cierran esos centros de salud, cierran esas escuelas y echan a esos maestros y a esos profesores. Por primera vez en la historia de Andalucía empezamos a dar pasos hacia atrás. Eso necesita y requiere de un nuevo revulsivo para recuperar los servicios públicos y supone salir de un marco de austeridad estructural que el Partido Socialista no quiere romper.
- Respecto a Podemos-PSOE, y reconociendo que los mecanismos de relación entre los partidos políticos son muy complejos ¿existe una relación de vasos comunicantes entre Podemos-PSOE en el parlamento andaluz y PCSSP-PSOE en el ayuntamiento de Cádiz?
- No, no hay vasos comunicantes. Y, tanto cuando fue la investidura de Susana Díaz en Andalucía como cuando fue la de aquí en Cádiz, existieron ciertas pulsiones por intentar poner en relación un proceso con otro y siempre nos negamos a eso. No somos los Delegados de Podemos en Cádiz capital y los Delegados de Podemos en Andalucía, somos los representantes de los andaluces y andaluzas en la instituciones por Podemos y en Cádiz. Por tanto, representamos a ese espacio y no podemos cambiar cromos por las instituciones en las que somos representantes, porque en esa situación lo que toca es mirar qué medidas pueden ser buenas para la gente a la que representamos, no qué medidas pueden ser buenas para mi partido en otro lugar o para mi equilibrio a nivel general como fuerza política.
- Podemos nace reivindicando claves del 15M como, por ejemplo, espacios de democracia directa y horizontalidad ¿cómo está afrontando Podemos, en su crecimiento, los peligros de burocratización y de hiperliderazgos?
- Creo que Podemos con la presencia en las instituciones no ha crecido, ha engordado. El momento más importante de crecimiento que nosotros hemos tenidos fue al principio, la constitución de Podemos, cuando de repente aparecen cuatro mil círculos de Podemos, algo sin precedentes en este país. Se consolidaron en sus espacios territoriales sin preguntarle a nadie, haciendo fotocopias de las octavillas y con los logotipos recortados y pegados. Ese fue el momento de crecimiento fundamental y tenemos que intentar recuperar procesos similares a ese, volver a alimentar un nuevo proceso de desborde sociopolítico, da igual que con Podemos o con cualquier otra cosa. Volver a alimentarlo, porque ese proceso es lo que ha dado lugar a un nuevo sentido común del que se ha alimentado Podemos como alternativa política. Un nuevo sentido común que hace, por ejemplo, que la gente se ponga delante de la policía para evitar un desahucio, algo que antes era impensable, o que piense que no todas las deudas hay que pagarlas y que las deudas con los bancos tienen unas reglas tramposas. Hay que alimentar ese sentido común.
- Y bajando al terreno de lo concreto, ¿cómo lo están llevando a cabo?
- Sabiendo que la burocracia es un riesgo que hay que asumir. Efectivamente, como organización, nos vamos a burocratizar. Nos hemos burocratizado desde el momento en el que tenemos representación en todos los parlamentos y muchísimos ayuntamientos, lo que genera una serie de cargos técnicos en torno a los espacios de representación pública. Después de dos años haciendo un balance de nuestra presencia en las instituciones y tratando de entender que la institución es una herramienta del movimiento social y no al revés, el movimiento social en manos del partido o de un grupo parlamentario. Relativizando la importancia de los debates que tienen lugar en las instituciones. Porque, por ejemplo, los plenos duran dos días pues, de esos dos días, tres cuartas partes son para debatir medidas que no tienen ningún tipo de impacto sobre la vida de la gente. Hay un periodo al principio del pleno en el que se debaten leyes y se aprueban o no y eso puede tener un impacto si tienen presupuesto, pero el resto es para proposiciones no de ley o mociones que no tienen ningún tipo de obligatoriedad en su cumplimiento. A lo mejor hay que relativizar ese tiempo y ese espacio que es meramente performativo, comunicativo e invertir más esfuerzo en la construcción militante no sólo del partido sino también de los movimientos sociales, de los espacios de empoderamiento popular y ciudadanos, que fue el primer eslogan de Podemos, sabiendo que si nos convertimos en un aparato de liberados y perdemos el impulso militante vamos a perder todo nuestro ADN.
- Sobre Podemos Andalucía, ha mencionado la reivindicación de ese andalucismo, una autonomía andaluza tanto territorial como de decisión, como descentralización del partido. Puede haber quien vea ese proceso como un intento de Anticapitalistas de hacerse con la marca de Podemos en Andalucía ¿qué opina al respecto?
- No hemos sido la única Comunidad Autónoma que ha demandado mayores cuotas de autonomía y nadie puede acusar a otra Comunidad Autónoma de estar controlada por una corriente interna. Creo que es razonable que un partido político que se fundó tan rápido tuviera al principio mecanismos de control muy férreos para asegurar candidaturas solventes en todo el territorio, parece lógico que en el comienzo hubiera una alta centralización. Por otro lado, cuando, de repente, aparecen cuatro mil círculos en el Estado de gente que estaba construyendo una alternativa en el día a día había que poner en valor ese proceso de empoderamiento y participación dándoles capacidad de decisión. Ese tránsito de cohesión hacia la descentralización y el protagonismo colectivo no se está haciendo al ritmo que la mayoría de las direcciones de Podemos en las Comunidades Autónomas de este país están pidiendo. Por tanto, si lo tenemos en común con otras Comunidades no puede existir sospecha de que sea una estrategia unilateral del eterno enemigo trotskista. Respecto a las corrientes en Podemos, nosotros hemos hecho la reflexión en Anticapitalistas de que no queremos ser una corriente monolítica dentro de Podemos. Es decir, que habrá debates en los que podremos coincidir personas que formamos parte de esa corriente con otros compañeros y compañeras y habrá debates en los que podremos discrepar dependiendo de cuál sea el tema de discusión. Por ejemplo, yo creía coincidir con Pablo Iglesias en la autonomía y la independencia respecto al PSOE, en la necesidad de construir una alternativa al bipartidismo. Digo que creía coincidir porque en los últimos tiempos algo de eso ha cambiado. Coincidí con Iñigo Errejón, por ejemplo, en la importancia de hacer un esfuerzo por evitar un Gobierno del Partido Popular, no necesariamente entrando en un Gobierno con el PSOE pero sí facilitando su investidura porque era fundamental, de hecho lo es ahora, evitar que la gente se acostumbre a vivir sin derechos; hay que derogar todos los ataques brutales a nuestros derechos sociales de los últimos siete años y eso se podía conseguir favoreciendo la investidura de Pedro Sánchez y en aquel momento coincidí con Iñigo Errejón. Si hablamos de democracia interna, participación y descentralización suelo coincidir con mis compañeros y compañeras de Anticapitalistas de forma absolutamente natural. Pero que los partidos tienen corrientes internas es algo natural, ¡Hasta las familias tienen corrientes internas! ¡Hasta las pandillas tienen corrientes internas! La gente se agrupa cuando tiene sensibilidades en común. Lo que hay que hacer es expresarlo de manera sincera y, sobre todo, que los puntos en común sean políticos, no sean espacios de poder. En el PSOE, muchas veces, da la impresión de que las distintas corrientes no se articulan en torno a diferencias políticas sino en torno a familias que se reproducen en todos los niveles orgánicos para garantizar su reinado. ¡Familias digo incluso familias sanguíneas!
- Ha hecho referencia implícita al asunto de Castilla La Mancha, de manera directa, ¿qué opina del resultado de la consulta a las bases de Podemos en Castilla-La Mancha?
- Lo primero, lógicamente, es respetar el proceso de toma de decisiones de los manchegos. Lo segundo es desearle mucha suerte en esa tarea ímproba de intentar cambiar la realidad con un solo miembro en un equipo de Gobierno de una fuerza política con tanta trayectoria y tanta implantación, también, en Castilla La Mancha en la que ha gobernado la mayoría de los años de la democracia. Siempre puede ocurrir algo inesperado ¿no? A mí me encantaría que ocurriera. Y la tercera es expresar un cierto temor que tengo a que atravesemos en dos años lo que le ha pasado a Izquierda Unida en treinta. Es verdad que Podemos ha sido siempre muy precoz para todo pero espero que no vayamos en esa dirección, de aparecer como el lobby de izquierdas del PSOE.
- Se da la circunstancia de que Podemos presta apoyo político al PSOE en algunas Comunidades Autónomas o que el PSOE prestó apoyo a Podemos en otros sitios, como por ejemplo aquí en Cádiz. ¿Cuál es la diferencia para que gobernar con apoyo del PSOE o prestar apoyo a un Gobierno del PSOE sea algo positivo mientras que entrar a formar parte de Gobiernos en coalición sea algo negativo?
- Porque entrar en un Gobierno supone limitar tu crítica. En el momento en que entras a formar Gobierno dejas de ser oposición y, por lo tanto, es difícil, y estas eran las dificultades en las que se veían inmersos muchas veces los compañeros de Izquierda Unida cuando estaban en el Gobierno de Susana Díaz. Es complicado criticar los despidos de los cuatro mil quinientos profesores de secundaria que se llevaron a cabo en Andalucía en el año 2010 cuando uno formaba parte de ese Gobierno. Desde la oposición, quizás, se podría haber llegado a un buen acuerdo para desarrollar la Ley de Vivienda que hizo Izquierda Unida y que fue el producto más terminado de esa relación IU-PSOE; ley que lamentablemente está en el Tribunal Constitucional, lo cual es un sacrificio porque podría ponerse en marcha e implementarse y, sin embargo, la crítica se ha limitado al periodo más duro de recortes en Andalucía, a la correlación directa entre los recortes de Rajoy y los que se hicieron en Andalucía en todos los servicios públicos y que ahora dan la cara de forma dramática, por ejemplo, en la sanidad y en la educación.
- Entonces, la diferencia entre prestar apoyo o que te presten apoyo y formar parte de un Gobierno está en garantizar una autonomía a la hora de decidir, ¿no?
- De poder ser oposición y de poder proponer cosas en torno a cuestiones concretas. Porque luego también se generan lógicas burocráticas alrededor de los Gobiernos. Estar en un Gobierno es volver a engordar, tener más cargos, más asesores…y eso puede ser un buen anzuelo para quererse quedar. Al final uno encuentra un motivo por el que quedarse, incluso si no lo tiene claro. Finalmente, fíjate lo que pasó, fue el PSOE el que, unilateralmente, decidió romper aquel Gobierno y presentarse a una elecciones. O sea que el PSOE tampoco tiene antecedentes de ser muy respetuosos con sus socios de Gobierno. Además, en no pocas ocasiones hemos visto cómo el PSOE se ha atribuido los logros de la gestión de Izquierda Unida en el seno de su Gobierno; socialmente y en los medios de comunicación se han presentado así. Por tanto, creo que es arriesgado. Tendría que cambiar mucho el PSOE, y espero que pueda ocurrir algo parecido, para que yo crea que son unos socios confiables.
- Aquí en Cádiz, el PSOE sí prestó apoyo a PCSSP y GCEC…
- Igual que nosotros les prestamos apoyo en Sevilla, Jerez, Marbella… y un montón de pueblos de Andalucía y en la mayoría de las Comunidades Autónomas.
- Para terminar, en varias ocasiones ha manifestado con rotundidad que va a estar en política durante un periodo limitado de tiempo y que luego volverá a su puesto de profesora. ¿Sigue pensando de esta manera?
- Sí, además lo digo todas las veces que puedo precisamente para recordármelo a mí misma. Y para que luego haya tanta maldita hemeroteca que sea imposible decir “No, uno más porque no hay nadie que te pueda sustituir…”. Sí, lo tengo claro.
- ¿Cómo es que lo tiene tan claro? ¿Por qué lo afirma con tanta seguridad?
- Si yo estuviera con los niveles de afectación y compromiso personal actual en mi vida durante más de ocho años creo que o me volvería loca o cínica y dejaría de implicarme tanto en lo que hago. No quiero aparecer como una mártir pero si quieres hacer bien este trabajo conlleva unas implicaciones emocionales, intelectuales y vitales muy potentes. ¡Es una responsabilidad tan grande representar a seiscientas mil personas! Yo no sé cuánto espacio ocupan físicamente seiscientas mil personas, cerca de setecientas mil, pero representarlas y, además, llevar sobre las espaldas las expectativas de cambio vital de tanta gente supone algo tan potente que yo creo que más de ocho años no se soportan. No se soportan o bien uno deja de sufrir por eso, de implicarse, de sentirlo. Y yo no quiero ser ni una cínica ni una depresiva y tener crisis de ansiedad durante mucho más tiempo. Así que creo que por eso hay que limitar los mandatos. Tengo muchas ganas de volver a ser profesora, me gusta muchísimo mi profesión. A nivel personal, cada vez que paso por Bornos, que es un pueblo precioso, me parece el paraíso y, además, el instituto donde tengo destino es súper bonito.
(Fran Delgado, Miguel Ángel García Argüez, El Tercer Puente, Ctxt)
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